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Hace seis meses el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre fronterizo con Colombia en el paso entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Desde entonces, este cierre se ha mantenido, otros pasos oficiales han sido bloqueados y la declaratoria de un estado de excepción en zonas fronterizas del lado venezolano generó la deportación de por lo menos 17 mil personas y la expulsión de una cifra indeterminada de otros tantos miles de colombianos que tuvieron que salir de sus casas ante la intimidación de la Guardia Nacional Bolivariana. La frontera sigue cerrada y, aunque los gobiernos anuncian una disminución de la criminalidad, los problemas estructurales no se resuelven.
La venezolana Rosalba Linares de Gómez es doctora en Geografía Humana de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, e investigadora del Centro de Estudios de Fronteras e Integración de la Universidad de los Andes (Táchira). Estuvo en Bogotá esta semana en el lanzamiento del libro Las fronteras en Colombia como zonas estratégicas: Análisis y perspectivas, publicado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Habla sobre la necesidad de repensar las fronteras y encontrar soluciones de fondo a problemas comunes.
¿Qué significan, para usted como académica y habitante de la región fronteriza, esas barreras físicas que Maduro ordenó poner en pasos de una frontera que en realidad es incontrolable?
Desde la geografía política, las concepciones de frontera siempre se han visto como barreras, muros, áreas periféricas. Posteriormente a la caída del Muro de Berlín, y con el auge de la globalización, entramos a hablar de que el muro, la barrera, empieza a hacerse más poroso. Pero eso es paradójico. Tras la caída del muro, muchos otros muros están proliferando en el mundo. Además, la porosidad de las fronteras ha sido constante en la historia. Por ejemplo, en el paso de Cúcuta históricamente ha habido intercambio desde la conquista y no se ha detenido.
Para la gente que vive en la frontera, el limite como barrera no existe. Claro, es resultado de tratados, acuerdos, etc., pero la frontera, que es más bien lo que mueve las interrelaciones, siempre ha estado allí.
¿El contrabando siempre ha estado?
Siempre ha sido parte de la naturaleza de la frontera. Lo que ha ido cambiando es la naturaleza del contrabando. Se ha ido especializando e incrementando al punto que afecta no solo a Venezuela, sino a Colombia, porque deja de percibir divisas del intercambio comercial formal y se crean tensiones entre ciudadanos de uno y otro lado. Las prácticas del contrabando favorecen a pequeños grupos, hacen que en un lado haya productos y en el otro no, eso genera resentimientos contra el vecino. Lo lamentable es que con eso surgen nacionalismos. Nos hacemos daño en familia, eso no es saludable. Las prácticas que crean resentimientos tienen su origen especialmente en un grupo de personas que controla las mafias.
La frontera supuestamente se cerró para combatir el contrabando…
Desde antes de que se cerrara la frontera comenzaron a desaparecer productos en el lado venezolano. Uno venía a Cúcuta y veía todo atiborrado de productos. Eso ya generaba resentimientos. Llegaba el momento en que uno tenía que ir a Cúcuta a comprar los productos 40 % o 90 % más caros. A raíz de esto, en Táchira, frentes bolivarianos se fueron ligando y promoviendo la necesidad de cerrar la frontera, para parar esas prácticas. ¿Pero cerrar la frontera es suficiente para pararlas? Hay que examinar esa decisión.
Veamos cómo se tomó la medida. Hubo un ataque contra militares y el presidente inmediatamente decretó cierre fronterizo. Yo celebré eso, porque pensé: al fin se dieron cuenta de que en las fronteras hay problemas. El presidente Santos también tenía que enterarse de que tiene problemas graves en la frontera: una economía altamente dependiente de la economía venezolana. En términos de combustible, el 80 % presenta déficit y todo lo traen de Venezuela. Al no tener una política pública para eso, se incentiva el contrabando. La Resolución 8 (aprobada por el Banco Central de Colombia en el año 2000) incentiva el contrabando.
¿Qué solución es pertinente entonces?
Los países tienen que sentarse y decidir en conjunto. La frontera no es de uno sólo. A ese punto no hemos llegado, lo que hemos visto es que Venezuela quiere construir su frontera de paz sin dialogar con el vecino y que Santos hace sus fronteras estratégicas sin dialogar. Implementan medidas inmediatas, efectistas, pero el problema estructural no se resuelve.
