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Recuerdo, hace ya varios años, haber leído Arrow in the Blue, el primer volumen de la autobiografía del escritor judío húngaro Arthur Koestler. En esas páginas, Koestler reconstruye, con el ardor y el optimismo de la juventud, su fascinación por el sueño sionista, el retorno bíblico a la tierra prometida, el proyecto pionero, la épica de edificar un hogar en un paisaje árido y hostil. La creación del Estado de Israel, en la prosa de Koestler, adquiere la forma de una epopeya moral: hay inocencia, hay necesidad, hay amenaza y por tanto hay legitimidad. Es una fábula política en estado puro: la de un pueblo perseguido que se levanta, cultiva el desierto, lo hace florecer y se defiende de enemigos fanáticos cuya intención no ha sido otra que asesinarlos o arrojarlos al mar.
El mito fundacionista resistió décadas, pero no resistió el peso de la historia. Y por pura ironía, el trabajo de resquebrajarlo se hizo, en buena medida, en el seno de la propia historiografía israelí. La Nakba, el desplazamiento masivo de palestinos durante la guerra de 1947–49, dejó de presentarse como un accidente lamentable o como “huida en la niebla del combate”, y se empezó a discutir como un fenómeno marcado por expulsiones, coerción y desposesión a gran escala, ligado al proceso de construcción estatal y a la transformación demográfica del territorio.
Y ese viraje no llegó por simple iluminación moral. A fines de los años 80, y con fuerza en los 90, un pequeño grupo de académicos israelíes, luego llamados “nuevos historiadores”, puso el relato oficial contra la pared con documentación interna que empezó a desclasificarse tras décadas bajo reserva. Lo notable es que el golpe vino de adentro. Israel permitió que se abrieran archivos reservados, incluso aquellos que desmienten su propio catecismo, algo difícil de imaginar hoy bajo el gobierno de Netanyahu, de corte autoritario y abiertamente etnonacionalista. Y lo excepcional es que ese puñado de académicos haya tenido el coraje de leerlos hasta el final y hacerlos públicos. Pocas veces se ve en la historia una muestra de integridad moral e intelectual semejante.
La construcción de un Estado mayoritariamente judío en un territorio con una población árabe significativa implicaba, en la lógica del liderazgo sionista dominante, una transformación demográfica profunda. Así lo sostiene Ilan Pappé, quizá el representante más singular del grupo de los “nuevos historiadores”. La soberanía del nuevo Estado no estaba en juego solo en el campo de batalla. Con una población judía minoritaria, diseñar una política demográfica que inclinara la balanza hacia el otro lado era tan importante como ganar la guerra. La preocupación existía desde mucho antes de la fundación del Estado judío. Esa intuición, dicha o no, quedó cristalizada en una frase, probablemente apócrifa pero reveladora, atribuida a una temprana misión sionista que volvía con una advertencia sobre Palestina: “La novia es hermosa, pero está comprometida”.
Y la tesis de Pappé no descansa en hechos aislados, sino en una convergencia de evidencias difícil de negar para cualquier historiador serio. Pappé concede un papel central al Plan Dalet, de finales de marzo de 1948. Fue allí cuando el objetivo territorial se convirtió en instrucciones operativas concretas: ocupar, asegurar y controlar lo conquistado [1].
En su libro se reconstruyen episodios locales en ciudades, aldeas y barrios: tomas militares, expulsiones o la huida bajo coerción, y luego destrucción, parcial o total, así como medidas destinadas a impedir el retorno de la población nativa. En algunos lugares, como afirma la historia oficial, el miedo pudo bastar para expulsar a los palestinos. En otros hubo órdenes directas; y en otros la violencia fue ejemplar. Lo relevante es el patrón convergente: la repetición del desplazamiento a una escala suficientemente amplia como para dejar de parecer un accidente [2].
El propio texto del Plan Dalet incluye dos pasajes difíciles de neutralizar con eufemismos. Primero, la destrucción de aldeas (incendiar, volar, minar los escombros). Segundo, una cláusula explícita según la cual, en caso de resistencia, la fuerza armada debe ser destruida y la población expulsada fuera de las fronteras del Estado. Esto aparece escrito; no es interpretación [1].
