Las guerras de Dilma Rousseff

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ha entrado en los cinco meses previos a las elecciones presidenciales —en las que volverá a ser la candidata del Partido de los Trabajadores (PT)— en un infierno con varias guerras que han estallado al mismo tiempo. La más llamativa, la más parecida a una batalla de verdad, con armas, muertos, heridos y cientos de autobuses públicos incendiados, es la que están registrando paradójicamente las llamadas “favelas pacificadas”, que los narcotraficantes empiezan a reconquistar de manos de la policía. La más violenta, la que promueven los presos más peligrosos de las cárceles de máxima seguridad.

Pero si esta guerra es la más visible, no es quizás la más grave y determinante para Rousseff. La violencia de los narcos en territorios que el Estado dejó por mucho tiempo en sus manos, como la que golpea desde las cárceles, se remonta a décadas atrás y ha sido un dolor de cabeza para varios gobiernos. En cambio hay otros conflictos más soterrados y difíciles de gestionar que han hecho que una presidenta que tuvo más del 80% de popularidad resbale hasta el 37%, según el último sondeo de Ibope.

Una de estas guerras es, por ejemplo, la que libra contra una economía que patina y una inflación que en mayo habrá superado por primera vez el límite programado por el Gobierno de un 6,5%, algo simbólico que sabe a derrota psicológica.

También es grave la guerra en curso de Petrobrás, una empresa modelo de Brasil, considerada ejemplo de gestión y la duodécima empresa más importante del mundo, pero que hoy, tras haber perdido un 50% de su valor en Bolsa, se encuentra en el puesto 120 y zarandeada por una serie de presuntos escándalos de corrupción, con uno de sus máximos directivos en la cárcel y otro destituido, ambos del partido de Dilma Rousseff.

Podría parecer una paradoja, pero la guerra de Petrobrás la desencadenó la propia Rousseff semanas atrás con una confesión que ha sido bautizada de “sincericidio”. La presidenta afirmó que nunca habría aprobado la compra por parte de Petrobrás de una refinería en Pasadena (EE.UU.), que acabó con una pérdida para la petrolera de US$500 millones, de haber conocido todas las condiciones del contrato de compraventa. Rousseff dio luz verde a la operación en 2006, cuando era jefa de gabinete del presidente Lula da Silva y presidenta del Consejo de Administración de Petrobrás.

La mandataria confesó a los brasileños que aquella compra fue un “mal negocio”. El expresidente de Petrobrás Sérgio Gabrielli, nombrado durante el mandato de Lula, ha afirmado lo contrario: que fue un “buen negocio”, aunque no lo sigue siendo, y que la presidenta “no puede huir de su responsabilidad”.

La actual presidenta de Petrobrás, Graça Foster, nombrada por Rousseff cuando ya era presidenta, ha confirmado que fue un mal negocio, aunque añadió que podría no haberlo sido en aquel momento. ¿Quién tiene razón en esta guerra?

La oposición ha conseguido las firmas para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre posible corrupción en la gestión de la compraventa. Lula ha pedido a Rousseff que haga lo imposible para que dicha comisión no sea creada, justificando su petición en que es sólo una excusa de la guerra que libran diferentes bandos del PT. El asunto ha llegado al Tribunal Supremo Federal.