El castigo a la ‘blasfemia’

Los Masih tuvieron que marcharse temiendo represalias de fundamentalistas que, tras el supuesto hecho, los increparon hasta el cansancio. Se marcharon mientras su hija estaba siendo llevada a la cárcel de Adiala, en la ciudad de Rawalpindi, tras ser acusada. La historia ahora suena absurda: Rimsha es una niña de 13 años y además de su corta edad, padece síndrome de Down. Desde el 16 de agosto Rimsha pasa sus días en un módulo de prisión preventiva de Adiala, rodeada de adultos, a la espera de que un juez diga si es culpable o inocente, si debe pagar una multa, permanecer en prisión o incluso ser condenada a muerte.

La difusión del caso llegó a las más altas instancias del gobierno pakistaní. Gobiernos occidentales como el de Estados Unidos han pedido al presidente Asif Ali Zardari revisar el proceso, tildado de “perturbante”, y colectivos como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) le hacen seguimiento al caso.

El agente paquistaní de policía Liaqat Alí fue el encargado de confirmarles a los corresponsales de prensa que, en efecto, Rimsha Masih estaba presa, pero “no es una niña, sino una joven”. Arsalán Ahmed, funcionario de la cárcel en la que la acusada permanece detenida, aseguró a la agencia EFE que “de momento, el tribunal no ha dicho nada sobre la denuncia que pesa sobre ella, así que permanecerá aquí hasta nueva orden”.

El de Rimsha es un problema legal. La ley de Pakistán dice que ningún menor de 16 años puede estar preso, pero el Código Penal establece castigos para el delito de blasfemia, del que está acusada. El artículo 295 prohíbe dañar o profanar un lugar de culto o un objeto sagrado y para los acusadores, la niña quemó intencionalmente el Qaeda Nurani.

La ley contra la blasfemia fue instaurada durante el mandato del dictador militar islamista Mohamed Zia ul Haq (1977-88), para proteger la identidad musulmana de su pueblo, en un país en el que los cristianos conforman el 3% de la población. La polémica ha acompañado la norma, pues para este tipo de acusaciones no es necesario presentar pruebas, por lo que es utilizada por ciudadanos para resolver pleitos personales, llevando a enemigos ante un tribunal al que posteriormente presionan para fallar a su favor. La práctica ha sido denunciada por la HRCP, que junto a colectivos sociales exigen una reforma de la ley, citando casos como el de Asia Bibi, una mujer cristiana detenida en 2009 y condenada a muerte por beber agua de un pozo de propiedad de una familia musulmana.

Sus esfuerzos apuntan a que Rimsha no se convierta en un nuevo ejemplo de autoritarismo religioso, argumentando además que debido a su enfermedad la quema de un libro sagrado no es intencional. El presidente Zardari se comprometió a revisar el caso personalmente, para alivio de los críticos. La ley también dice que el presidente tendrá la facultad de conceder el indulto, suspensión y descanso, y remitir, suspender o conmutar cualquier sentencia dictada por un tribunal.