La ocupación, el desplazamiento y, en numerosos casos, la destrucción total de aldeas enteras y de centenares de localidades palestinas se encuentran muy bien documentados [3]. Y la intención de, literalmente, “borrar del mapa” a todo un territorio se puede ver en la decisión del Estado judío de poner en marcha comités encargados de fijar nombres hebreos oficiales para lugares y accidentes geográficos. Renombrar y estandarizar los topónimos ayudó a consolidar el nuevo paisaje en el papel y en la vida cotidiana, y a fijar una nueva cartografía con raíces bíblicas [4].
En el discurso institucional israelí contemporáneo, la Knéset llegó a celebrar el reemplazo del término “Cisjordania” por “Judea y Samaria” como gesto legislativo y político [5], no obstante el marco jurídico internacional mantiene su posición: los asentamientos en territorio ocupado “no tienen validez legal” y constituyen una violación flagrante del derecho internacional [6].
Pero el argumento más contundente de Pappé no está solo en el análisis de lo ocurrido en el fragor de 1948, sino en lo que vino después. La Absentees’ Property Law de 1950 inventó categorías, “el ausente”, y el administrador, el ”Custodian“, para que las propiedades de quienes ya no estaban, por desplazamiento interno o externo, pasaran al control estatal. Suena a jerga jurídica, pero es el corazón del asunto, porque convirtió un desplazamiento masivo en un hecho permanente. Lo que pudo presentarse como ”accidente” quedó asegurado por ley [7].
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La demografía también se gobierna desde el Estado cuando se define quién entra y quién puede permanecer. En los primeros años, Israel fijó esta arquitectura con leyes muy concretas. La “Ley del Retorno” (1950) estableció un acceso preferente para la inmigración judía [8]; la “Ley de Nacionalidad” (1952) articuló la ciudadanía en continuidad con ese principio [9]; y la Ley de Entrada en Israel (Entry into Israel Law, 1952) ordenó el control de ingreso [10]. Estas leyes, en su conjunto, son un mecanismo eficaz para inclinar la balanza demográfica en una dirección.
Toda esta discusión cobra una actualidad brutal tras la guerra en Gaza. Según UNOSAT (ONU), alrededor del 81 % de todas las estructuras en la Franja quedaron dañadas (damaged); dentro de ese total, 123.464 edificaciones quedaron completamente destruidas [11]. Los daños a las estructuras físicas se estiman en más de USD 30.000 millones, con la vivienda como el sector más devastado (53% del total), según la evaluación conjunta del Banco Mundial, la UE y la ONU [12]. Este mismo consorcio estimaba daños directos por USD 18.500 millones en la infraestructura construida de Gaza, concentrados de manera abrumadora en edificios residenciales (72 % del total) [13].
A esta escala, la destrucción de hospitales, universidades, acueductos, mezquitas… y, en general, de toda la infraestructura de la que depende la vida civil, dibuja un patrón difícil de conciliar con la mera lógica militar. Lo más lógico es concluir que detrás de estas acciones hay la intención clara de crear condiciones que empujen al desplazamiento masivo, a una nueva Nakba por devastación material.
En Cisjordania, el mecanismo de despojo ha sido más lento, pero no menos eficiente: demoliciones, expansión de asentamientos, violencia de colonos y un régimen de acceso y movimiento que fragmenta el territorio y hace la vida imposible por mero desgaste. OCHA registró que en 2025 más de 1.700 palestinos fueron desplazados por demoliciones —el total anual más alto desde que la ONU lleva este registro de manera sistemática (2009)— realizadas bajo el argumento administrativo de una “falta de permisos de construcción” [14].
En amplias zonas bajo control israelí, el propio OCHA ha documentado que los permisos palestinos se conceden de manera excepcional, con tasas de aprobación de alrededor de 2 % en series recientes, lo que vuelve la “ilegalidad” un hecho programado [15]. En paralelo, la población de colonos israelíes en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, ha venido en aumento. Para fines de 2024 ya se estimaba en 737.332 personas [16].
