Las cuentas del “impeachment” de Dilma Rousseff

Para que la moción de impeachment sea aprobada requiere el apoyo de 342 diputados (dos tercios), cualquiera sea el número de legisladores presentes en la sala. El quórum para abrir la sesión es, precisamente, de 342 presentes, el mínimo para conseguir una eventual aprobación de un juicio contra Rousseff, que no tiene nada que ver con el caso de corrupción en Petrobras sino con la supuesta adulteración de las cuentas públicas en 2014.

De acuerdo con Aécio Neves, candidato presidencial del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMBD) derrotado por Rousseff en 2014 y quien trabaja abiertamente a favor del impeachment, la oposición ya tiene 349 votos, siete más de los necesarios para ganar el pulso en la Cámara. Pero el periódico O Globo tiene otros números: sus cuentas señalan que, por el momento, hay 326 votos a favor del proceso contra la presidenta, 24 más que hace un día, pero 16 menos de los que exige la norma.

Todavía hay cerca de 60 diputados indecisos, que resultan definitivos para los dos bandos. Por un lado, el expresidente Lula les ofrece cargos para apoyar a Rousseff, y por el otro, el vicepresidente, Michel Temer —el mismo que en un video “filtrado por error” revela sus planes para suceder a la presidenta y que ya tiene listo un gabinete, a pesar de que no se ha votado—, les promete un lugar especial en el próximo gobierno. La televisión brasileña emitía ayer desde las afueras de la casa de Temer, en donde el desfile de políticos no cesaba.

Hasta ahora el bando perdedor parecería ser el de Dilma Rousseff, que suma más deserciones. Al Partido Progresista, con sus 47 parlamentarios, y el Partido Republicano, con 22, se sumaron otros partidos menores ayer. Una desbandada que hace ver a Lula y al Gobierno impotentes para parar el proceso.

Y es que nadie se quiere quedar por fuera del reparto de poder. En los pasillos de la Cámara se dice que “huele a muerto”, en referencia a la soledad de Rousseff, pero otros no se confían demasiado y ven con recelo las movidas de Lula, la figura más querida de Brasil y con más apoyo popular. Vale recordar que los brasileños están gritando en las calles “que se vayan todos”, no sólo Rousseff.

En los restaurantes, tiendas, buses, barrios y bares del país no se habla de otra cosa. El ambiente es nervioso y de expectación frente a lo que suceda a partir de hoy. Gente congregada alrededor de las pantallas callejeras o en televisores de negocios ven cómo los expertos hacen cuentas, los analistas predicen y los políticos se mueven.

Hay manifestaciones de un lado y de otro en las principales ciudades brasileñas, como São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia. Según reportan corresponsales en esta última ciudad, la policía levantó un muro que dividirá las dos concentraciones a fin de evitar peleas entre opositores y oficialistas. Nada visto antes, pues cuando Fernando Collor de Mello fue destituido en 1992, su partido no tenía respaldo popular. Los seguidores del Partido de los Trabajadores (PT), oficialista, se cuentan por miles. Al igual que los del PMBD, el partido más grande del país, cuya política está llena de paradojas.

Como la que muestra que los dos posibles sucesores de Rousseff están acusados por corruptos, pero son los que están marcando el futuro del país. Eduardo Cunha, presidente del Congreso, miembro del PMDB, investigado por corrupción en el caso Petrobras, con cuentas ilegales y millonarias en Suiza y enemigo declarado de Rousseff, es quien hace el calendario para el impeachment. También, dando por descontada la votación a favor del proceso de juicio contra la mandataria, reveló que la fecha definitiva será el 15 de mayo, cuando el Senado vote si respalda o no la apertura del juicio contra la presidenta.

En este panorama cada vez más oscuro, el oficialismo comienza a contemplar otras vías de detener el juicio. Ayer José Eduardo Cardozo, el procurador general de la Unión (AGU), es decir, el abogado del Gobierno, anunció que presentó una demanda en el Tribunal Supremo (STF) de anulación de los procedimientos de juicio político contra la presidenta Rousseff. “El proceso de juicio político en la Cámara tiene defectos que impiden su continuación”, dice Cardozo. Un intento por ganar tiempo, mientras crecen la crisis económica y el descontento general.