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La mayoría de los países del mundo han acordado un tratado internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que prohíbe interferir con los barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz. Pero ni Estados Unidos ni Irán han ratificado el tratado. Y ahora, ambos dicen que quieren imponer peajes a los barcos que pasen por el estrecho.
Eso sería ilegal según el derecho del mar, como se conoce ampliamente el pacto. Las acciones representan un desafío significativo a un tratado negociado por las Naciones Unidas que establece una amplia gama de normas de comportamiento en aguas que ninguna nación posee o controla. El lunes, Donald Trump les dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que le gustaría que Estados Unidos impusiera un peaje en el estrecho de Ormuz, un canal de navegación vital que Irán lleva bloqueando desde el comienzo de la guerra. Respondía así al hecho de que Irán ha estado estableciendo peajes por su cuenta en la vía marítima, y recientemente ha indicado que tiene intención de hacerlo una vez restablecida la paz. Anteriormente, funcionarios estadounidenses habían calificado estas acciones de ilegales.
Alrededor de una quinta parte del petróleo mundial suele pasar por el estrecho de Ormuz. Los ataques a los barcos que allí navegan, supuestamente por parte de Irán, han hecho que el tráfico caiga en picada y han disparado los precios del petróleo en todo el mundo.
“Todo el derecho internacional, desafortunadamente, es frágil” y depende del respeto mutuo entre las naciones, dijo Saleem Ali, experto en política y director del departamento de geografía de la Universidad de Delaware.
Las leyes internacionales no conllevan las mismas consecuencias para los infractores que las nacionales. El derecho del mar establece un proceso para los litigios internacionales, pero solo para los países que han ratificado el tratado. En efecto, requiere que las naciones acepten cooperar, lo que dificulta su aplicación.
El presidente Trump declaró recientemente a The New York Times que no necesita el derecho internacional, solo su propia moralidad.
El derecho del mar funciona como un tratado que han ratificado 171 naciones y la Unión Europea. Fija las fronteras nacionales en el océano, crea normas para industrias como la pesca y establece el paso seguro de los barcos por aguas internacionales fuera de la jurisdicción de un país individual. También establece que ciertas vías marítimas, como el estrecho de Ormuz, sean libremente transitables para la navegación internacional y prohíbe interferencias como los peajes.
Desde que la ley actual entró finalmente en vigor en 1994, ha funcionado, aunque de forma imperfecta. Ello se debe a que el puñado de naciones que no ratificaron la ley han seguido en general sus normas durante décadas, incluidos Estados Unidos e Irán, una práctica que reforzó la ley como statu quo internacional, dijo Ali.
Según Clayton Seigle, experto en seguridad energética del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, cualquier futuro acuerdo de peaje probablemente incrementaría el precio del petróleo y del gas, lo que afectaría sobre todo a los países que dependen de los envíos procedentes de esta región.
Pero lo más probable es que ese hipotético aumento de los precios fuera pequeño en comparación con el repunte que el mundo está experimentando ahora, dijo.
Si Irán siguiera cobrando peajes en tiempos de paz, como ha dicho que pretende hacer, ello podría sentar un precedente que tentara a otras naciones que tienen costas en vías marítimas críticas de todo el mundo a seguir su ejemplo, dijo Donald Rothwell, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Australia, especializado en derecho internacional de los océanos.
Aparte de la situación en el estrecho de Ormuz, desde hace un año el gobierno de Trump ha manifestado su intención de hacer caso omiso del derecho del mar de otra manera. El gobierno ha dicho que planea expedir permisos que permitirían a las empresas explotar el lecho marino en busca de minerales y recursos valiosos en aguas internacionales, una práctica que el derecho del mar también fue concebido para regular.
Cuando las Naciones Unidas crearon la ley, delegaron la tarea de supervisar la industria minera de los fondos marinos en una organización independiente, que ha pasado una década debatiendo un reglamento de la industria aún inacabado. Hasta el año pasado, Estados Unidos había participado en esos debates, aunque no había ratificado el derecho del mar.
El riesgo, según Rothwell, es que otros países que ambicionan iniciar la explotación minera de los fondos marinos, como Japón, también se sientan tentados a seguir el ejemplo de Estados Unidos y posiblemente abandonen el tratado.
No es infrecuente que los países que han ratificado el derecho del mar impugnen diversas partes del mismo, dijo Scott Savitz, profesor de la Escuela Rand de Políticas Públicas. China, por ejemplo, ha reclamado partes del mar de China Meridional como territorio nacional.
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