‘Hay que usar la óptica de la regulación’

Tenemos un equipo de 25 profesionales trabajando en eso. Son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Interior, de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas, de Cultura y de Desarrollo Social, que están bajando de la letra a la realidad. Eso implica la reglamentación de la ley. Con ellos se han conformado cinco grupos de trabajo, unos trabajan los aspectos institucionales, otros los de producción, otros los tecnológicos, otros los de licencias y el funcionamiento del mecanismo; otros trabajan con la evaluación y monitoreo de esta política. Esta propuesta no se puede confundir: no se trata de la liberalización del mercado.

Ustedes no hablan de legalización, sino de regulación.

No es que de aquí en adelante se vaya a poder hacer propaganda para que la gente consuma marihuana, o que quienes produzcan van a poder tener marcas. Hay regulaciones totales, que implican la no existencia de marcas, la no existencia de publicidad, la prohibición del consumo a menores de edad y de las actividades que impulsen el consumo. Por eso no usamos la palabra legalización, sino regulación. Es una regulación restrictiva y no es así por un tema moral, sino porque partimos de la base de que la marihuana, como todas las drogas, genera riesgos en quienes la usan y pueden causar daños. Por eso, tiene que estar regulada, no pueden ser un producto de libre circulación.

¿Cómo establecer regulaciones en las sociedades de consumo?

Al siglo XX lo marcó la emergencia de la sociedad de consumo, al XXI la sociedad de consumo más la sociedad del ocio más la sociedad del espectáculo. Y no es que una haya sustituido a otra, sino que hay una integración de todas. Estamos ante el dominio que hay en la cultura contemporánea de la marca, del logo, de la propaganda, del impulso de consumo deviniendo en el consumismo, de cambiar un producto por otro. Como ha dicho el presidente Mujica, este es un gran riesgo de que la humanidad se consuma a sí misma.

Si esa lógica del consumo generalizado y sin límites permea también el consumo de drogas, puede haber daños extremos en las personas y las sociedades. A partir de eso, entendemos que tienen que ser usos totalmente regulados, sin que afecten las libertades individuales. La plena vigencia de los derechos humanos en la sociedad contemporánea debe implicar que las personas puedan tomar decisiones. Ese aspecto es muy relevante en el momento en el cual formulamos la regulación, porque es lo que diferencia una regulación restringida de una prohibición. En la regulación restringida, queda en manos del saber y entender de los adultos, de lo que ellos han construido desde el punto de vista social y cultural, que tomen la resolución de consumir o no drogas.

¿Cómo esperan que su modelo inspire a otros países?

No lo proponemos como un modelo. Reivindicamos el derecho y deber que todos los países tenemos de desarrollar políticas soberanas. Lo que más criticamos del modelo vigente es que es como un traje que le tiene que quedar bien a muchos países que son diferentes. Entonces a ninguno le queda bien, o tal vez sólo a uno. Debe haber trajes hechos a la medida de cada uno, en función de los ordenamientos constitucionales de cada país, de sus capacidades institucionales, de su cultura, de sus procesos económicos. Hay muchos elementos que tienen que ver con la necesidad de que políticas tan delicadas y complejas como estas, respondan a particularidades. Ese traje, que es la Convención Única de 1961, está cortado con hacha, y creemos que el traje de la política de drogas hay que hacerlo con bisturí.

Lo que hemos hecho podrá servir como experiencia a muchos que quieren modificar sus políticas y hacer su propio traje. Pero somos un país de 3’200.000 habitantes, el traje que nos queda bien no le va a servir, por ejemplo, a Colombia. Si mañana Colombia quiere tener una apertura de sus políticas de drogas, va a tener que hacerlo en función de su propia realidad. Como nosotros hemos criticado mucho el modelo único, somos muy cautelosos y firmes al decir que no aspiramos a que lo nuestro sea un modelo para nadie.

La posición de Uruguay parece ambigua: No se retira de la Convención Única, pero esa convención prohíbe expresamente el modelo uruguayo.

