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El ministro marroquí de Justicia, Mustafa Ramid, dijo que sigue esperando «las propuestas de instancias en el ámbito de la protección de los derechos humanos» para adoptarlas en las investigaciones emprendidas cuando haya acusaciones de tortura.
En un comunicado emitido este lunes por su departamento, Ramid volvió a reconocer implícitamente la práctica de los malos tratos en su país al reiterar «la determinación de su departamento a hacer frente con rigor al fenómeno de la tortura».
El ministro puso como ejemplo la implicación de médicos especialistas que vengan propuestos por las organizaciones pro derechos humanos, una implicación que hasta el momento está siendo solo teórica.
La práctica de la tortura está en el centro del debate sobre el respeto a los derechos humanos en Marruecos: mientras que organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch la consideran sistemática en las comisarías, el gobierno asegura que no es una política de Estado, sino rémora de «malos hábitos».
La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, que visitó Rabat el pasado mayo, subrayó en su informe preliminar la «inquietud sobre el uso de la tortura y los malos tratos, así como la admisibilidad en los tribunales de las confesiones extraídas bajo tortura».
En ese mismo informe, aseguró que el rey Mohamed VI le dijo que «no puede tolerar la tortura, aunque no pueda excluir que existan casos aislados».
El actual gobierno, encabezado por el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), ha «contraatacado» a quienes lo acusan de tortura que han denunciando en varias ocasiones a los denunciantes.
El comunicado emitido este lunes distingue entre quienes «de buena fe denuncian casos de tortura» y quienes lo hacen «movidos por la mala fe para atentar contra la reputación de personas e instituciones» y terminan presentando «acusaciones mentirosas».
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