Entre historiadores, la discusión no se trata de elegir entre santos y demonios, sino entre modelos explicativos. ¿Qué hipótesis explica mejor la realidad histórica en conjunto, la narrativa de la contingencia o la de la intencionalidad? La respuesta importa porque de esa lectura se derivan consecuencias políticas muy concretas para el conflicto actual. Un Estado nacido de una tragedia no buscada puede presentarse como víctima que merece indulgencia histórica. Un Estado nacido de una expulsión sistemática queda sujeto a un cuestionamiento más severo sobre su legitimidad, su deber de reparación, el derecho de retorno, la memoria y la justicia. La diferencia no es académica. Es la diferencia entre una historia que se cierra con un final heroico y una historia que sigue abierta porque dejó a todo un pueblo en el éxodo.
Israel, como cualquier otro Estado moderno, no es solo un conjunto de leyes y fronteras. Es también una historia que se cuenta para justificar un orden, convertir decisiones políticas en un destino y envolver en épica lo que, en el fondo, fue un proyecto colonial de asentamiento, quizá el último gran proyecto colonial de Occidente. Y cuando esa historia se resquebraja, lo que aparece detrás no es una contrafábula, sino el balance de lo que se ha querido ignorar: vidas rotas, expulsión y exilio.
Referencias:
[1] Plan Dalet: texto reproducido (incluye “Destruction of villages…» y la cláusula de expulsión en caso de resistencia). (Institute for Palestine Studies)
[2] Pappé, Ilan (2006). “The 1948 Ethnic Cleansing of Palestine”, Journal of Palestine Studies (PDF). (Institute for Palestine Studies)
[3] Khalidi, Walid (ed.) (1992). All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948 (Instituto de Estudios Palestinos; referencia de aldeas despobladas/destruidas). (Institute for Palestine Studies)
[4] Azaryahu, Maoz; Golan, Arnon (2001). “(Re)naming the landscape: The formation of the Hebrew map of Israel 1949–1960″, Journal of Historical Geography. (ScienceDirect)
[5] Knéset (comunicado/press release): celebración/promoción del término “Judea y Samaria” frente a “West Bank/Cisjordania” como gesto político/legislativo. (main.knesset.gov.il)
[6] Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución 2334 (2016): los asentamientos “no tienen validez legal” y constituyen “una violación flagrante” del derecho internacional. (Naciones Unidas)
[7] Absentees’ Property Law, 5710–1950 (texto en inglés; define Custodian y poderes). (main.knesset.gov.il)
[8] Law of Return, 5710–1950 (texto en inglés; “Every Jew has the right…“). (main.knesset.gov.il)
[9] Israel: Nationality Law, 5712–1952 (adquisición de nacionalidad “by return”, etc.). (Refworld)
[10] Entry into Israel Law, 5712–1952 (control de entrada por puestos fronterizos, etc.). (ONU: Oficina de Drogas y Crimen)
[11] UNOSAT / ONU. Gaza Strip Comprehensive Damage Assessment (corte 11 Oct 2025; reporte en UNISPAL, 31 Oct 2025). (Naciones Unidas)
[12] World Bank, UE y ONU. Gaza and West Bank Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA) (febrero 2025): daños a estructuras físicas >USD 30.000 millones; vivienda 53 % del total. (World Bank / thedocs.worldbank.org)
[13] World Bank, UE y ONU. Gaza Strip Interim Damage Assessment (29 marzo 2024): daños directos ~USD 18.500 millones a fin de enero de 2024; edificios residenciales 72 % del total. (World Bank / thedocs.worldbank.org)
[14] OCHA oPt. Humanitarian Situation Update #356 | West Bank (menciona 2025 como año récord de desplazamientos por demoliciones por falta de permisos desde 2009). (OCHA Territorio Palestino Ocupado)
[15] OCHA oPt. “Most Palestinian Plans to Build in Area C Not Approved” (incluye datos 2009–2018: 98 aprobaciones de 4.422 solicitudes; ~2 %). (OCHA Territorio Palestino Ocupado)
[16] OHCHR (ONU), infografía sobre asentamientos (marzo 2025): 737.332 colonos israelíes en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este (periodo 1 nov 2023–31 oct 2024). (OHCHR)
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