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México no resiste más desaparecidos

La búsqueda de los 43 estudiantes en México enfrenta a las autoridades con una triste realidad: el abundante hallazgo de fosas comunes.

María Guadalupe Orozco muestra una foto de  Francis García Orozco, desaparecido en Iguala en 2010.  / AFP
María Guadalupe Orozco muestra una foto de Francis García Orozco, desaparecido en Iguala en 2010. / AFP
Foto: AFP - RONALDO SCHEMIDT

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Cada día que pasa en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, parece que está destinado a darle nuevos aires a la tragedia mexicana. La desazón es doble: por una parte está la insostenible, al menos políticamente, ausencia de los jóvenes, y por otro, los hallazgos que van apareciendo en su búsqueda, una rutina que ha llevado al país a adentrarse en ese cuarto oscuro y abandonado que nunca visitaba y del que hoy brota tanto espanto.

Primero fueron halladas dos fosas comunes con cuerpos calcinados y, enseguida, el número fue aumentando conforme iban adelantándose más y más trabajos. Antes del fin de semana, el número ya se establecía en nueve fosas halladas en total, en medio de la vastedad de los cerros que rodean Iguala. La última mala nueva apareció cuando la Policía Comunitaria de Guerrero, conformada por campesinos que cansados por la injusticia decidieron llenar los vacíos que dejaba el Estado, reportó a las autoridades el descubrimiento de diversas tumbas anónimas en un rastreo en los montes. Los campesinos querían dar una mano a favor de ‘los 43’. Sin embargo, hay demasiadas preguntas enterradas en toda la región, aunque hoy la principal sea: ¿Y los estudiantes?

Ellos desaparecieron el 26 de septiembre y a lo largo de las últimas tres semanas su rastro es seguido cotidianamente en las noticias y en las búsquedas sin resultado. El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en entrevista con el diario mexicano El Universal, describió la situación a su manera: “La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha en materia de derechos humanos es la crisis más seria que ha enfrentado México desde los tiempos de Tlatelolco, especialmente con la culminación de estas desapariciones de más de 40 estudiantes”.

La matanza de Tlatelolco ocurrió en Ciudad de México el 2 de octubre de 1968 y es uno de los capítulos más vergonzantes de la historia de la institucionalidad mexicana. Las protestas de estudiantes, principalmente de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, derivaron en una masacre —perpetrada por fuerzas oficiales en alianza con grupos paramilitares— que, según las cifras oficiales de entonces dejó 20 estudiantes muertos, aunque las investigaciones posteriores reportaran centenas de muertes y desapariciones.

Así es como la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala está marcando un antes y un después, trayendo a colación el punto quizá más desagradable de un cuento de terror. Hoy no solo se trata de 43 vidas de las que no se conoce destino ni estado, sino que de a poco el tema se ha ido convirtiendo en el último envión de fuerza en una cuerda a punto de reventar.

México no resiste un solo desaparecido más, porque ya son cerca de 22.000 desde 2006. Y si bien los números muestran un pico considerable durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), los logros del actual gobernante, Enrique Peña Nieto están lejos de ofrecer un aire de calma. La propia Human Rights Watch advierte que en mayo de 2014 el secretario de Gobernación de México, Osorio Chong, señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido a 8.000. En junio, el entonces subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8.000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto.

Los campesinos que se unieron a la búsqueda actualmente dicen con tranquilidad, o más bien con un miedo controlado, que las montañas que hoy recorren han sido una suerte de muro de fusilamiento utilizado por ese ‘narco’ que hoy llaman cartel de los Guerreros Unidos, aunque antes se tratara de los Hermanos Beltrán Leyva u otro tipo de organización dedicada al tráfico de drogas, de gente y al silenciamiento sistemático de enemigos e inocentes. La prensa mexicana reporta que el Gobierno ahora ofrece una recompensa de 100.000 dólares a quienes ofrezcan información que lleve a los 43 estudiantes y el padre Alejandro Solalinde, un veterano y conocido defensor de los derechos humanos, acudía a la Fiscalía para entregar las versiones que varios testigos le han entregado y que no se atreven a lanzar por cuenta propia. A priori, las noticias que se avecinan no parecen buenas: según Solalinde, los estudiantes fueron quemados vivos.

dalarcon@elespectador.com

@Motamotta

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