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El 21 de diciembre de 2009, el marino Melquisedec Angulo Córdova, miembro de las fuerzas especiales de la Marina Armada de México, era enterrado en su casa en Tabasco, al sur de país, de donde era oriundo. A su funeral asistieron amigos y familiares. Fue honrado como todo un “héroe de la patria”, pues cinco días antes había participado en un operativo en contra de miembros del Cartel de los Beltran Leyva, en el que cayó abatido junto con Arturo Beltrán, líder de esa organización criminal. Angulo, que tenía el rango de tercer maestre, fue el único miembro de las Fuerzas Armadas que había muerto en el operativo.
La Secretaria de la Marina decidió en aquel momento revelar el nombre del uniformado asesinado, así como el lugar donde se llevaría a cabo la ceremonia, sin contar con la posibilidad de que el narcotráfico pudiera tomar venganza contra los familiares del militar. No era usual que, en medio de la guerra contra las drogas que había iniciado el presidente Felipe Calderón, el narcotráfico tomara represalias contra los familiares de los uniformados. Pero no era un escenario imposible. A la familia Angulo Córdova no se le brindó protección especial en ningún momento, pese a toda la relevancia de carácter público que se le dio al caso y luego de haber revelado el nombre del uniformado. Al caer la noche, el mismo día de la ceremonia, un grupo armado entró a la casa de la familia Angulo Córdova, asesinó a la madre del marino, Irma Córdova Palma, a dos de sus hermanos y a una de sus tías. Fue un episodio de “narcovenganza” en el que se cuestionó la responsabilidad del Estado por el manejo de la situación. Lo aterrador es que, una década después, el gobierno mexicano parece no haber aprendido de sus errores.
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional de México (Sedena), divulgó el pasado jueves 31 de octubre el nombre del que habría sido el encargado de la polémica operación en Culiacán, Sinaloa, contra Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán. Se trata de un coronel de caballería, diplomado del Estado Mayor Presidencial y jefe del Grupo de Análisis de Información de Narcotráfico (Gain) a nivel nacional. Él es el encargado de manejar y coordinar a los grupos de elite que participan en los operativos contra el narcotráfico, como el del pasado 17 de octubre en el que se pretendía capturar a Guzmán López y que desencadenó una ola de violencia en Culiacán como respuesta. Le recomendamos: Las mentiras del operativo contra el hijo del «Chapo» Guzmán
Según Cresencio Sandoval, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de dar a conocer el nombre del coronel. El mandatario, que ha recalcado que el Gain veía haciendo las cosas sin problema hasta que se encontraron con el problema de Culiacán, ha recibido fuertes críticas por permitir la publicación de la identidad del uniformado luego de las trágicas experiencias pasadas.
“Si le pasa algo al coronel del caso Culiacán será responsabilidad del presidente”, dice Javier Oliva, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en defensa y seguridad nacional. “Fue un grave error del presidente. En el hipotético caso de que le llegara a pasar algo a coronel o a su familia, desafortunadamente el responsable sería él”, recalca y añade que este tipo de informaciones son temas muy sensibles que afectan la seguridad nacional.
Además, Oliva señala que esto puede generar preocupación en el Ejército Mexicano. “Creo que hay mucha preocupación por la integridad de los militares. Los delincuentes ya se metieron a una unidad habitacional, allanaron cuatro departamentos, se llevaron a un sargento que estaba vestido de civil con sus hijos y sus amigos, una señora con su hija se escondió en un closet para evitar que se las llevaran”, declara el profesor.
Las críticas han llegado de todos los sectores. La senadora mexicana Xóchitl Gálvez Ruiz escribió en Twitter que “como hermana de militar, quien sirve a México con entrega” considera “deplorable que se haya dado el nombre del Coronel responsable del operativo de Culiacán. Es riesgosa para él y su familia”, apunta.
El presidente López Obrador, en un esfuerzo por calmar a sus críticos, apuntó que el responsable del operativo no está solo, y que tendrá la protección necesaria, pues son un equipo y todos actúan con “responsabilidad”. De todas maneras, el mandatario declaró que como servidores públicos todos corren un riesgo. Su anuncio, sin embargo, no sirvió para contener a los críticos, que el viernes continuaron reprochando su decisión. Vea también: Muestran video del hijo del «Chapo» pidiendo parar violencia
“En ninguna parte del mundo se publican los nombres de quienes encabezan las unidades especiales. Uno de los ejemplos más famosos de esta secrecía es el vestíbulo de la CIA en Langley, Virginia, donde en un muro de mármol blanco están estrellas, sin nombre, de sus agentes caídos en misiones. Cometer indiscreciones de esa naturaleza, por ignorancia o ingenuidad, tiene consecuencias. En México hubo un episodio lamentable de ruptura en la seguridad del Estado en diciembre de 2009, cuando después de que se hizo un homenaje público a un marino que participó en el operativo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, como represalia sus hermanos subcontrataron a una célula de Los Zetas para que mataran a su madre y a sus dos hermanos. El presidente López Obrador, que forzó la revelación del norme del jefe del GIAN, había criticado, paradójicamente, aquella falla en la que incurrió el gobierno federal”, escribió el periodista mexicano Raymundo RivaPalacio. “Para ocultar la vergüenza de una derrota tan pública y contundente, la fuga fue hacia adelante, aumentando los yerros. Son estos muy graves, al haberse revelado secretos de Estado, desnudando a la Fuerzas Armadas frente a las organizaciones criminales y regalándoles información para que puedan humillarlos cuando, con dinero y decisión, quieran hacerlo”, concluyó.
Dos semanas después del operativo, los cuestionamientos hacia el gobierno de López Obrador persisten, y son más dudas que respuestas las que se han obtenido. Algunos expertos acusan al gobierno de “sacrificar” al coronel para lavarse las manos y así aminorar el impacto político de la fallida operación contra el hijo de El Chapo. De ser así, la jugada le salió mal al presidente.
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