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El estado de Guerrero se encuentra en plena erupción y la lava no solo ha levantado a los estudiantes de sus pueblos, sino que ha alcanzado el Distrito Federal, allí donde el presidente Enrique Peña Nieto intenta apagar el incendio desatado desde el 26 de septiembre, cuando 43 jóvenes de un liceo desaparecieron sin más cerca del municipio de Iguala, aparentemente víctimas de una alianza entre las autoridades locales y el ‘narco’.
Ahora no se sabe qué es más grave. Bastante escabroso resultó el hallazgo de una fosa común con 28 cuerpos calcinados a las afueras de Iguala, pero quizá más contundente resultó el golpe de los últimos días, cuando se supo que los cadáveres no correspondían a los estudiantes desaparecidos, sino que eran otros de los muertos anónimos en un país que casi se acostumbra a ver cuerpos sin vida cada mañana, tengan o no tengan nombre. Esos 28 cadáveres siguen formando parte de los más de 22.000 desaparecidos que México cuenta desde 2006 y técnicamente esos estudiantes también, hasta que se demuestre lo contrario. Los montes de Guerrero permanecen custodiados por una fuerza común que no distingue entre efectivos de inteligencia, miembros de la Marina, del Ejército y de la Policía Federal. El hallazgo de otras dos fosas en la manigua circundante se ha apoderado de toda la atención y la tensión. ¿Serán o no serán los estudiantes?
Al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se lo ve todos los días en el pueblo, en afiches con su fotografía y una sonrisa que hoy genera náusea. Los estudiantes de diversos colegios y universidades han salido a las calles a prenderles fuego a sus retratos, porque hasta ahora ni la Policía Federal ha podido encontrarlo. En algún punto del territorio se encontrará escondido, porque sus aparentes nexos —y los de su esposa— con el cartel de los Guerreros Unidos cada día son menos aparentes y supuestos.
La ira de los indignados estudiantes y civiles de Guerrero quedó bien documentada desde el fin de semana, cuando prendieron llamas al Palacio de Gobierno de Chilpancingo y se enfrentan desde entonces, cotidianamente, con los cuerpos antidisturbios. Y sus líderes hablan y promueven un ultimátum que se venció en la última medianoche: “Lo hicimos para que supieran lo que va a venir. Esto no va a parar hasta que demos con nuestros amigos. Han pasado 18 días y no sabemos nada de ellos». La violencia seguirá entonces, hasta tanto aparezcan los jóvenes. Y seguramente la violencia seguirá también si encontrarlos significa hallarlos muertos en las fosas comunes. La caída de Benjamín Mondragón, cabecilla de los Guerreros Unidos abatido el partes, estuvo lejos de ser un paliativo para la crisis.
El gobernador del Estado, Ángel Aguirre, ha tratado de calmar la furia con intervenciones a través de los medios de comunicación, reconociendo abiertamente que las labores de búsqueda no son sencillas y que los esfuerzos no se ahorran. Sin embargo, se ha mantenido lejos del contacto con la gente. Él, un político tradicional de Guerrero con más de 30 años de carrera en el Partido Revolucionario Institucional (PRI, el de Peña Nieto) y hoy en las filas del PRD (Partido de la Revolución Democrática), tal vez tema que algún acto público se salga de todo orden. Los días recientes le servirán de evidencia.
Mientras tanto, sin resultados, el presidente Peña Nieto no tiene más remedio que extender la espera sutilmente, hablando de sed de justicia y de acciones de fondo para descubrir las acciones y omisiones oscuras que han borrado del mapa a los 43 estudiantes de Iguala. Sin mucho más que decir, la indignación estudiantil comienza a sumar aliados en el país y desde el vecino Michoacán las comitivas de centros educativos solidarios han desembarcado en Guerrero. Los estudiantes, de quienes hoy se destaca su tradición contestataria, fortalecen su frente de lucha.
dalarcon@elespectador.com
@Motamotta
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