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La Presidencia confirmó que Arias es investigado desde el 2 de febrero, y precisó que el ministro presentó ayer un recurso de amparo en contra de la Contraloría.
El caso se remonta a junio de 2008, cuando el diario La Nación reveló que la Presidencia había recibido una cooperación no reembolsable de dos millones de dólares de parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para invertirla en consultorías necesarias para el Gobierno.
En ese momento se cuestionó si esos fondos eran públicos (por lo que, en caso tal, deberían haber sido utilizados bajo los parámetros que exige la ley en esos casos) o no.
La Contraloría concluyó en octubre pasado que los recursos no eran públicos, pues se manejaron a través de la oficina local del BCIE, pero sí indicó que hubo “informalidad y descontrol” en la contratación de 84 consultores, cuyo salarios fueron pagados con ese dinero.
En ese momento Rodrigo Arias reconoció que, en efecto, hubo contratos que no debieron firmarse y el Gobierno entonces dejó sin efecto todos los contratos efectuados bajo este programa del BCIE.
Rodrigo Arias afirma que la apertura de un proceso administrativo en su contra es una “contradicción” de parte de la Contraloría, pues no pueden cuestionarlo por mal manejo de fondos que no eran públicos.
El ministro insistió que en su resolución de octubre, la CGR señaló que “los fondos (entregados por el BCIE) conservan su naturaleza de fondos públicos internacionales, razón por la cual no le aplica la normativa interna” de Costa Rica.
Este fue su principal argumento para presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional “por irregularidades en el traslado de cargos y violación del debido proceso” por parte de la Contraloría.
Por su parte, la Contraloría General, Rocío Aguilar, declaró a La Nación que “este es un caso como cualquier otro”, y que el único objetivo es “determinar la verdad de los hechos”.
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