El eterno retorno de la violencia: tensiones entre Israel y Palestina

Los acuerdos de Oslo entre la Organización para la Liberación Palestina (OLP) y el gobierno israelí llevaron a la creación de la ANP como un autogobierno con algunas facultades administrativas, pero con fuerzas policiales débiles, sin ejército, sin monopolio de los impuestos, en un principio sin relaciones exteriores y con un alto grado de dependencia del gobierno israelí. Es decir, un gobierno sin independencia y sin Estado. En esos acuerdos, la OLP, liderada por Yasser Arafat, reconoció la existencia del Estado de Israel dentro de las fronteras que le había reconocido la ONU en 1948, e Israel reconoció a la OLP como el representante legítimo del pueblo palestino, aunque no reconoció a Palestina como Estado. Esta decisión de Arafat, sin la respuesta recíproca por parte de Israel, es vista como un craso error por muchos estudiosos del conflicto palestino-israelí.

Los acuerdos interinos firmados en 1995 suponían, en consonancia con la resolución 242 emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967, que se daría una retirada progresiva de las tropas israelíes de los territorios palestinos ocupados. Suponían, además, que se iba a garantizar la continuidad geográfica de Cisjordania y la Franja de Gaza, ambos territorios palestinos. También preveían un uso sostenible y compartido de los recursos hídricos en los territorios palestinos y la liberación en tres fases de prisioneros palestinos. Sin embargo, los puntos gruesos del conflicto (fronteras, Jerusalén, refugiados palestinos, seguridad) quedaron fuera de los acuerdos interinos y serían abordados de manera gradual hasta llegar a un acuerdo final.

Nada se ha cumplido. Al contrario, la expansión de colonias israelíes y la construcción de un muro que serpentea por Cisjordania y va más allá de las fronteras previas a 1967 han endurecido el régimen de ocupación durante más de dos décadas. Como resultado, hoy Israel tiene el control de más del 60% de Cisjordania y, a pesar de que retiró las colonias que tenía en Gaza en 2005, el bloqueo terrestre, aéreo y marítimo, así como el control económico de la zona, sigue siendo entendido como ocupación por la ONU. Desde 1993, la población de colonos ha crecido exponencialmente en Cisjordania, llegando a más de medio millón. Al mismo tiempo, Israel ha incrementado el uso de los recursos hídricos en esta zona. Israel tampoco cumplió con la liberación de presos palestinos y sigue implementando la cuestionada “detención administrativa” en territorios ocupados.

A pesar de estos hechos, se seguía considerando que los acuerdos de Oslo regían las relaciones entre palestinos e israelíes. Los posteriores intentos de negociación bilateral por llegar a un acuerdo permanente han fracasado uno tras otro. El último, en el que EE.UU. intentó mediar, fracasó por la negativa israelí a detener el proceso de colonización de Cisjordania y por su exigencia de que fuera reconocido como Estado judío. Mientras fracasan los intentos por sellar una solución de dos estados, Israel aumenta la construcción de colonias y caminos para israelíes, impidiendo la continuidad geográfica del Estado palestino y el ejercicio del derecho a la libre movilidad de sus habitantes.

En vista de los fracasos por llegar a una solución bilateral, Palestina inició una estrategia ante organismos multilaterales y ante la justicia internacional. A nivel político esto le ha traído ciertos resultados, aunque en el terreno le ha generado duras represalias. Hoy Palestina es considerado un Estado por una mayoría de países miembros de la ONU y tiene el estatus de Estado observador en esta organización. Palestina ha aprovechado este reconocimiento para adherirse a otros organismos y tratados internacionales y para demandar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

Teniendo el reconocimiento como Estado, Abás anunció en la Asamblea General de la ONU que no está obligado a cumplir los obsoletos acuerdos de Oslo y reiteró que Palestina hoy no es un “pueblo” o un territorio en disputa, sino un Estado ocupado y bajo flagrantes violaciones del derecho internacional por parte del poder ocupante. Con el respaldo de múltiples resoluciones de la ONU y de una opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2004, Abás llamó a que se reconozca a Israel como poder ocupante y se le obligue a cumplir sus responsabilidades.

Para Barah Mikail, investigador de Oriente Medio de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride), las declaraciones de Abás no cambian nada en realidad, porque los acuerdos de Oslo estaban muertos en todo caso. “El problema es que abre la puerta a más violencia y acusaciones mutuas de los israelíes y los palestinos de haber promovido una mayor violencia. Aquí es donde se genera una responsabilidad de la llamada comunidad internacional, empezando por EE.UU., que sigue siendo el actor potencialmente más influyente”.

Pasaron pocos días antes de que empezaran a verse brotes de violencia y de que el gobierno israelí responsabilizara a Abás por estos hechos. En una semana se han presentado varios ataques a soldados israelíes con armas blancas y la ONU ha advertido sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército de Israel contra los palestinos. Estos episodios no son novedad alguna. Son la repetición de la violencia que se vuelve sobre sí misma desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948. La causa profunda del problema, como apunta Mikail, sigue siendo la ocupación que Israel se niega a detener: “La ocupación y los abusos contra los palestinos son el primer responsable de esta situación, y las relaciones entre ambos sólo mostrarán perspectivas positivas el día en que tengamos un acuerdo sobre el fin efectivo de la ocupación israelí de territorios palestinos y árabes en general”.