Uno piensa: tienen que sentarse, si no el mismo pueblo lo va a hacer, pero ¿cómo funciona el mismo pueblo? En Cúcuta las manifestaciones las hacen los contrabandistas. Sacan su pancarta que dice: defendemos nuestro derecho a contrabandear. El Estado es el que pierde con eso. ¿Va a permitir esa perdida de divisas por satisfacer las necesidades de un grupo? Cuando se cerró la frontera, eso se hizo muy intenso en el lado colombiano. Estamos despertando unos nacionalismos estúpidos e incrementando la xenofobia. Eso nos puede destruir, cuando la idea es construir. Hay que entender que este problema no es exclusivo, genera resentimientos en ambos lados. Estamos despertando unos nacionalismos estúpidos e incrementando la xenofobia. Eso nos puede destruir, cuando la idea es construir.
¿Por qué las medidas tomadas no abordan la raíz del problema?
Apenas hemos oído a los ministros de Defensa de cada país señalar que la criminalidad y la inseguridad han disminuido. Eso es verdad y en San Cristóbal uno lo siente. ¿Pero por qué ha disminuido? Porque muchos se han movido a la comercialización de alimentos, productos, gasolina, por las famosas trochas del contrabando. Ha bajado el flujo de contrabando, pero no se ha eliminado.
En San Cristóbal uno encuentra más productos, pero no lo suficiente para restablecer la normalidad. Si uno quiere hacer mercado completo, tiene que ir a un mercado mayoritario y comprar todo con precio de bachaqueros (contrabandistas), que son altísimos. Lamentablemente es cierto que en Venezuela la profesión mejor remunerada es la del bachaquero. Es la gente que más gana, ponen el precio que quieren. Ya no es ni siquiera el precio del mercado negro del dólar. A los mercados mayoritarios llevan la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y detienen gente que acapara productos para pasarlos a la frontera. OK, pero eso viene de un problema estructural de política económica que Venezuela no ha resuelto. Es decir, en este momento tan coyuntural, Venezuela no trata de resolver. Lo mismo pasa en Colombia.
La academia debería ser el insumo de nuevas políticas de frontera. ¿Qué perspectivas se deberían tener en cuenta?
Hay muchas corrientes de desarrollo endógeno, que llaman a que las decisiones no vengan desde el gobierno hacia abajo, sino que desde abajo se construya parte de esa política pública y eso pueda cohesionarse con las decisiones del gobierno. El gobierno tiene que descentralizarse, despolitizarse, para poder relacionarse y escuchar a los que vienen abajo. En Táchira y Zulia hay muchos grupos sociales tratando de resolver el problema y su persistencia es admirable. Hay foros, encuentros, reuniones. Le llegan aunque sea con un papel al gobernador. Pero cuando uno lee la ley orgánica de frontera, el asunto es potestad única y exclusiva de Cancillería y del Ministerio de Asuntos Interiores. Hay un centralismo dañino.
En general, dentro de las teorías geográficas, hay consenso en que el proceso debe hacerse desde abajo y desde arriba, y encontrar un punto de encuentro para escucharse. Pero así como entre estados hay desconfianza mutua, al interior también hay mucha desconfianza. Hay que construirla. Eso se hace con mesas de trabajo, en donde se respete la posición de cada uno. Pero, en Venezuela, esas reuniones son ahora tan polarizadas que casi no valen la pena.
¿Abrir la frontera es una solución?
¿Vamos a abrirla sin resolver los problemas? Hay que ser conscientes: la criminalidad en la frontera hay que atraparla, aunque no va a dejar de existir. En Europa o EE.UU. la controlan, hay barreras, seguimiento con el pasaporte biométrico, con los chips de las tarjetas de crédito. Acá no. Y una razón es que no hay fuertes instituciones.
El papel de ambos ejércitos en las fronteras es muy cuestionado…
Está tan cuestionado el papel del militar que, frente al hecho que desató la decisión de cerrar la frontera, mucha gente dudó si fue un ataque o un ajuste de cuentas. Las instituciones colombianas y venezolanas están muy permeadas. En algunos casos hay contenedores de comida que llegaban primero a Cúcuta antes que Venezuela, con ordenes desde arriba. Hace poco, por fin el gobernador del Táchira reconoció que los guardias cobraban por pasar la frontera. Cobraban lo que ellos querían. Son asaltos a diario contra la población. Han ido cayendo militares, pero mirando el problema grande de la institucionalidad: ¿cuánto tiempo van a estar presos? ¿O serán simplemente removidos? Esa desconfianza nos lleva a preguntarnos qué vamos a hacer en la frontera con el papel de los militares. Tiene que haber un cambio de su acción militar de control y resguardo. El contrabando no se va acabar y hoy incluso da más ingresos que el narcotráfico. Por eso se necesitan mejores controles, además de que Colombia revise la Resolución 8 y Venezuela toda su política económica y monetaria y camine hacia la unificación cambiaria.