Explosivos han causado al menos 10.000 víctimas en el último medio año

Las plataforma de organizaciones se puso como meta reunir por primera vez datos fidedignos del impacto de los bombardeos en zonas habitadas, haciendo especial hincapié en que no solo deben medirse las consecuencias por el número de víctimas del ataque en sí, sino tomando también en consideración las consecuencias a largo plazo.

«Observamos una serie de daños que van más allá de un gran número de muertos y heridos graves. También se trata de un problema de desplazamientos forzados, perjuicios económicos para la población y problemas psicológicos persistentes», explicó Esther Cann, investigadora de la ONG «Acción contra la Violencia Armada».

En ese sentido, el informe aporta testimonios directos de las víctimas y de sus padecimientos una vez que los ataques han concluido, en términos de secuelas para la salud (física y mental), propias y de sus familias, pérdida de empleos y problemas persistentes de inseguridad.

Además de los casos en conflictos armados abiertos, el informe incide también en las víctimas de actos de violencia de los que se habla menos, como Sudán, Birmania o México.

De ese último país, el informe menciona dos eventos, entre ellos el estallido de un carro-bomba en Ciudad Juárez el 15 de julio de 2010, que causó la muerte de un médico y de un agente de socorro, al tiempo que hirió a más de una decena de civiles.

Sobre Colombia, menciona el estallido de un carro-bomba en Bogotá el 12 de agosto pasado que no causó muertos -aunque sí varios heridos- pero provocó daños en 424 casas y varios edificios.

En representación de la ONG «Save the Children», Nick Martlew incidió en el grave efecto que tienen los ataques sobre los niños, por el trauma prolongado que sufren, la muerte de sus padres u otros familiares y la frecuente interrupción en su vida escolar, a veces acompañada de un desplazamiento forzado.

Cann explicó que el 60 por ciento de los ataques en zonas civiles los perpetran grupos armados irregulares, otro 20 por ciento actores estatales, mientras que no se ha podido determinar a los autores del 20 por ciento restante.

Frente a estas evidencias, las ONG pidieron a los gobiernos que revisen sus políticas para intentar frenar cualquier tipo de bombardeo en zonas civiles y reconozcan su propia responsabilidad con las víctimas.