Lo que está en juego en Bolivia

El año 2005 estremeció a la OEA como ningún otro, al ver cómo su recién electo secretario general tenía que dimitir a su cargo y tomar un avión de vuelta a Costa Rica, en donde fue arrestado bajo cargos de corrupción.

A partir de allí se vivió una intensa lucha por llenar el espacio dejado por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. México y Chile presentaron candidatos y consiguieron, cada uno, apoyo de 16 de sus pares.

Después del respectivo pulso político, Chile salió adelante y José Miguel Insulza terminó como candidato único al puesto. Aun así, Insulza no logró la aprobación unánime: Bolivia y Perú se abstuvieron de votar, pues consideraron que un chileno en este cargo podría afectar sus disputas territoriales.

Insulza inició su mandato con los pies en Washington, pero el corazón en Santiago. Era un secreto a voces que el exministro estaba calentando motores para presentarse a las siguientes elecciones presidenciales de su país como candidato de la concertación. Con este hálito, muchas de las decisiones de Insulza fueron calificadas como cálculos políticos personales antes que como soluciones multilaterales a los problemas regionales.

Pero en Chile las cosas no fueron como esperaban y ante el fortalecimiento de la derecha, la coalición prefirió optar por el expresidente Frei. Insulza veía cómo se le iba su sueño dorado de las manos y corría el riesgo de quedar sin el pan y sin el queso. Le quedaba todavía la posibilidad de reelegirse en la OEA, pero es bien sabido que para ganar elecciones es muchas veces necesario aceitar maquinarias.

El embajador de Venezuela, Roy Chaderton, de manera por demás descarada, ha dicho que Venezuela ofreció su voto con la condición de que se deshiciera de Santiago Cantón, el secretario ejecutivo de la CIDH.

Es difícil saber a ciencia cierta qué tanta verdad hay en los lamentos del embajador. Lo que sí puede afirmarse es que, desde entonces, la relación entre el secretario general y la CIDH ha sido tensa y que varios incidentes sugieren cómo Insulza ha tratado de poner en cintura a un órgano independiente cuya labor es precisamente incomodar a los gobiernos, ser esa voz odiosa que recuerda constantemente que los derechos son cosa de todos los días y que se debe hacer mucho para garantizarlos.

Calladita se ve más bonita…

La cuestión ha ido más allá de la cabeza de Cantón (quien de hecho dejó hace un par de días la secretaría de la CIDH). Varios gobiernos —entre ellos Venezuela, Ecuador, México, Brasil y Colombia— llevan meses promoviendo reformas a la CIDH con la única intención de limitar sus poderes. Para ello redactaron un informe que fue luego sumisamente ratificado por el Comité Jurídico Interamericano. La puntada final la dio Insulza con un informe de seguimiento, en el que recomienda que, para llevar a cabo las recomendaciones, los Estados modifiquen el Estatuto de la CIDH y por esta vía le amarren las manos y le tapen la boca.

Si bien los embates vienen de todas las direcciones, he aquí algunos de los más peligrosos. Primero: Medidas cautelares, que son aquellas que se adoptan cuando hay personas en riesgos urgentes y merecen protección inmediata (como es el caso de muchos defensores de derechos humanos o de pueblos indígenas que enfrentan el riesgo de que actividades extractivas acaben con sus territorios y sus culturas). Los Estados afirman que no están expresamente establecidas en el Estatuto y sugieren incluirlas, pero limitando de una vez su alcance.

Segundo: Informes sobre los países de mayor preocupación: La CIDH, en su informe anual, reserva un espacio para tratar los temas y países de mayor preocupación. Los Estados pretenden que se modifique por un sistema en donde no se individualicen los países, sino que más bien investigue periódicamente a todos.

Tercero: Relatoría sobre libertad de expresión: la dependencia encargada especialmente de la libertad de expresión y que ha sido central para denunciar casos como el de las abusivas sanciones al diario El Universo del Ecuador y a sus colaboradores es uno de los objetivos centrales de países como Ecuador y Venezuela. Con la reforma pretenden bajar su perfil impidiéndole que publique informes autónomos y restringiendo su financiación.

Momento no muy favorable

El Estatuto de la CIDH fue adoptado hace más de cuatro décadas como un tratado internacional y nunca ha sido modificado. Ni para actualizarlo ni para empeorarlo. Lo que no hicieron las feroces dictaduras del cono sur a finales del siglo pasado, o el mismo Fujimori de los noventa, lo buscan hacer ahora las democracias populistas de la región. Las rivalidades entre derecha o izquierda se diluyen aquí en un objetivo común: el ya conocido pacto de “hagámonos pasito”.

Para ello han encontrado un sorpresivo y poderoso aliado, posicionado de manera estratégica en las entrañas del sistema. Si la reforma estatutaria se abre paso en Cochabamba, habrá ganado ya un terreno importante para debilitar el sistema. Y tendrán luego la oportunidad de dar el golpe de gracia unos meses más tarde cuando la CIDH decida sobre el reemplazo de Cantón, pues el secretario ejecutivo, a pesar de ser seleccionado por la Comisión, debe ser ratificado por el secretario general de la OEA.

Así las cosas, la CIDH puede salir en cuidados intensivos de Cochabamba y con un pronóstico muy reservado.

* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia.