La justicia recuerda a Víctor Jara

¿Qué saben los jueces y la gente sobre la muerte de Víctor Jara, cantautor chileno que sumaba 41 años el día de su asesinato: 16 de septiembre de 1973? Saben que un grupo de militares le clavaron a fuego 44 balazos, el primero en la nuca, en el entonces Estadio Nacional de Santiago; saben que convulsionó después del tiro inaugural, descerrajado a quemarropa; saben que horas antes, arrastrado por el suelo, sediento y famélico, un militar le pisoteó las manos y le dijo cantor de mierda y que ya no tocaría nunca más. Los jueces y la gente tienen la certeza, además, de que esta semana el juez chileno Miguel Vásquez Plaza acusó de manera formal a diez militares que habrían participado en su muerte: es decir, a los testigos propios de su aniquilación.

Cuatro de ellos ya se han entregado, entre ellos los funcionarios militares Raúl Jofré y Luis Bethke. En esta ocasión, el trámite judicial tiene mayor importancia porque ya no es sólo una acusación, sino el principio de un juicio que, es muy probable, será alentado por la parte afectada y la sociedad en general: Víctor Jara es la cara de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Los cargos son varios, recordó Vásquez (también ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago): homicidio calificado, secuestro calificado, secuestro simple y encubrimiento. En un lenguaje más plano, a los diez militares los acusan de raptar, asesinar y esconder a los responsables de las muertes de Víctor Jara y del exdirector de la gendarmería Littré Quiroga Carvajal, asesinado junto a Jara y puesto en la corona de una pila incesante y pétrea de cuerpos a la salida del Estadio Nacional. Nadie ha sido condenado, 42 años después de su asesinato, por la caída de Jara.

La desidia de la justicia frente a su asesinato, expresión del régimen de Augusto Pinochet -que derrocó a Salvador Allende, presidente de corte socialista, la noche del 11 de septiembre de 1973 en un golpe de Estado-, tomó otro camino en 2009: José Adolfo Paredes, soldado en los tiempos del golpe, confesó haber disparado a Jara. Se retractó. Involucró al coronel Mario Manríquez, ya fallecido. Contó que había jugado ruleta rusa con Jara. Quizá fue uno de los que le apuntó a Jara y, por el azar del juego, por diversión macabra, le dio el esbozo fatal a su imagen mítica.

La investigación permaneció estancada porque, sobre todo, de los justicieros de Jara se ignora demasiado: se conocen sus acciones, dado que el cuerpo fue exhumado en 2009 -y la confirmación fue tácita: hubo tortura, hubo disparos-, pero las caras se esfuman. A uno le decían El Príncipe. A otro más, El Loco. Con la decisión de Vásquez, es la primera vez que los rostros se vuelven tangibles. Durante el segundo entierro -hubo uno, poco después de que fue asesinado, casi en la clandestinidad-, su familia, en cabeza de su esposa, Joan Turner -inglesa-, pidió al gobierno que acelerara la búsqueda, que encontrara a los asesinos, que todavía estaban vivos.

De entre las voces de los sobrevivientes, El País de España publicó por entonces un relato decisivo para comprender la magnitud de su muerte. Saber que fueron 44 balazos los que traspasaron su cuerpo, como un moderno San Sebastián, resulta aún impreciso. Cada bala fue un modo de la perversión: a Jara lo odiaban los militares, con inquina atávica, por versos como “Yo no canto por cantar / ni por tener buena voz, / canto porque la guitarra / tiene sentido y razón”, y lo odiaban porque entre los trabajadores lo escuchaban y vitoreaban. Por eso El País recordó las palabras que le espetaron, impúdicos, los militares a su llegada al Estadio Nacional: “¡Así que vos sos Víctor Jara, el cantante marxista, comunista concha de tu madre, cantor de pura mierda!”. Esa noche le asestaron culatazos en la cabeza y casi, dicen, le rompen un ojo. En la mañana, sus dedos parecían una sola masa confusa, nervuda, hinchada por los golpes de los soldados de turno. El milagro de un huevo tibio salvó su hambre de manera momentánea: con un fósforo lo partió en dos y comió.

En abril de este año la búsqueda al ralentí modificó su velocidad: un juez de Florida, Estados Unidos, dio el visto bueno para abrirle un proceso al militar chileno en retiro Pedro Pablo Barrientos, mencionado por José Paredes como uno de los asesinos y a quien señala, a partir del puro recuerdo, como el ejecutor principal: el anfitrión del festín brutal. Barrientos, estadounidense por matrimonio y vendedor de carros en Deltona (Florida), respondió a las acusaciones: “Eso no es cierto. Yo nunca he estado en el Estadio Nacional. No conozco el Estadio Chile y no sabía quién era el cantante Jara en esa época (…). Nosotros estuvimos en arsenales de guerra y estuvimos en la parte este de La Moneda”. Junto a Barrientos, en diciembre de 2012, la justicia chilena ya había identificado a otra persona: Hugo Sánchez Marmonti. Otros seis -que aparecen en este último grupo de diez- fueron incriminados como cómplices.

