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Parecía ser el mejor momento para que los sindicatos brasileños convocaran a una huelga general. Los trabajadores apuntaron a retomar la estela de protestas que tuvieron lugar en el país durante las últimas tres semanas y potenciar sus efectos para conseguir cambios en las políticas estatales.
Las manifestaciones masivas de los días previos lograron que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff estableciera un plan para elaborar con prontitud una reforma política, y las aspiraciones sindicales veían en la coyuntura el momento propicio para impulsar sus reivindicaciones: reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin disminución salarial, la retirada de un proyecto de ley que regula la subcontratación y un aumento en las pensiones de los jubilados.
El anuncio de huelga recibió el apoyo de organizaciones como la Unión Nacional de Estudiantes, que había participado en las manifestaciones anteriores. La idea del paro general originó altas expectativas: sería la cuarta gran huelga en 190 años de historia nacional y la reactivación de este mecanismo de protesta después de 22 años de que fuera visto por última vez en las calles.
Pero la realidad no pudo superar las expectativas. En parte porque el gremio de los transportadores se unió a la marcha sólo en Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador de Bahía y São Paulo, donde los bloqueos de vías ocasionaron largas filas de carros y algunos amagos de disturbios. En todo el país, 37 carreteras fueron obstaculizadas por camiones y tres puertos cesaron sus operaciones cotidianas.
Sin embargo, en Río de Janeiro el transporte siguió funcionando en su mayor parte, lo que sin duda disminuyó el impacto del paro a nivel nacional.
Al final Brasil vivió una jornada de huelga importante, pero tal vez no trascendental para el futuro de los trabajadores y sus aspiraciones. Ante la realidad, varios líderes sindicales, entre ellos el jefe de Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, aseguraron que esta huelga fue apenas un “calentamiento de motores” para los próximos días. Ahora los ojos de los gremios parecen estar puestos en alguna fecha en agosto en la que puedan desplegar su real poder a nivel nacional —no como en esta ocasión— para conquistar modificaciones de fondo.
En cualquier caso resulta curioso que luego de que las alzas en los precios del transporte público dieran pie a un levantamiento popular masivo en las semanas previas, en esta ocasión fuera la negativa de ciertos transportadores a participar la que disminuyera el poder de una huelga que pretendía ser apoteósica. De todas maneras, los gremios ya han dado algún aviso a la presidenta Roussef.
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