El efecto Assange

La primera reacción fue de decepción de parte de los dos países europeos. El canciller británico, William Hague, anunció: “Nosotros no autorizaremos a Assange a salir libremente del Reino Unido, y no hay ninguna base legal para que lo hagamos”. En concepto de Hague, la situación del fundador de Wikileaks podría tomar un tiempo “considerable” para definirse, lo que podría significar para Assange una permanencia de meses en la embajada ecuatoriana y descartó la opción de una irrupción en sus instalaciones, como se llegó a especular.

En diálogo con El Espectador, Annika Stjernquist, segunda secretaria de la Embajada de Suecia en Bogotá, que representa al gobierno nórdico ante Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador, aseguró que “sobre Julian Assange hay sospechas de abuso sexual y está abierto un proceso jurídico en su contra. Por tanto, el asilo concedido resulta inaceptable”. Los argumentos entregados por el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, sugirieron que Assange carece de garantías para ser juzgado en Suecia, porque podría significar una posterior extradición a los Estados Unidos, país del que el asilado se declara perseguido por haber revelado cables confidenciales del Departamento de Estado. Sin embargo, Stjernquist explica que “la ley sueca y la Convención Europea estipulan que ningún sospechoso puede ser extraditado desde el país hacia otra nación en donde exista riesgo de aplicársele la pena capital”, por lo cual la concesión del asilo bajo esta explicación no tiene sentido.

Según Mauricio Gándara, excanciller ecuatoriano y exembajador en Londres, “lo que queda es recurrir a un arbitraje bajo la las reglas de la Corte Internacional de La Haya”. Lo que puede tardar mucho tiempo.