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Cansados de la fuerte represión que desde hace cerca de dos meses el régimen del presidente Bashar al Asad ha implementado para frenar la ola de protestas ciudadanas que piden reformas democráticas, algunos sectores de la población empezaron a contrarrestarla.
Este lunes, un grupo de manifestantes o de “guerrillas armadas”, según la televisión estatal, se enfrentaron a la Policía en la localidad de Yisr al Shagur, ubicada al noroeste de Damasco, causando la muerte de 120 personas y de paso convirtiendo la jornada como una de las más sangrientas desde el inicio de las manifestaciones.
De acuerdo con la versión del régimen, 80 miembros de los servicios de seguridad fueron asesinados en una emboscada y al menos ocho más fallecieron a causa de una serie de ataques de hombres armados con lanzacohetes antitanque, armas medianas y granadas contra edificios gubernamentales. Por su parte, el grupo opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó a 45 los civiles muertos desde el sábado pasado en la ciudad y en las localidades aledañas.
Entre tanto, en el ámbito político, el gobierno de Siria insistió en impulsar reformas que permitan retomar el diálogo nacional y restablecer la seguridad. En ese sentido, el primer ministro Adel Safar creó un comité de expertos que estará encargado de estructurar un nuevo proyecto de ley para la formación de partidos políticos.
No obstante, el ministro del Interior, Muhamad Ibrahim al Shar, advirtió que no van a permitir ningún ataque armado en el país. “Partiendo de la responsabilidad del Estado de proteger la vida de los ciudadanos, militares y civiles, y las instalaciones gubernamentales que pertenecen al pueblo, vamos a tratar con firmeza, fuerza y según la ley. No vamos a permanecer tranquilos ante cualquier ataque armado”, aseguró en la alocución televisiva.
Desde el inicio de las revueltas, el régimen sirio ha sostenido que detrás de ellas hay “grupos terroristas” y se niega a reconocer que las manifestaciones están conducidas por ciudadanos .