La clave es derechos humanos

Hace pocas semanas visitó a Colombia el presidente de la Corte Penal Internacional, juez Sang-hyun Song, quien firmó un acuerdo con el presidente Santos para permitir que los condenados por la CPI puedan cumplir sus penas en las instalaciones penitenciarias de Colombia. Esta semana, otro eminente personaje proveniente también de la República de Corea, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visitó el país y acompañó el viernes pasado al presidente Santos en la firma de sanción de la Ley de Víctimas.

Es más. El pasado 10 de diciembre el presidente Juan Manuel Santos al lado de Ban Ki-moon, el juez Sang-hyun Song y el fiscal Luis Moreno Ocampo inauguraron la IX Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma en la sede de la ONU en Nueva York. Era la primera vez que un jefe de Estado era invitado a estas sesiones.

¿Cómo explicar este febril activismo internacional de Colombia, en particular el que se encuentra dirigido hacia Naciones Unidas y la CPI? A mi modo de ver, una de las mayores apuestas del nuevo gobierno es integrar más a fondo al país en el sistema internacional. Para ello, es necesario demostrar, no con discursos retóricos sino con medidas precisas, que se trata de un socio responsable y comprometido con el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la reparación a las víctimas del conflicto armado interno.

En este campo, la situación de Colombia no es cómoda. Diversos crímenes perpetrados en el país se hallan en  bajo observación por parte de la CPI (como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes). Si Colombia no cumple con sus compromisos internacionales, estos crímenes pueden pasar a ser investigados directamente por la Corte.

Recordemos que según el Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998 y que da origen a la CPI —institución que entró en vigencia el 1° de julio de 2002—, además de los crímenes en seis países que se hallan ya bajo competencia de la Corte (Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia y Libia), existen otros crímenes en otras diez naciones —incluida Colombia—, que se hallan en observación.

Los crímenes objeto de investigación son aquellos en los cuales se reúnen, según el art. 17 del Estatuto de Roma, una de las dos siguientes condiciones: o que no haya un aparato nacional de justicia con capacidad real de juzgamiento (como consecuencia, por ejemplo, de un “Estado colapsado”) o que no haya voluntad política de las autoridades nacionales para juzgar y condenar los crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio perpetrados en su territorio.

La CPI puede intervenir en un país, según el art. 13 del mismo Estatuto, ya sea por solicitud de sus autoridades (Uganda, Congo y Centroáfrica), ya sea por iniciativa del fiscal general (Kenia) o ya sea por solicitud expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Sudán, Libia). Es decir que la intervención de la CPI puede llevarse a cabo al margen de la voluntad de un gobierno, si así lo decide el fiscal (con autorización de los jueces de la CPI) o por decisión del Consejo de Seguridad.

Para un país como Colombia, que aspira a jugar un rol creciente en el sistema internacional (su liderazgo en el retorno de Honduras a la OEA fue una señal  fuerte) y cuya economía es una de las más prometedoras en el mundo, no es aceptable encontrarse  bajo observación de la CPI.

Sin embargo, la aprobación de la Ley de Víctimas no se explica, ni mucho menos, únicamente por factores de índole internacional. Nuestro país viene desarrollando una política a favor de las víctimas y la restitución de bienes desde la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Pero, sin duda, los factores internacionales constituyen una variable importante y Colombia se niega a ser tratada como una “nación paria”.

Los avances en el plano de respeto a los derechos humanos, la reparación a las víctimas, la restitución de sus bienes y el juzgamiento de los crímenes de guerra y de lesa humanidad ya comienzan a rendir sus frutos. Los recientes éxitos de Colombia en la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la reelección de Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), como miembro titular de su Consejo de Administración, así como el ingreso de un miembro del Gobierno Nacional, son señales claras de que Colombia ha mejorado mucho su imagen en el ámbito internacional.

Pero todavía falta un largo trecho para cantar victoria. Vamos en la dirección correcta, pero hechos como el reciente asesinato de la líder de los desplazados , Ana Fabricia Córdoba, evidencian que no estamos caminando sobre un lecho de pétalos de rosa.

*Miembro en representación de América en la Junta Directiva del Fondo Fiduciario de Víctimas de la Corte Penal Internacional y expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.