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El nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, de 23 años, quien logró colarse en un vuelo hacia Detroit (EE.UU.) con un paquete de explosivos entre sus calzoncillos, puso en evidencia las fallas de seguridad que existen en Estados Unidos. En un hecho preocupante para la seguridad del país, funcionarios aeroportuarios descubrieron que el padre de Abdulmutallab advirtió sobre el creciente radicalismo de su hijo, pero la información no llegó a evitar que viajara a Estados Unidos.
De nada han servido los US$40.000 millones que EE.UU. ha invertido en mejorar los controles de seguridad aérea desde el 11-S, pues ahora está de nuevo ante la tarea de tapar el agujero por el que se coló el terrorista suicida. ¿Cómo lo hizo? Según la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, “por descuido de los funcionarios”.
“Necesitamos determinar cómo el sospechoso fue capaz de llevar explosivos peligrosos a bordo de un avión y qué medidas adicionales podemos tomar para desbaratar ataques futuros”, aseguró ayer desde Hawái, en donde pasa sus vacaciones el presidente estadounidense, Barack Obama. El mandatario está bajo presión de los republicanos opositores, quienes han cuestionado que su gobierno no esté haciendo lo suficiente por contener las amenazas a la seguridad.
Por tal motivo, la Casa Blanca ordenó fortalecer las medidas de seguridad en todos los aeropuertos del país. Desde ayer, los pasajeros se subieron a los aviones acompañados de agentes armados y los aeropuertos se llenaron de perros policías, escáneres de detección de explosivos y puestos de revisión de equipaje de mano. Además de estas medidas, se han desplegado expertos en terrorismo en todas las terminales aéreas que vigilan cada uno de los movimientos de los posibles sospechosos.
Durante los últimos ocho años, según reveló un informe publicado por el periódico The New York Times, se han incorporado a los aeropuertos 45.000 empleados para controlar los arcos de detección de metales y se han instalado 1.600 máquinas de rayos X para revisar las maletas. En el año 2004, la Agencia de Seguridad en el Transporte apostó por la instalación de una nueva generación de máquinas, que costaba cada una cerca de US$160.000 y que expedía aire sobre el pasajero para detectar trazas de explosivos.
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