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En un principio el caso de Edward Snowden no tenía nada que ver con América Latina, pero en el curso de unas horas terminó incrustado en su agenda y convertido en uno de los condicionantes más importantes de su política exterior en años. El caso, en primera instancia, puso al descubierto la vulnerabilidad de Estados Unidos frente a la circulación de información que puede atentar contra su imagen de Estado promotor de la libertad.
Las afirmaciones del excontratista de la CIA permiten asegurar que existe una red de espionaje que, por obvias razones, ha sobrepasado los límites de los derechos humanos. Y lo que sería aún más controvertido, habría contado con la comunión de varios europeos, que por décadas o siglos (dependiendo del caso) se han ufanado de su tradición humanista. El caso no es nuevo. En 2005, Dana Priest, del Washington Post, ya había denunciado la existencia de centros de terror clandestinos, donde la CIA torturaba sin ningún control a detenidos arbitrariamente en la paranoica guerra global contra el terrorismo. El caso terminó en una investigación que comprobó que efectivamente tales centros habían existido por lo menos en Polonia y Rumania y otras naciones de Europa.
Todo ello se ha alimentado con las filtraciones de Wikileaks y ahora con el caso Snowden. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre la actualidad y el pasado reciente: quienes abogan por que dicha información circule y se conozcan los abusos cometidos cuentan con un aliado inmejorable: un pequeño grupo de naciones latinoamericanas, hasta hace muy poco insignificantes para el sistema internacional. Su irrelevancia en asuntos de seguridad global, por ejemplo, resultaba indiscutible. Con la aparición del dossier Snowden y el rumor de su presencia en el avión presidencial boliviano la semana pasada, y todo lo que ha significado la novela de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, ambos países han puesto en serios aprietos a Estados Unidos, porque cuentan con un potencial para hacerle mucho daño en un asunto emblemático para Washington: la libertad.
Es tan grave el caso para la administración estadounidense que la Casa Blanca advirtió que a “Edward Snowden no se le debe permitir viajar a otro país que no sea EE.UU.”, en respuesta a las ofertas de asilo que el joven ha recibido de Nicaragua, Venezuela y Bolivia. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, insistió en que el caso contra Snowden por espionaje “es sólido y debe regresar a Estados Unidos”. Pero los tres países latinoamericanos siguen defendiendo su derecho de concederle asilo.
Para Bolivia es el momento perfecto de comenzar a proyectar a través de su política exterior todas las transformaciones internas y ubicarse, con Ecuador y Nicaragua, como actor fundamental de la nueva izquierda. Hasta antes de la muerte de Hugo Chávez, algunos consideraban infundadamente que Morales y Correa estaban sometidos a las ideas del mandatario venezolano. Se los consideraba serviles. Pero el caso Snowden ha revivido las posibilidades para la nueva izquierda.
Incluso se puede afirmar que este tipo de coyunturas contribuye a su vigencia y les otorga una visibilidad regional y global que hasta hace poco ninguno de los dos tenía. El involucramiento reciente de Nicaragua no debe sorprender y obedece a una claridad ideológica y a la oportunidad de capitalizar los errores sucesivos que estadounidenses y europeos siguen cometiendo.
Durante años, Cuba y Venezuela le reclamaron estérilmente a Estados Unidos la extradición al segundo (ya que no existía la posibilidad de extradición entre La Habana y Washington pues carecen de relaciones diplomáticas) del terrorista Luis Posada Carriles, responsable de la muerte de 73 civiles que viajaban a bordo de un vuelo de Cubana de Aviación, luego de un evento deportivo. A pesar de ello, Posada vive actualmente en EE.UU. en completa libertad, sin que haya posibilidades de que sea juzgado por el ignominioso crimen.
Así que las exigencias que le hagan a Bolivia, Ecuador y Nicaragua en el caso Snowden podrían igualmente ser desoídas. El tema toma otras dimensiones: cientos de manifestantes en La Paz pidieron el cierre de la embajada de Estados Unidos en señal de repudio al cierre temporal del espacio aéreo de varios países europeos al avión presidencial boliviano, de lo cual responsabilizan a Washington, y le piden al gobierno recibir al excontratista de la CIA. Bolivia y Estados Unidos carecen de embajadores desde 2008, cuando el gobierno izquierdista expulsó al representante estadounidense y a la agencia antidrogas DEA acusándolos de intromisión en asuntos externos. En mayo pasado, Bolivia también ordenó la salida de los representantes del programa de cooperación Usaid.
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