Dos caras de Centroamérica

Durante el conflicto (1980-1992) 75.000 personas murieron, según datos oficiales. En el posconflicto, la cifra casi se igualó: los homicidios ascienden a 74.000. El Salvador es hoy el segundo país más peligroso de América Latina, con una tasa de 69 homicidios por cada 100.000 habitantes, siete veces lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como epidemia. El primer lugar lo ocupa Honduras. El último informe regional de desarrollo humano (2013-2014) de la ONU califica el aumento de la violencia en Centroamérica como “preocupante” y cataloga a la región como una de las más peligrosas del mundo. El narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas son las plagas que azotan principalmente al Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

Mauricio Funes, el primer presidente salvadoreño de izquierda en la historia de ese país y cuyo sucesor se elige hoy en las urnas, con el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, como favorito, intentó golpear el poder criminal de las maras salvadoreñas con la firma de un pacto. La 18 y la Salvatrucha, las principales pandillas del país, con 60.000 miembros —50.000 en las calles y 10.000 en las cárceles—, pactaron una tregua para reducir los niveles de violencia. Las evaluaciones de la administración son muy halagadoras: desde la firma de ese pacto, en marzo de 2012, los homicidios descendieron el 52% (de 14 a 6,8 diarios).

Los resultados, sin embargo, son cuestionados por varios sectores de la población, que denuncian que los delitos persisten, sobre todo las extorsiones que cobran los pandilleros a comerciantes, grandes y pequeños empresarios y familias enteras. “Si el nuevo gobierno no se pone duro con las pandillas, no sé a dónde vamos a llegar. Esa gente no entiende razonamientos”, le dijo a la AFP Norma Rodríguez, una mujer que debió cerrar su panadería en San Salvador y mudarse a otra ciudad con sus tres hijos luego de recibir sendas amenazas. “Los de la Salvatrucha me pidieron 400 dólares de renta porque tenía la panadería y decían que yo tenía pisto (dinero), pero les expliqué casi llorando que no tenía esa cantidad y entonces un líder de ellos me obligó a que les diera lo que podía, que eran 80 dólares”.

Una historia que se repite todos los días en El Salvador. Pequeños empresarios, tenderos, transportadores y hasta trabajadores han sido extorsionados por pandilleros. Para afrontar el problema, el candidato presidencial del izquierdista FMLN, Salvador Sánchez Cerén, ha prometido programas de reinserción, pero también la aplicación de la ley para los pandilleros que continúen delinquiendo. Por su parte, el candidato de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), Norman Quijano, aseguró que habrá mano dura contra las pandillas y se declaró el gran opositor de la tregua pactada por esos grupos desde 2012. Promesas que no convencen al 86% de los salvadoreños, que aseguran, según una encuesta revelada esta semana, que el principal problema, más allá del desempleo, la pobreza que afecta al 61% de la población y la falta de servicios básicos, es la violencia ejercida por las pandillas, es decir, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y trata de personas.

Hasta última hora, el debate electoral se centró en este tema y en los supuestos acuerdos secretos que habría hecho el presidente Mauricio Funes con los delincuentes. Según la oposición, hay audios que demuestran que el mandatario habría buscado a las pandillas y les habría dado concesiones especiales para que firmaran la tregua. El mandatario se defiende y asegura que él no propició tal pacto. “Se tomaron medidas para facilitarlo, como la reubicación carcelaria de ciertos jefes del crimen para favorecer la negociación, pero ni yo ni mi gobierno propusimos el acuerdo”.

Si hoy ninguno de los candidatos obtiene el 50% de los votos válidos, como pronostican los números, habrá un balotaje el 9 de marzo con los dos candidatos más votados. Las principales pandillas se comprometieron en un comunicado a respetar el resultado: “Sea cual sea el resultado de la contienda electoral, seguiremos firmes en nuestra disposición de seguir contribuyendo al proceso de pacificación. Por fin el tema de la violencia, y su expresión social que somos las pandillas, es parte importante del debate nacional”.

Joaquín Villalobos, exguerrillero salvadoreño y consultor para la resolución de conflictos, explicó la situación en un artículo que publicó El País, de España: “Centroamérica es un entramado de fallas sísmicas, ruta de drogas, paso de huracanes, agravios históricos, oligarquías insensibles que se resisten a pagar impuestos, polarización política irracional, Estados sin recursos, ausencia de riquezas naturales, pobreza extrema, corrupción elevada, pandillas salvajes, narcotraficantes poderosos y una clase política incapaz de mantener la cohesión social. No puede salvarse sola, necesita un plan de cooperación internacional”.

Pese a las evidencias y al último informe del Departamento de Estado de EE.UU., que señala que Costa Rica se estaría convirtiendo en corredor terrestre de los carteles mexicanos y colombianos para el transporte de la droga hacia el norte, este país es el ejemplo centroamericano, la nación con la situación más estable, la economía más sólida y los índices de violencia más bajos.

Un logro que muchos le han tenido que reconocer al gobierno de la primera presidenta del país, Laura Chinchilla, quien enfrenta una de las paradojas políticas más difíciles: su buena gestión contrasta con los bajos índices de popularidad, los peores de las últimas presidencias. La última encuesta, realizada hace unas semanas, señala que el 67% de la población ve como “mala” o “muy mala” su labor, tiene un 0,726% de índice de confianza y sólo el 5% la aplaude. Desde que comenzó su gobierno, el 8 de mayo de 2010, la presidenta ha sido blanco de las más ácidas críticas de todos los sectores y ha sido la mandataria que más marchas ha tenido que afrontar. Incluso se creó una página en internet llamada Laura se fue, llena de burlas y con un reloj que marca la cuenta regresiva para el 18 de mayo de 2014, cuando entregue el poder a quien resulte elegido como su sucesor. La presión ha sido tan fuerte que el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, pidió detener el bullying contra la presidenta.

La cita en las urnas para elegir al próximo presidente es hoy; sin embargo, la disputa es tan cerrada que muchos pronostican que habrá una segunda ronda el próximo 6 de abril. El exalcalde capitalino Johnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN, de derecha) y el joven diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA, de izquierda), libran una batalla voto a voto, lo que llevó a muchos periódicos a abstenerse de publicar sondeos para evitar “malas intenciones”.

Chinchilla se irá en menos de cien días con la peor evaluación de los últimos seis mandatarios, pero con buenos indicadores: durante su gobierno el turismo se incrementó 7% y las exportaciones de bienes y servicios 10%, la inversión extranjera crece y la construcción despegó; además, entre los años 2011 y 2012, la tasa de homicidios bajó el 17%, es decir a 11 por cada 100.000 habitantes, una sexta parte de la salvadoreña. La señora presidenta no se va en silencio y les responde a sus críticos: “Esta administración sí ha tenido frutos”.

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