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Sebastián Piñera contra los encapuchados ya es uno de los enfrentamientos clásicos en Chile. El mandatario chileno ha impulsado tres veces medidas que castiguen a quienes oculten sus rostros en público durante manifestaciones. La primera fue en 2011, en su primer mandato, durante las protestas estudiantiles que sacudieron al país. El 4 de octubre de ese año, el presidente propuso la “Ley Hinzpeter”, nombrada así por el ministerio de Interior del momento, Rodrigo Hinzpeter, en la que se incluían medidas para “fortalecer el resguardo del orden público” condenando a los encapuchados.
“Los jóvenes menores de edad, frente al derecho penal, tienen bastante internalizada esta suerte de incapacidad normativa que actualmente tenemos para que el sistema judicial les aplique sanciones, y, en consecuencia, día a día ellos mismos van sintiendo menos temor en su actuar”, dijo Hinzpeter, defendiendo la implementación de una medida contra los encapuchados. Pero el anuncio provocó tantas críticas de los dirigentes estudiantiles y de la ciudadanía en su momento que no pudo avanzar en el legislativo. Le recomendamos: Las muchas razones del estallido social en Chile
“No puede ser que una toma de un colegio o de una institución pública sea entendida como un acto de vandalismo que es condenable. Es mucho más difícil hoy día ver al Ejecutivo como un actor o un interlocutor válido en esta instancia, donde nuevamente se nos pone la pistola en el pecho”, recriminó la entonces vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Vallejo.
En el legislativo, los diputados debatieron con vehemencia la iniciativa. “Los encapuchados no son solo delincuentes, son signos de estos tiempos. Si no somos capaces de adoptar otras medidas que no sean solo establecer más represión, esto se seguirá replicando. Si no somos capaces de entender la frustración y la rabia que tienen los jóvenes hoy, pregunto de qué estamos hablando”, declaró la diputada Alejandra Sepúlveda. “Rechazaré esta iniciativa, pues, en definitiva, criminaliza la protesta social y las movilizaciones, y no resuelve el problema de la delincuencia. ¡No es eficaz ni eficiente, y su objetivo es solo un asunto publicitario!”, declaró el senador Eugenio Tuma en la sala. “¡Vivan los encapuchados!”, agregó entre gritos el senador Alberto Espina en aquel momento. Vea también: Chile: cuarenta días de convulsión social
El plan de entonces se hundió, aunque no significó su muerte. Simplemente entró a un estado de hibernación en donde con un par de reformas resurgiría de nuevo en julio de 2012, una vez cesaron las marchas estudiantiles. Sin embargo, el proyecto de nuevo no prosperó. Si bien, la iniciativa de reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, los puntos clave sobre sancionar a manifestantes que cubrieran sus rostros fueron rechazados, y el Senado vetó la iniciativa. Y una vez más el proyecto cayó en un largo letargo, hasta agosto de este año.
Con los incidentes en el Instituto Nacional en agosto de este año, Piñera impulsó de nuevo el proyecto de castigo a los encapuchados a través de los senadores Felipe Kast, Andrés Allamand, Felipe Harboe, José Miguel Insulza y Víctor Pérez. Eso fue incluso antes del estallido social que hoy continúa sacudiendo al país. El panorama actual de la nación quizás ayudó a que en esta ocasión el proyecto de ley avanzara, y hoy se encuentra ad-portas de su aprobación. El proyecto de ley, ahora de nombre “ley antiencapuchados”, fue aprobado por 22 votos a 11 en el Senado, y ahora regresará a la Comisión de Seguridad del legislativo para su votación y luego se remitirá al Ejecutivo para su sanción. Detrás de todo, desde luego, está Piñera, quien ha urgido al Senado de aprobar la ley para “devolverle la normalidad al país”.
“Llegó la hora de decir ‘¡basta!’. El Gobierno está haciendo su trabajo con todos los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho”, expresó Piñera desde el Palacio de la Moneda.
Lo que quiso decir Piñera es que el gobierno tiene una lista de medidas que está a punto de ejecutar para hacer frente a la crisis social. “Estos proyectos son absolutamente urgentes y necesarios. Chile y los chilenos necesitamos mejores herramientas para combatir esta violencia criminal que hemos conocido las últimas semanas”, aclaró Piñera. Dentro de las normas también se encuentra una mayor presencia de Carabineros y una “ley anti-saqueos” para aplicar dentro de los próximos 60 días.
“(Estos proyectos de ley son) absolutamente necesarios: el proyecto antiencapuchados, el proyecto antibarricadas, el antisaqueos y el que permite a las Fuerzas Armadas proteger la infraestructura crítica en determinadas circunstancias y liberar a Carabineros para proteger el orden públicom estos proyectos son urgentes y necesarios. Chile necesita mejores herramientas para combatir esta violencia irracional”, dijo Piñera. “El gobierno ha impulsado el reintegro de carabineros y policías y el egreso de una nueva generación de suboficiales y oficiales. Estas medidas nos van a permitir a partir del próximo lunes contar con 2505 Carabineros y policías que se van a sumar el esfuerzo por orden público. Dentro de los próximos 60 días tendremos 4534 Carabineros y policías adicionales”, recalcó.
Sin embargo, la pregunta es si esta serie de medidas podrá resolver los problemas de fondo en la nación. Como explica la analista Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago en charla con The Associated Press, “la policía ha demostrado limitaciones efectivas para enfrentar la ola de violencia. Y especialmente resaltan los informes de derechos humanos que evidencian el uso excesivo de la fuerza”.
Humans Right Watch publicó esta semana un informe que destaca el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Chile y los graves abusos a los que han estado expuestos los ciudadanos en la nación.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas. Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Esa reforma de la que habla Vivanco es una sobre la formación militar y ética de las autoridades. Sin embargo, la vía por la que opta el gobierno es una reforma en la que se fortalezca el cuerpo policial en unidades y no en los operativos de respuesta. La mejor respuesta para el regreso de la normalidad en el país sería, según expertos, el diálogo. Sin embargo, este se ha visto diluido en los últimos días.
“Si la autoridad quiere dar señales claras, entonces lo que esperamos es que haya una agenda social ambiciosa. Hay demandas de largo plazo como la nueva Constitución vía asamblea constituyente; hay demandas sobre el derecho a salud, educación, vivienda, derecho a negociación colectiva, entre otras, pero también hay demandas muy precisas: un salario mínimo líquido de 500 mil pesos para el sector público y privado, una pensión mínima equivalente a este salario”, reclamó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa.
Piñera se ha convertido hoy en el presidente más impopular de la historia reciente de Chile desde el regreso de la democracia en 1990 con una aprobación de tan solo el 12%.
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