No creemos que estemos por fuera de las convenciones. Somos un país pequeño, respetamos y necesitamos de las convenciones. En relación a las drogas hay un aspecto peculiar: toda la literatura, los tratados sobre las convenciones de Viena, el Tratado de San Francisco, dice que los tratados de derechos humanos están por encima de todos los demás tratados. Si aplicamos la Convención Única a rajatabla, estaríamos violando, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica. Desde ese punto de vista, los tratados de Viena nos habilitan a que optemos por los tratados en relación a los derechos humanos. Este es un tema medular para poder comprender la posición uruguaya.

El segundo aspecto, más práctico, es que Uruguay no elimina todos los aspectos penales vinculados al tráfico de sustancias no habilitadas. Aquellos que quieran introducir marihuana a Uruguay o sacarla de Uruguay a otros países, y sean interdictados, van a ser procesados por leyes que están vigentes desde 1974. Si una persona que puede comprar marihuana en el mercado habilitado, o un miembro de un club de cannabis o un autocultivador, venden a un menor o a un adulto no registrado, van a ser procesados por la ley. Entonces, siguen vigentes todas las herramientas que teníamos hasta el 10 de diciembre. Ese día incorporamos una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico, que es un mercado regulado, que le tiene que ganar progresivamente al narcotráfico parcelas de su mercado.

¿Es correcto decir que hay un nuevo monopolio de la marihuana?

Este mercado, esta estructura legal, desde el punto de vista económico, no es un monopolio sino que se aproxima más a la idea de un monopsonio, en el que hay varios productores y un solo comprador. Pero, en realidad, habría que crearle un nombre nuevo, porque no es una cosa ni la otra, sin embargo se acerca más a la idea de que hay actores de financiamiento, producción, distribución, expendio, y están todos en un circuito en el que también están los usuarios que adquieren por diferentes vías el producto. Todos participan en el circuito, pero no pueden competir entre ellos. Los productores de cannabis se tienen que referir al papel regulador del Estado. Si hay dos farmacias que venden cannabis, no pueden competir. Esto es sustancial para entender por qué sostenemos que no estamos violando las convenciones: no habilitamos el comercio entre personas.

Este proyecto no ha tenido un apoyo mayoritario de la sociedad. ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto?

Puede haber dos opciones para hacer política: con las encuestas en la mano y definiendo sus posiciones en función del vaivén de la opinión pública, o sobre la base de la convicción, los principios y las ideas. El presidente Mujica lo hace sobre la base de las ideas. Si bien estamos con 60% de la opinión en contra, hay una empresa llamada Factum que preguntó a los uruguayos antes de que se votara el proyecto en el Senado: Si usted tiene un lugar para comprar que es ilegal y uno que es legal, ¿dónde compraría? El 78% dijo que iría al mercado legal. Habría que preguntar a la gente si ha tenido la posibilidad de entender realmente de qué se trata el proyecto, porque en una encuesta no hay tiempo para explicarlo todo. Hemos cometido errores comunicacionales, pero somos conscientes de que todo lo que tiene que ver con las drogas ha estado dominado por el oscurantismo, el tabú y el miedo. Eso no se rompe de un día para otro, la gente tiene que tener y hacer su propia experiencia y eventualmente cambiará de posición.

Además de la opinión pública, es interesante analizar el comportamiento del sistema político. Si bien esta ley salió en las dos cámaras sólo con los votos del partido de gobierno, el Frente Amplio, en la discusión parlamentaria hubo al menos seis legisladores de la oposición que se pronunciaron a favor de la ley, algunos de los cuales dijeron que creían que era un buen proyecto. ¿Por qué no lo votaron? Ese es el juego de los partidos políticos, no quieren votarle una ley al partido de gobierno y tampoco quieren votar divididos. Sin embargo, eso nos dice que hay una legitimidad importante en el sistema para modificar la política de drogas. Con esta ley seguramente estamos dando un paso para abrir un tiempo de debate, de generar experiencias para abrir un camino que me parece ineludible y es que el siglo XXI va a tener unas políticas de drogas diferentes a las que tuvo el siglo XX.

¿Piensan en proyectos de regulación de otras drogas?
En este momento creemos que no están dadas las condiciones políticas y técnicas para avanzar sobre eso. No obstante, pensamos que hay que mirar toda la política de drogas desde una perspectiva de la regulación.

dsalgar@elespectador.com

@Daniel Salgar1