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Israel se halla en medio de tensiones. Las calles han presenciado más de 10 semanas de protestas por la reforma a la justicia, impulsada por Benjamín Netanyahu, primer ministro. Si se llegara a aprobar, habría un desequilibrio de poderes, si además se tiene en cuenta que el país no tiene una Constitución escrita y su Legislativo es unicameral, donde el primer ministro, con la coalición religiosa de extrema derecha, tiene mayoría. Hay quienes dicen que, en consecuencia, habría un cambio de régimen. A esto se suma la encrucijada en la que está el país frente al restablecimiento de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, con China de por medio, y el conflicto con Palestina.
“Los cambios en el sistema de justicia son la piedra angular de la política de la nueva coalición nacionalista-religiosa de Israel dirigida por Netanyahu”, comentó Yolande Knell, corresponsal de la BBC en Jerusalén. “El objetivo de las reformas es dar al Gobierno una influencia decisiva sobre la elección de los jueces y limitar la capacidad de la Corte Suprema para fallar en contra del Ejecutivo o anular la legislación”. Netanyahu ha sido un eslabón clave en la política israelí en los últimos 20 años. De hecho, este es su sexto mandato como primer ministro, a pesar de que enfrenta un juicio por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, que él niega. “Se le acusa, con razón, de que cómo puede liderar algún tipo de reforma cuando él mismo está en medio de un proceso judicial”, afirma Gabriel Ben-Tasgal, periodista y analista de Oriente Medio. “Desde el punto de vista interno, aparentemente, su posición no es buena”.
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Recientemente, hubo un roce entre los dos poderes: en enero de este año, el Tribunal Supremo ordenó la salida del rabino ultraortodoxo Aryeh Deri de su puesto de ministro de Interior y de Sanidad. A través de una carta, Netanyahu dijo que, “con gran pesar en el corazón, con gran pena, me veo obligado a destituirlo de su puesto”. Sin embargo, prometió dar con la “fórmula legal” para que pueda seguir sirviendo al Estado de Israel. Pero la cuestión va más allá. Ben-Tasgal comenta que los bastiones de poder de la izquierda israelí son, tradicionalmente, la prensa, la academia y la justicia, y que, en ese contexto, era de esperar que tomara lugar una fuerte oposición a la reforma que hoy impulsa el Gobierno. Solo el sábado pasado, cerca de 500.000 personas salieron a marchar.
Tal vez, según el analista, la política exterior podría ayudar a mejorar su posición interna. Sin embargo, la cuestión no es sencilla, si se suma a la ecuación la reciente decisión de Arabia Saudita e Irán de reanudar sus relaciones. Felipe Medina Gutiérrez, docente de estudios de Medio Oriente de la Universidad Javeriana, dice que el proyecto israelí venía bien: gracias a los Acuerdos de Abraham, impulsados desde la presidencia de Donald Trump, algunos gobiernos de la región del Golfo Pérsico, por ende, vecinos de Irán, decidieron normalizar sus relaciones con Israel. Ese fue el caso de Emiratos Árabes Unidos y Baréin. “Así, Israel iba consolidando alianzas importantes que alertaban en algún sentido a Irán, pues se estaba constituyendo un grupo de países de mayoría árabe, aliados de Tel Aviv, que veía como enemigo común a Irán. Sin embargo, esto no terminó por consolidarse así. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tiene una relación comercial y política con Irán. Además, Arabia Saudita, con el presente acuerdo, tampoco quiere convertirse en su enemigo ni organizar un frente común en contra de Teherán”.
Al respecto, Ben-Tasgal cree que faltan por ver muchas cosas en la relación entre Arabia Saudita e Irán, pues en medio de ello están las tensiones nucleares y la intervención en otros países, como Yemen, que, más allá del apretón de manos entre el máximo diplomático chino, Wang Yi, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, y el asesor de seguridad nacional de Arabia Saudita, Musaad bin Mohammed Al Aiban, pueden poner a prueba esta cercanía. A esto se suma el conflicto con Palestina, que, en lo que va del año y en medio de incidentes violentos con israelíes, ha dejado al menos 85 muertos en Cisjordania.
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De hecho, se trata del arranque del año más letal en la zona desde el 2000, con un promedio de más de un palestino muerto por día, según el recuento del Ministerio de Sanidad palestino. “Frente a este conflicto, la estrategia de Netanyahu estipulaba que no hacía falta firmar un acuerdo con los palestinos para alcanzar un pacto con los países árabes de la región”, agrega Ben-Tasgal. “Sin embargo, los palestinos quieren una retirada total de Israel de Cisjordania o una más grande del Estado de Israel, dependiendo del palestino al que le preguntes. También hay que preguntarse sobre la autoridad palestina”.
Medina Gutiérrez, que también es profesor de civilización islámica de la Universidad del Rosario, añade que, en efecto, los Acuerdos de Abraham no solucionan las tensiones de fondo del conflicto por varias razones: “Nunca hablan de ocupación, lo que sí hace la normatividad internacional. Tampoco fue un ‘acuerdo’ en todo el sentido de la palabra, pues a la parte Palestina nunca se le invitó ni consultó sobre sus principales puntos. Fue una negociación entre la administración Trump e Israel, que fue sumando a países de mayoría árabe para que firmaran una normalización. Esto no resuelve la ocupación sobre Palestina en ningún punto”.
De hecho, esto puede explicar, en parte, por qué en Israel no cayó tan bien la noticia de la cercanía entre Arabia Saudita e Irán, a pesar de ser celebrada por el Líbano, Yemen, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin. “Creo que esto se debe a su temor de que esta normalización ahora signifique que los sauditas estarán mucho menos interesados o impulsarán una negociación más dura para normalizar las relaciones con Israel y unirse al Acuerdo de Abraham. El problema, sin embargo, es que esto no necesita ser uno u otro. Arabia Saudita puede tener relaciones normales con Irán y luego también avanzar hacia la normalización de las relaciones con Israel”, afirmó a Democracy Now Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft.
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