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Rechazo generalizado, sospechas y especulaciones sobre sus verdaderos autores generó el bombazo que el lunes 8 de agosto detuvo el reloj de un restaurante a las 14:05:21 horas y dejó catorce personas heridas, entre ellas una aseadora que sufrió la amputación de uno de sus dedos y heridas en la cadera izquierda.
No fue una bomba de ruido, como en los últimos años lo fueron otros artefactos explosivos atribuidos a grupos anarquistas antisistema, sino una bomba hecha para matar, compuesta por pólvora negra dentro de un extinguidor dejado dentro de un tarro de basura metálico que produjo esquirlas. En realidad, la bomba fue el basurero metálico.
Tras el bombazo, la presidenta, Michelle Bachelet, llamó a la unidad del país, trató el hecho de “abominable” y aseguró que “estas acciones no nos van a atemorizar”. Se reunió con un Consejo Operativo de Seguridad, organismo al que entregó la misión de “detener y castigar a los responsables” del atentado. “Los que llevan adelante estas acciones creen que nos van a atemorizar. No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes asusten a la mayoría que quiere un país en paz. Este es el momento de la unidad para el país, para que todos los sectores rechacemos a estos sectores cobardes”, agregó la presidenta.
Es la primera vez que un artefacto de este tipo es colocado en un lugar concurrido y a la hora de colación, cuando las víctimas más probables serían trabajadores que salen a almorzar a negocios de comida rápida localizados en aquellas galerías del metro. Así se vino a zanjar la larga disputa política de si en Chile hay o no atentados terroristas.
Según el exfiscal Xavier Armendáriz, hoy decano de una facultad de derecho y quien en los últimos años investigó el llamado “caso bombas”, el patrón es distinto, declaró a radio ADN. En dicho caso, en el que aparecían grupos anarquistas imputados y que después fueron sobreseídos por la justicia ante la falta de pruebas, las bombas siempre fueron petardos de escaso poder, “bombas de ruido”, y colocadas en lugares aislados y sin causar daño a personas inocentes.
Dado el diferente patrón, la pregunta que muchos se hacen en las redes sociales es si se trata de anarquistas o de algún tipo de operación psicológica de extrema derecha.
Ante la pregunta de a quién beneficia, las consecuencias objetivas son inversamente proporcionales a cualquier objetivo político de izquierda que pudiesen haber tenido los autores y fortalece los argumentos de la derecha sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista, que está en estudio y próxima a ser aprobada por el Congreso. De hecho, la presidenta ya anunció indicaciones para su perfeccionamiento. Además, el bombazo favorece el aumento de la represión y criminalización de los movimientos sociales, entre ellos una reciente táctica de “evasiones masivas” en el metro, grupos numerosos que entran sin pagar para protestar por el alza de las tarifas.
Tampoco se puede descartar una operación psicológica. Hay manuales de operaciones psicológicas de la CIA y la Escuela de las Américas en los años 70 y 80 que contemplan la infiltración y el uso de delincuentes comunes para perpetrar atentados que después se achacan a la izquierda. Entre ellos está el famoso Manual de operaciones psicológicas que usó la Contra en Nicaragua.
– Fractura política
En los últimos nueve años han estallado 203 artefactos. En Chile, según datos de la Fiscalía, hay una treintena de grupos antisistema que protagonizan acciones violentas, como la colocación de artefactos explosivos frente a comisarias, edificios públicos y sucursales bancarias.
En los últimos meses, las autoridades habían venido observando un cambio en la estrategia de estas organizaciones, que empezaron a elegir como blanco de sus acciones espacios públicos. Así ocurrió el pasado 13 de julio, cuando una bomba estalló en un vagón vacío del metro en la estación Los Dominicos. En semanas recientes, las embajadas de cinco países habían alertado a sus nacionales del riesgo que representaban las explosiones cada vez más frecuentes en distintos puntos de la capital chilena.
La condena al atentado ha sido unánime. Todos los sectores expresaron su repulsa, pero la atribución de responsabilidades mostró una fractura política. La derecha acusó al Gobierno de tibieza, ambigüedad y falta de compromiso en la lucha antiterrorista. El Ejecutivo respondió con una dura réplica por parte del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien reprochó a la oposición que intentara obtener crédito político en lugar de respaldar a las autoridades en un tema de Estado.