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La polémica de nuevo rodea a la familia del expresidente peruano Alberto Fujimori. Esta vez la protagonista es Keiko Fujimiro, excandidata presidencial y congresista, recluída en una cárcel de mujeres en Lima desde el 31 de octubre de 2018. Entonces, el jues Richard Concepción Carhuancho acogió un pedido de prisión preventiva por 36 meses de la fiscalía, que la investiga por liderar «una organización criminal» dentro de su partido Fuerza Popular (derecha populista) y de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral.
Además, los fiscales investigan a una decena de colaboradores por supuestamente blanquear 1,2 millones de dólares provenientes de fondos ilícitos de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011. Ella lo niega y afirma que está presa a pesar de que la fiscalía «no ha mostrado una sola prueba» de que hubiera cometido un delito.
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Un tribunal de apelaciones rechazó la excarcelación de Keiko Fujimori tras declarar infundad su pedido de revocar su prisión preventiva. Sin embargo, la defensa insistió y apeló a la Corte Suprema, que hoy deberá decidir si la deja o no en libertad. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuanmd
El fiscal supremo encargado de sostener la investigación contra Keiko Fujimori ante la Corte Suprema del país, sorprendió este miércoles al solicitar al alto tribunal que acepte liberarla, tal y como pide la defensa de la líder opositora y frente al criterio del Ministerio Público.
La repentina postura del fiscal supremo Víctor Rodríguez contrasta con la manifestada y defendida por los fiscales del equipo especial Lava Jato, que llevan la principal acusación contra Fujimori por la presunta comisión de delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht en Perú, y quienes defienden la prisión preventiva de 36 meses que cumple la investigada.
Rodríguez solicitó ante la Corte Suprema, dos días antes de que la Sala vea la casación presentada por la defensa, que se declare fundado el recurso de la líder de Fuerza Popular, y que se anule así la orden de prisión preventiva que pesa sobre ella desde el 31 de octubre de 2018.
Según la legislación peruana, los casos ante la Corte Suprema deben ser sostenidos por un fiscal supremo, cargo que ostenta Rodríguez, superior jerárquico de Rafael Vela y José Domingo Pérez, fiscales que dirigen el caso contra Fujimori y que no están habilitados a presentarse ante dicha Sala.
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No obstante, el fiscal supremo ha sido vinculado con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, quienes son acusados de haber negociado prebendas y favores al interior de la Judicatura peruana, y que entre otros casos involucró a políticos, empresarios, fiscales y jueces, algunos de ellos vinculados a Fuerza Popular.
Fuentes del Equipo Especial que investiga el Caso Lava Jato, citados por el diario El Comercio, lamentaron el pronunciamiento de Rodríguez y consideraron que se trata de una «obstrucción procesal en toda su dimensión».
Cuando se supo que Rodríguez sería el encargado de defender este caso, en junio pasado, Vela ya pidió que se inhibiera del caso «por una cuestión de transparencia», lo que finalmente no hizo.
El giro inesperado El caso judicial de Keiko Fujimori tomó un nuevo giro en Perú después de que uno de los jueces que tenía previsto dirigir este viernes la audiencia de casación que podía haber liberado a la líder opositora se inhibiera momentos antes de la sesión judicial y obligara a suspenderla.
El juez supremo Jorge Castañeda, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, iba a resolver sobre el pedido de Fujimori, no obstante, renunció a la audiencia después de que se difundieran unas grabaciones que lo vinculan con César Hinostroza, ex juez supremo prófugo de la Justicia y supuesto líder de una trama de corrupción en la judicatura.
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La inhibición de Castañeda, que en la grabación parece próximo a Hinostroza y dispuesto a pedirle un favor, obligó a suspender la sesión y posponer la audiencia hasta que se nombre un nuevo juez para la sala.
Al salir de la frustrada audiencia, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, lamentó la suspensión y pidió una nueva audiencia de forma inmediata.
El caso Odebrecht El caso Odebrecht investiga los millonarios sobornos que la compañía brasileña reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado en una docena de países de Latinoamérica, entre ellos Perú, a cambio de grandes contratos en obra pública.
La empresa hizo en Perú donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia, a cambio de beneficios y promesas de contratos públicos, según la investigación fiscal.
Por ese motivo, están imputados los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva, y Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición ha sido pedida a las autoridades de Estados Unidos.
Además, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien cumple 36 meses de arresto domiciliario, mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó en abril pasado, cuando iba a ser detenido por este motivo.
Asimismo, la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, a quien se le ha dictado 24 meses de cárcel mientras es investigada.
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