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Colombia y Ecuador viven circunstancias internas de enorme importancia histórica, pero sus presidentes no muestran mayor interés en comprender los procesos en curso en el país vecino, con el cual mantienen una creciente tensión, concentrados como están en los grandes desafíos internos de sus propias naciones y, desde allí y desde sus altos índices de apoyo popular, señalan a su contraparte como el causante de graves problemas nacionales.
Ese sesgo común limita la búsqueda de un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas y para manejar de manera cooperativa los retos transfronterizos en que ambos países están envueltos. Pero esa lógica de radicalización y mediatización de las diferencias para el consumo interno tiene sus límites. La exageración de los acontecimientos y el incremento de las mutuas recriminaciones van cansando a las poblaciones.
Además tiene altísimos costos para cada lado. Costos para combatir eficazmente el incremento de la delincuencia en el caso ecuatoriano. Costos para el eficaz control territorial de la frontera del lado colombiano. Costos, sobre todo, para el desarrollo fronterizo. De hecho, Colombia no ha tenido éxito en la sustitución de cultivos de uso ilícito ni los vecinos han podido poner en marcha el Plan Ecuador. A más de la movilización ciudadana, otro límite a la tensión puede provenir de la grave crisis financiera global, que exige un mutuo acompañamiento entre los gobiernos de países vecinos y socios en grupos de integración, si quieren impedir que los efectos sean más severos.
El Consejo de Defensa Suramericano podría ser el marco propicio para que Colombia y el Ecuador enmarquen sus diferencias en un ámbito más amplio de evaluación de las amenazas compartidas y de definición de políticas comunes de seguridad regional. Es posible también que la nueva administración en Estados Unidos le apueste a la estabilidad andina.
Estas dinámicas, que presionan a los dos gobiernos para que procesen sus desacuerdos, implican cambios en la percepción que se ha consolidado a cada lado. En Colombia exige un consenso sobre que no todo vale para hacerle frente a la amenaza interna a la seguridad y que no la puede combatir militarmente fuera de su territorio sin la autorización del Estado implicado. En Ecuador tendrá que cambiarse la percepción de que es una víctima de Colombia y que no acepta coordinar ni actuar conjuntamente con el Gobierno colombiano. Entre ambos países y sus gobiernos no cabe ninguna forma de imposición o desentendimiento mutuo, porque lo que está en juego son graves asuntos de seguridad fronteriza.
* Profesora del IEPRI, Universidad Nacional.
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