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A pocos meses de cumplirse los 30 años de la guerra de las islas Malvinas, el conflicto entre Argentina y el Reino Unido está en un punto muy álgido y amenaza con escalar ahora que la presidenta Cristina Fernández regresa a su trabajo, luego de casi tres semanas de incapacidad por la operación a la que fue sometida. Fernández, quien desde que llegó al poder remarcó su deseo de tener soberanía total sobre las islas, desde el año pasado terminó los acuerdos de cooperación con los británicos.
El Reino Unido tampoco se ha quedado quieto en este tema. En la sesión semanal de preguntas en la Cámara de los Comunes, Cameron acusó a Argentina de “colonialismo” por su insistencia en reclamar las islas. “Yo diría que lo que los argentinos han estado diciendo recientemente es mucho más que colonialismo porque esta gente (por los malvinenses) quiere seguir siendo británica y los argentinos quieren que ellos hagan otra cosa», afirmó Cameron, quien hace dos semanas descartó una negociación sobre la soberanía y advirtió que mantenían la “vigilancia” en la zona.
Según reveló el periódico inglés “The Times”, Cameron dedicó una jornada para evaluar con los militares británicos la retórica cada vez más agresiva procedente del gobierno argentino, encabezado por su presidenta. La publicación señala que el Reino Unido tiene planes para desplegar rápidamente efectivos militares en las islas a través de la isla de Ascensión, en el océano Atlántico. Añade The Times que Cameron consideran que las islas están hoy mejor protegidas que en 1982, “cuando la Junta militar argentina decidió ocuparlas el 2 de abril de ese año, acción que provocó una guerra entre los dos países”.
Las islas cuentan con cuatro aviones Thyphoon en Mount Pleasant, base aérea que tiene un radar, y siempre hay una fragata o un destructor que patrulla la zona, informa el periódico, que añade que el Ministerio británico de Defensa no ha querido revelar dónde están sus submarinos nucleares.
En respuesta a esta afirmación, el gobierno argentino consideró “ofensivas” las declaraciones e insistió en su reclamo territorial. “Cualquier país, cualquier pueblo, que conozca algo de colonialismo sabe que la Argentina no es un país colonialista”, aseguró el canciller argentino, Héctor Timerman, quien insistió en que el conflicto debe solucionarse por medios pacíficos. “Argentina ha planteado por décadas que la única manera de resolver la cuestión Malvinas y la cuestión que reclamamos desde 1833, cuando se produce la invasión inglesa, es a través del diálogo y la negociación pacífica», manifestó el canciller argentino.
Recordó que así “lo indican 11 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y más de 29 declaraciones del Comité Antidescolonización de las Naciones Unidas. En ningún momento la Argentina pretende ninguna forma de solución que (no sea) el diálogo (…), sin necesidad de entrar en formas militaristas que no ayudan a nadie. En la medida que Gran Bretaña conozca la realidad de América Latina estaremos más cerca de una solución», consideró, y destacó que el reclamo argentino se ha convertido «en una causa latinoamericana”, agregó el canciller.
Organizaciones sociales y políticas de Argentina repudiaron al ministro británico y reafirmaron la soberanía argentina sobre las Malvinas en un acto realizado en las inmediaciones de la embajada de Londres en Buenos Aires. “Chau piratas de las Malvinas y chau yankis de América Latina, arriba Cristina», fueron las consignas voceadas en la protesta, donde se desplegaron banderas rojas y negras del Movimiento Evita.
Cristina también tendrá que resolver la tensión comercial con Brasil por un nuevo régimen para las importaciones establecido por Argentina. Fernández retorna, además, luego de la denuncia presentada por el Gobierno contra la petrolera española Repsol, la anglo-holandesa Shell, la estadounidense Esso, la brasileña Petrobras y la argentina Oil Combustibles por supuestos millonarios «sobreprecios» en el gasóleo para el transporte público y de cargas. También permanecen congeladas las relaciones de Fernández con Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo, el mayor sindicato del país, quien a fines del año pasado se distanció del Gobierno y renunció a cargos directivos en el Partido Justicialista (peronista) en el poder, luego de haber sido un aliado clave de la mandataria.