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El buen soldado de Chávez

La designación del general Henry Rangel Silva, en el Ministerio de Defensa, fue controversial. Washington lo acusa de lavado de dinero y de tener relaciones con las Farc.

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Venezuela es un país en campaña. Tanto la oposición que reagrupa sus fuerzas para definir el que será su candidato el próximo 12 de febrero, como el gobierno que ejecuta su estrategia reeleccionista con un Hugo Chávez recuperado del cáncer que hace seis meses lo afectaba.

Así que cualquier acción puede ser vista como un gesto político, un paso más en un plan que, real o no, apunta a mantener/arrebatar el poder. El reciente nombramiento del general Henry Rangel Silva como nuevo ministro de Defensa de Venezuela no ha estado al margen de las suspicacias, los interrogantes ni de las sospechas. Chávez le encargó la misión de liderar la cartera, en reemplazo de Carlos Mata, quien hoy aspira a la Gobernación del estado de Nueva Esparta.

En primera medida, llama la atención que desde el año 2008 Washington ordenara la congelación de todos los bienes y cuentas bancarias que Rangel Silva tuviera en Estados Unidos. Para entonces, el general era el jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disp) y su nombre estuvo comprometido con el aparente intento de lavado de US$800.000 provenientes del narcotráfico y que a través de un hombre, Antonini Wilson, iban a ser entregados en Argentina para supuestamente apoyar la campaña de Cristina Fernández en ese país.

No obstante, este escándalo no es el único que a ojos de Washington ensucia la hoja de vida de Rangel Silva. El año siguiente la controversia vino por cuenta de los archivos encontrados en el computador del exlíder de las Farc, alias Raúl Reyes. En una carta de uno de los miembros del secretariado de la guerrilla, Iván Márquez, se dice que el general habría accedido a entregar documentos venezolanos a guerrilleros colombianos en el estado de Amazonas, todo esto con la intención de finiquitar una operación de compra de armas por parte de las Farc.

Chávez negó todo en su momento y repitió que no está dispuesto a creer en los montajes de Estados Unidos para desestabilizar a su país, pero las acusaciones iban en la línea que mostraba el anterior gobierno colombiano, denunciante hasta el cansancio de los supuestos nexos Farc-Venezuela, hasta llegar al punto de la ruptura de las relaciones bilaterales. El discurso cambió con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia y en las apariciones públicas de ambos mandatarios se ha dejado claro que el tema de la seguridad fronteriza es un asunto que se debe tratar de manera conjunta, con diálogo franco y directo.

A la pregunta de si el nombramiento de Rangel podría afectar el buen momento diplomático que viven Colombia y Venezuela, la analista Socorro Ramírez, de la Universidad Nacional, experta en el tema de las relaciones con los países vecinos, asegura que es poco probable: “Chávez mantendrá su discurso en lo que tiene que ver con seguridad en la frontera como un asunto netamente bilateral y Colombia quizá no repare mucho en el asunto. Los dos gobiernos saben que ganan más estando aliados que enfrentados”.

“El nombramiento del nuevo ministro de Defensa es un mensaje más directo para la oposición venezolana”, considera Ramírez. A finales de 2005, Rangel Silva declaró públicamente que las Fuerzas Armadas de Venezuela estaban casadas a muerte con Hugo Chávez, en una lealtad tal, que hacía pensar que la eventual llegada de un gobierno de oposición sería “vender al país”, algo que ni el pueblo ni las propias fuerzas estaban dispuestas a soportar. Las críticas arreciaron, incluso de boca del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien en las palabras del general vio una “insubordinación a priori”.

El mensaje, entonces, puede ser más directo desde el punto de vista de la intimidación, de una estrategia electoral para blindar su campaña. Eso del lado opositor, porque Chávez sólo tiene palabras elogiosas para un “gran soldado” venezolano, quien lo acompañó en el fallido golpe de Estado que en 1992 lideró en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez.

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