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Pese a los seguimientos, llamadas, mensajes de texto intimidatorios y demás formas de amenazas directas, la abogada de la Asociación Proderechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, tiene la confianza de que va a ganar el juicio que se sigue contra el ex presidente de Perú Alberto Fujimori. La representante de las víctimas de las masacres de la Universidad de La Cantuta (donde murieron nueve estudiantes y un profesor) y de las de Barrios Altos (donde perecieron 15 más durante una “pollada” o fiesta popular) —ambas perpetuadas por el grupo militar Colina— cree que casi dos décadas después de perpetrados los crímenes, la justicia llegará. En una corta visita por Colombia, la jurista peruana dialogó con El Espectador y detalló aspectos de la diligencia judicial que está cerca de la etapa final.
¿Cómo va el caso en contra del ex presidente Alberto Fujimori?
Está en la etapa de alegatos. Ya el Ministerio Público ha solicitado la pena privativa de la libertad por 30 años en contra del ex presidente. Actualmente estamos en el alegato final del abogado de la defensa y posteriormente Alberto Fujimori tendrá el uso de la palabra para hacer una defensa material.
¿A cuántas víctimas está representando y en qué casos?
Represento a las 10 víctimas del caso La Cantuta y a cuatro del caso de Barrios Altos en el proceso de Alberto Fujimori. En el proceso al destacamento Colina represento a más víctimas que no están incluidas al proceso de Fujimori, pero que sí fueron víctimas de él.
¿Cree que cuando empiece a hablar Fujimori va a despertar toda una expectativa nacional?
No creo que vaya a ser una expectativa nacional, pero sí que puede tratar de utilizar el espacio político, que ya lo trató de hacer en el proceso pasado.
¿Ha encontrado algún tipo de barrera directa por parte de servidores del gobierno o amenazas que le hayan impedido seguir adelante?
Ha habido amenazas a los abogados en las organizaciones en las que trabajamos, han llegado correos, mensajes de texto (…) ha habido falta de investigación acerca de dónde provienen las amenazas, hemos presentado denuncias, pero la autoridad simplemente no ha investigado eficazmente.
¿No sienten temor de que el fujimorismo y el trabajo del abogado defensor les haga 1perder el proceso?
Creemos que todo va a terminar con una condena, no pensamos que vaya a haber una absolución por todas las pruebas que se han podido presentar en el caso.
Desde el punto de vista de Aprodeh, ¿qué significó el paso de Fujimori por la Presidencia de Perú?
Nosotros pensamos que Fujimori creó un poder paralelo en el Estado, había una estructura formal, pero también un
poder en la sombra que era el de Montesinos. Montesinos fue quien corrompió todo tipo de estructura, la judicial, la legislativa y todas las instituciones que debían cautelar los derechos de los ciudadanos.
¿Cómo está el tema en materia de acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas?
Se han reabierto muchas investigaciones. Los procesos judiciales se han iniciado, pero creemos nosotros que lo que se empezó con mucho impulso ha decaído un poco (…). También se confunde el derecho de todo ciudadano a una reparación. Por ejemplo, en un pueblo donde se masacró a un grupo de gente no se entregaron reparaciones individuales, sino que se activó un colegio o se creó un puesto de salud.
¿Ha cambiado la situación de los derechos humanos después del gobierno de Fujimori?
Sí, e incluso las propias Fuerzas Militares están incorporando en sus hojas de vida temas de derechos humanos.
¿Los medios de comunicación han sido consecuentes con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas?
Algunos medios.
¿Qué solicitan los afectados?
Sanción y que se pida perdón a quien se agravió.
Los crímenes
Faltaban 30 minutos para que acabara el 3 de noviembre de 1991 cuando de dos camionetas se bajaron seis hombres encapuchados y fuertemente armados. Entraron en el inmueble de Barrios Altos, ubicado en el Jirón Huanta Nº 840, en las afueras de Lima, y asesinaron a 15 personas. Después se montaron en sus camionetas, encendieron las luces y sirenas y, sin más, se marcharon.
La Cantuta, nombre que se le da a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle por su ubicación en las afueras de la capital peruana, fue invadida por hombres armados en la madrugada del 18 de julio de 1998. Procedieron a secuestrar a nueve estudiantes y un profesor, quienes desaparecieron hasta 1993, cuando sus cuerpos fueron encontrados.
Éstas son las masacres por las cuales está siendo procesado Alberto Fujimori. Fueron perpetradas por el grupo La Colina, un escuadrón paramilitar con la bendición de Vladimiro Montesinos. Se acusa a Fujimori de aplicar una estrategia clandestina y de ser autor mediato de las atrocidades.