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El consejo de ministros italiano aprobó de manera unánime este lunes un decreto de 42 puntos que endurece las medidas contra la inmigración en busca de una «seguridad pública».
«En caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo, será motivo suficiente para llevarlo a un centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión», afirmó el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros.
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El titular de Interior ha sido el impulsor de este decreto que modifica la normativa en materia de acogida de refugiados y limita la protección humanitaria de estas personas.
El decreto prevé la retirada de la ciudadanía si existe condena definitiva por terrorismo y amplía el periodo de permanencia en los centros para refugiados de 90 a 180 días.
Además, Italia no permitirá la entrada en su territorio a ningún extranjero expulsado de otros países de la zona Schengen.
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Por otra parte, los inmigrantes que sufran serios problemas de salud o procedan de países afectados por desastres naturales podrán tener un permiso especial para residir en el territorio.
Salvini ha celebrado este decreto y ha dicho que «es un paso adelante para hacer Italia más segura» en un mensaje en las redes sociales.
Es una normativa «para combatir con más fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, para reducir los costes de una inmigración exagerada, para expulsar más velozmente a los delincuentes y a los falsos refugiados, para quitar la ciudadanía a los terroristas, para dar más poder a las fuerzas del orden», remarcó el ministro.
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En este sentido, las nuevas normas, en vigor por 60 días, podrán ser «modificadas, mejoradas o cambiadas por el Parlamento», explicó Salvini.
Tras la aprobación del Parlamento, las normas deben ser ratificadas por el presidente de la República, Sergio Matarrella, para convertirse en ley.
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