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“La potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”. Artículo 49, IV Convenio de Ginebra.
Siempre que se habla del conflicto palestino se mencionan los asentamientos, sin que quede claro lo que son. Israel los presenta (en palabras de George Bush) como su “crecimiento natural”, pero su objetivo va mucho más allá.
Un asentamiento es el nombre dado a barrios de colonos israelíes en Palestina y que son parte de una política sistemática y deliberada de Israel para la apropiación progresiva de territorio. No pueblan Palestina por sobrepoblación en Israel sino por un deseo de colonización.
La política de asentamientos se ha dado en tres fases: la primera fue el Plan Allon que, si bien nunca fue aprobado oficialmente, fue la base de la política de construcción de las también llamadas colonias, desde 1967 hasta 1977. El Plan Allon estipuló, en junio de 1967, que “nuestro control sobre el valle del río Jordán es una necesidad a la que no podemos renunciar”.
Una segunda fase, llamada The Block of the Faithful (“el bloque de los fieles”), lleva el nombre de un grupo de extrema derecha cuyo objetivo era poblar toda la “tierra de Israel” para evitar el surgimiento de un Estado árabe mediante la fragmentación de la tierra palestina.
Y una tercera fase, llamada Suburbia, está basada en elementos demográficos. El número de colonos ha ido creciendo: de 6.000 en 1977 a 120.000 en 1993 (sin incluir los colonos en Jerusalén Este). Para este año, hay más de 560.000 colonos viviendo en territorio palestino.
Los colonos, además, se favorecen de la política de subsidios israelí. Algunos de ellos portan armas, participan en las acciones represivas de palestinos y pocas veces son castigados por sus crímenes. Los subsidios israelíes a los colonos incluyen áreas como agricultura, turismo, educación, salud, permisos de vivienda, subsidios a las hipotecas, industria, vías, seguridad y rebaja en impuestos.
Aunque la Autoridad Palestina tendría, en teoría, jurisdicción sobre los territorios ocupados por los colonos, las disputas entre colonos (o entre éstos y los palestinos) caen dentro de la jurisdicción israelí. Los colonos están exentos de ser procesados, tienen la protección del Ejército de Israel y gozan de impunidad por sus actos contra los palestinos. Y no es que Israel ceda ante los colonos, es que los colonos son parte constitutiva del proyecto llamado Israel.
Los colonos han atacado múltiples veces a civiles palestinos en diferentes zonas de Gaza y Cisjordania, actuando como francotiradores contra personas y animales, provocando incendios en casas y comercios, destruyendo cultivos, robando animales de granja y bloqueando vías. Esto es posible gracias al fácil acceso que tienen a armas y a la impunidad de que disfrutan. A las demandas palestinas de justicia se responde con “falta de evidencias” o “atacante desconocido”. Un gran exrabino sostenía que, siendo Israel la tierra prometida, los árabes eran ladrones y sus aceitunas eran en realidad israelíes. Además existe una red de vías que intercomunican los asentamientos, lo que fragmenta el territorio palestino, vías por las que no pueden transitar vehículos palestinos.
Según el conocido activista israelí Michel Warschawski, “el colono se ha convertido en un superhombre que no tiene en cuenta ninguna ley, ninguna institución. Roba la tierra de sus vecinos árabes, recoge sus aceitunas, abre caminos y cierra otros, prohíbe el acceso de campesinos árabes a sus tierras y, cuando entra en cólera, organiza acciones punitivas. Tiene el derecho de vida o de muerte sobre la población autóctona e impone su ley incluso a los militares, que lo protegen y sin los cuales no sería más que un miserable ladrón”.
Parte del sueño sionista es la anexión total de Jerusalén y hacer de ella la capital de Israel (su capital real es Tel Aviv). Desde la ocupación militar de Cisjordania y Jerusalén, en 1967, tal tendencia se ha fortalecido pero a pesar de ello ningún país, ni siquiera Estados Unidos, ha instalado su embajada en Jerusalén.
En julio de 1980, Israel aprobó una ley básica por medio de la cual Jerusalén “en su integridad y unificada” es su capital, pero ha sido rechazada por el Consejo de Seguridad, que ha condenado los intentos de Israel de alterar el estatuto actual de ciudad internacional que tiene Jerusalén.
Esta política viola seriamente el derecho internacional. Hasta 2005 había un total de nueve resoluciones del Consejo de Seguridad sobre los asentamientos, 17 sobre la no anexión de Jerusalén (anexión que se hace por medio de la política de asentamientos) y 26 que demandan la aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra que tipifica a los asentamientos como crímenes de guerra.
Cualquier alegato jurídico o político contra Israel se presenta como un acto de antisemitismo, de racismo, de persecución al pueblo judío. Ahora, en 2013, de cara a un nuevo intento de paz luego de más de cinco años de parálisis en la negociación, Israel aprobó la construcción de 1.200 nuevas viviendas como parte de su política de asentamientos. Israel empieza el proceso de paz dándole una patada a la mesa de negociación y el mensaje no puede ser peor: mientras unos diplomáticos hablan en vano, Israel se va apropiando, a punta de asentamientos, del territorio palestino, haciendo incluso imposible la propuesta de dos estados al dejar sin potencial territorio a Palestina.
Por eso, poco importa la liberación de prisioneros (de hecho, en el intento de paz de 2003 liberaron 400 y a la semana siguiente capturaron 350), ni las alusiones a la división en el lado palestino, ni el no reconocimiento de Hamás al “Estado judío”, ni las declaraciones de buenas intenciones del lado israelí. La postura es clara: no habrá paz hasta que Israel conquiste la última colina de la histórica Palestina, pero para eso tiene que decidir a dónde enviar los más de cuatro millones de palestinos que no tienen derecho ni al derecho.
* Ph.D. Profesor de la Universidad Javeriana.