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El estatal Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras informó este jueves que suscribió un convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), orientado a proteger a los desplazados por la violencia y el crimen organizado.
El defensor del pueblo de Honduras, Roberto Herrera, y el representante de Acnur en América Central, Cuba y México, Fernando Protti Alvarado, firmaron una carta de entendimiento, en fecha no precisada, indicó el organismo hondureño en una declaración pública.
El organismo hondureño y Acnur se comprometieron a través del acuerdo a coordinar y cooperar en el desarrollo de investigaciones, proyectos y actividades conjuntas en temas relacionados con «la promoción de estrategias y acciones de monitoreo, y prevención del desplazamiento forzado de personas».
El acuerdo incluye la «protección y la integración local de personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras que requieren protección internacional«, añade la declaración.
Ambos organismos atenderán a personas «con mayores niveles de vulnerabilidad y con necesidades de protección específicas» como los niños y adolescentes no acompañados o separados, mujeres, personas discapacitadas y miembros de la comunidad de lesbianas, gay, transgénero, bisexual e intersexual.
También velarán por los adultos mayores, pueblos indígenas, afrohondureños, personas infectadas con VIH y víctimas de trata, señaló.
El acuerdo permitirá que los dos organismos promuevan y realicen estudios e investigaciones para determinar las «nuevas tendencias» del desplazamiento forzado causado por las pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado, según la información divulgada.
Además, buscarán un método que les permita identificar y analizar diferentes «perfiles y escenarios de riesgo» que las personas desplazadas al interior del país y las que piden protección internacional enfrentan, como una herramienta para definir «medidas de protección».
El organismo que dirige Herrera y Acnur implementarán medidas orientadas a prevenir el desplazamiento forzado de hondureños y ayudarán a los nacionales retornados de otros países, con el fin de monitorear su situación y garantizar el respeto de sus derechos humanos, precisa la declaración.
Además articularán «acciones» con otras instituciones del Estado y la sociedad civil para «identificar tempranamente y brindar protección efectiva a solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas y otras que requieren protección internacional, así como facilitar su integración local, social y productiva en el país».
Ambos organismos podrán ofrecer asesoría gratuita a los refugiados, solicitantes de asilo y los desplazados internamente en el país centroamericano, de acuerdo a la comunicación.
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