Entonces la Corte Suprema de Chile pidió a Barrientos en extradición en octubre de 2013, pero no recibió respuesta de Estados Unidos. En los tiempos del golpe, Estados Unidos cumplió un rol esencial en la caída de Allende: para barrer con el comunismo en la zona -ya se sabe: Cuba era el ejemplo-, el presidente Nixon produjo “factores desestabilizadores” y de cierto modo habría impulsado el golpe de Estado. Durante las elecciones, el gobierno estadounidense patrocinó campañas en contra de Allende. Washington Bullets, un tema del álbum Sandinista!, de The Clash, registra la certeza: “Cada celda en Chile contará / los gritos de los torturados. / Recuerda a Allende, y los días previos, / antes de que el ejército viniera. / Recuerda a Víctor Jara, / en el Estadio de Santiago. / Es verdad: de nuevo fueron las balas de Washington”.

Para el Centro de Justicia y Responsabilidad -organización internacional de derechos humanos—, la responsabilidad de Barrientos es indudable. En septiembre de 2013 el centro implantó una demanda ante un juzgado de Florida en la que decía, sin pestañear, que Barrientos había sido el comandante a cargo del grupo que secuestró y torturó a Jara y que él -sí: él- le dio el primer balazo en la nuca. La solicitud tuvo un efecto dominó que resultó en el juicio contra Barrientos que comenzará en diciembre por asesinato extrajudicial y tortura. Una de las abogadas del centro a cargo del caso Jara, Almudena Bernabéu, dijo: “Un ámbito formal, un juicio, una audiencia, una comisión de la verdad jamás ha habido en relación con este crimen. Entonces, después de 42 años, este es un paso gigante, para Chile sobre todo”. Una suerte de juicio fue aquel que los militares levantaron contra Jara en el Estadio Nacional. Primero lo llamaron al estrado: “¡A ese hijo de puta me lo traen para acá!”. Luego marcaron los límites de sus derechos a fuerza de culatazos. Años atrás, en El Aparecido, había cantado versos que llegan hoy como formas de la predicción: “Nunca se quejó del frío, / nunca se quejó del sueño, / el pobre siente su paso / y lo sigue como ciego. / (…) Su cabeza es rematada / por cuervos con garra de oro / como lo ha crucificado / la furia del poderoso”. En el suelo, dicen, Jara aún sonreía y eso alimentaba la voracidad de los militares: ver al hombre sangrante y aún sonriente.

  Otras víctimas del régimen Pinochet Quemados vivosEn 1986 Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, dos estudiantes y activistas, fueron rociados con gasolina y luego quemados por militares del ejército chileno. Rojas falleció por las heridas y Quintana, aunque la dieron por muerta, vivió y el rostro le quedó desfigurado. Su caso se reabrió en 2013 y esta semana tuvo noticias: un juez en Chile ordenó el arresto de siete soldados involucrados en su tortura y asesinato. Rojas, también ciudadano estadounidense, había regresado a su país para registrar en fotografías las protestas contra Pinochet. El ejército los capturó el 2 de julio. Un grupo de ciudadanos los encontró y los trasladó a un hospital. Su crimen era encubierto por numerosos funcionarios del ejército. Un cuerpo nunca entregadoJorge Manuel Parra Alarcón, de 38 años y jefe de los talleres de mecánica en la Empresa Nacional de Petróleo, era militante del Partido Comunista. El 15 de octubre de 1973, apenas un mes después del golpe militar, fue capturado por el ejército y llevado a una casa convertida en centro de detención. Fue maltratado y torturado. El 24 de octubre, después de que trató de defenderse del maltrato de un soldado, éste le disparó y lo dejó malherido. Fue trasladado a otro lugar vigilado por el ejército y allí llegó muerto. El certificado de muerte aseguró que la bala comprometió órganos vitales y el cuerpo nunca fue entregado a su familia. La Comisión de la Verdad de Chile, encargada de investigar los sucesos ocurridos durante la dictadura de Pinochet, dijo que no existió justificación de ningún tipo para esta muerte y que el ocultamiento del cuerpo pretendía encubrir a sus asesinos y sus métodos. Muertos en la carreraCarlos Raúl Baigorri Hernández (31 años, profesor), Germán Carcamo Carrasco (24 años, empleado) y Ramón González Ortega (37 años, empleado) no tenían una militancia específica y a pesar de ello fueron ejecutados por el ejército el 30 de octubre de 1973. En la madrugada fueron trasladados al Regimiento Capulicán de Porvenir, después de haber pasado por varios centros de detención. Allí fueron llevados al polígono y los hicieron correr. Mientras avanzaban fueron acribillados. El objetivo de su muerte habría sido dar ejemplo a otros de lo que podría sucederles. Las ejecuciones fueron calificadas como “constitutivas de graves violaciones de derechos humanos”.