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La violencia y corrosión institucional han penetrado como nunca antes la frontera entre México y E.U., la frontera oriental de Guatemala; y los bordes fronterizos de Colombia con Ecuador, Venezuela y Brasil, donde la tasa de criminalidad es apabullante y el control del territorio por parte de grupos armados y narcotraficantes no es desdeñable.
La permeabilidad de las fuerzas policiales, militares y judiciales a la corrupción y la cooptación ejercida por las asociaciones ilícitas pone en duda la eficacia de las políticas que buscan reducir el tráfico transfronterizo ilegal con medidas policiales más duras u otorgando poderes especiales a las fuerzas amadas.
Es evidente que los intentos de imponer una concepción militarista de la seguridad con el objeto de blindar las fronteras o eliminar las redes criminales podría producir beneficios inmediatos. Sin embargo, en un contexto de flujos económicos, legales e ilegales, altamente lucrativos, y con diversas organizaciones compitiendo por el control de las transacciones, tales intervenciones han provocado en Colombia, México y América Central el agravamiento de los desplazamientos forzados de poblaciones y generado mayor vulnerabilidad institucional.
En ausencia de un esfuerzo sustancial para fortalecer las instituciones y organizaciones no relacionadas directamente con la seguridad, las políticas militaristas pueden ser efectivas para eliminar determinado hombre fuerte o facciones de grupos armados, pero se corre el riesgo de reproducir la misma problemática y volver al punto de partida.
Investigador senior, Paz, Seguridad y Derechos Humanos, de FRIDE. Lea el informe completo en www.fride.org.
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