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El domingo, en un campo de desplazados de Tal al Sultan (en Rafah), impactó un misil y se formó un voraz incendio, lo que mató a 45 personas. Se trató de un ataque del ejército israelí que iba dirigido contra dos altos cargos de Hamás, pero que resultó ampliamente condenado por la comunidad internacional y que Israel consideró un “trágico percance”. También, el 28 de mayo, se reportó la muerte de 21 personas en la zona humanitaria de Al Mawasi, un ataque del que Israel dijo no ser responsable.
Los días pasan y la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener “inmediatamente” la ofensiva militar y “cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial” parece haber quedado en el aire.
El 24 de mayo, el tribunal dio respuesta a la solicitud presentada por Sudáfrica para emitir una medida de emergencia contra Israel, cuya operación en Rafah es señalada de “genocida” y como amenaza para la supervivencia del pueblo palestino. También dispuso que Israel debe dar acceso a la Franja de Gaza a cualquier misión de investigación de las Naciones Unidas (ONU) e informar sobre los avances de cumplimiento de la orden en un mes. Sin embargo, Israel no ha cumplido con la orden.
La ciudad de Rafah, el mayor centro urbano en la frontera con Egipto, llegó a ser el único acceso de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y el principal refugio para casi 1.900.000 desplazados gazatíes que resultaron de las represalias de Israel contra Hamás por el ataque del 7 de octubre, que dejó casi 1.200 personas asesinadas y 250 secuestradas, de las cuales unas 120 siguen en cautiverio. Según inteligencia militar israelí, en Rafah se encuentra “el último bastión de Hamás”, por lo que llevar a cabo una operación militar a gran escala que destruya al grupo y consiga la victoria total les resulta necesario.
Según Enrique Prieto, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, “lo del 7 de octubre fue un ataque terrorista que violó todas las leyes del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y allí había una justificación legal para que Israel tomara unas acciones militares en contra de Hamás”. Sin embargo, “ahora el problema es diferenciar qué es Hamás y hasta dónde llega”, agregó.
Israel es acusado de incumplir con uno de los principios generales del DIH, el principio de distinción, que obliga a que los ataques sean dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil. Aunque “el límite es que acabe con Hamás, acá vemos que desde el 7 de octubre hay una invasión, y digo invasión porque ya no parece una defensa legítima protegida por el derecho internacional, en la que se ataca a todos”, explicó Prieto. “Como no sé quién es Hamás, entonces ataco a todos”, expresó.
Ante la imposibilidad de la CIJ de llevar a cabo acciones materiales contra Israel para que haga efectiva la orden que le impuso, lo que podría suceder es que la comunidad internacional aplique sanciones económicas, como el embargo de armas que se dirijan a Israel o, por ejemplo, que Estados Unidos deje de proporcionar ayuda económica al país. Según The New York Times, existe un memorando de entendimiento de 10 años firmado por Washington para dar US$3.800 millones anuales en ayuda militar a Israel, sin contar los US$15.000 millones en ayuda adicional aprobados el mes pasado por el Congreso.
También existe la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU (integrado permanentemente por Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia) decida crear una resolución vinculante (de obligatorio cumplimiento) que prohíba el uso general de la fuerza por parte de Israel. Un panorama poco probable dado el constante respaldo de Washington a Israel en ese órgano. Según Prieto, “el Consejo de Seguridad podría traerse una resolución que cuente con el voto favorable para implementar una medida de tipo militar que detenga todo este conflicto. Pero, previo al uso militar, el Consejo puede implementar bloqueos económicos, marítimos o aéreos”, explicó el analista. “Desde el Consejo sí se puede hacer una presión importante, (…) lo mejor es intentar una salida diplomática, porque un conflicto requiere más conflicto y muerte”, opinó.
Teniendo opciones para intervenir y detener la muerte de civiles, en Rafah podría quedar la duda de por qué no se toman medidas pronto. En el caso el Consejo de Seguridad, se necesitaría la aprobación unánime de los miembros permanentes, pero según Prieto no existe “voluntad política” de los países para tomar una decisión. El embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, dijo que es hora de que el Consejo “actúe y no solo hable” para detener la guerra en Gaza, antes de comenzar una sesión de emergencia que se convocó el 28 de mayo por los bombardeos del fin de semana contra Rafah. No obstante, ni Estados Unidos o Reino Unido muestran intención de votar por el sí, y menos en temporada de elecciones presidenciales.
Estamos muy lejos de que el Consejo tome una decisión, dijo Prieto. Pero “si continuamos presionando a Israel en la esfera internacional, por ejemplo, con el reconocimiento de Irlanda, España y Noruega a Palestina como Estado, sumado a los pronunciamientos de la CIJ, así sean preliminares; la solicitud de arresto del fiscal de la Corte Penal Internacional (CIP) para los líderes de Israel, etcétera, si esto se vuelve una bola de nieve, en una o dos semanas estaríamos muy cerca de un cese de hostilidades”, agregó. Si Israel mantiene el apoyo que le ofrecen Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, seguirá adelante. Por eso es importante la presión diplomática internacional para que haya un cambio, concluyó el analista.
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Por Juliana Castellanos Guevara
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