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El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió al tribunal emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa del mismo país, Yoav Gallant; así como contra los máximos líderes de Hamás. Las autoridades israelíes reaccionaron diciendo que resulta “despreciable establecer paralelos entre los líderes de un país democrático decidido a defenderse del terrorismo y los líderes de una organización terrorista sedienta de sangre”. Para Hamás, que también condenó el anuncio, significa “comparar a la víctima con el verdugo”.
Según las órdenes de detención, el fiscal Khan acusa a Netanyahu y Gallant por crímenes como “matar deliberadamente de hambre a civiles”, “homicidio intencionado” y “exterminio o asesinato”. Para el caso de Yahya Sinwar (jefe de Hamás), Mohammed Diab Ibrahim al Masri (comandante de las Brigadas Al Qassam, brazo armado de la organización) e Ismail Haniyeh (jefe de la oficina política de Hamás), se habla de “exterminio”, “actos de violencia sexual” y “tortura”, entre otros.
Aunque parezca insólito que un primer ministro como Netanyahu pueda cargar con una orden de captura internacional es necesario hacer algunas aclaraciones. Hoy 124 países forman parte del Estatuto de Roma, que dio vida a la CPI, el órgano internacional permanente encargado de juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero Rusia, China, Estados Unidos e Israel no reconocen la competencia de este tribunal, lo que significa que no están obligados a hacer efectivas, en este caso, órdenes de captura en sus territorios.
Así, para comenzar, dentro de las fronteras de Israel, a Netanyahu no le pasaría nada. Sin embargo, “si se aprobara la solicitud y el primer ministro viajara a países que sí ratificaron el Estatuto como Reino Unido o Alemania, estos sí estarían obligados a hacer el arresto”, explica Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario. No obstante, “realmente es muy complicado que un país como Alemania quiera meterse en el rollo político de detenerlo. Probablemente lo que va a hacer es usar el argumento de la protección diplomática de los jefes de Estado para no hacerlo”, agrega Prieto. Una situación que renueva el debate de las limitaciones del derecho internacional.
Pero “¿si el derecho no se aplica, no valdría la pena insistir?”, cuestiona Rafael Prieto, doctor en derecho internacional y profesor de la Universidad Javeriana. “Creo que esa es la lucha permanente. Esto también es un tema de ética internacional: no deberíamos estar en los inicios más tristes del derecho internacional donde es la fuerza lo que impera”, añadió. Para Teresa Aya, analista internacional de Medio Oriente, “este también podría ser un mensaje para decir: a lo mejor, si usted para de hacer lo que está haciendo, el día de mañana le va mejor”.
Existen algunos casos con resultados materiales como consecuencia de las órdenes de arresto que ha emitido la CPI, como el del líder militar congolés Bosco Ntaganda, que fue sentenciado a un total de 30 años de prisión en noviembre de 2019 por crímenes de guerra y lesa humanidad en Ituri, República Democrática del Congo. También, al director de inteligencia militar bajo el régimen de Muamar el Gadafi en Libia, Abdullah al Senussi, acusado de crímenes de lesa humanidad en 2011, quien, sin embargo, fue sentenciado a muerte por una corte Libia en 2015. O el caso en curso contra el primer líder de Estado en ejercicio con una orden de arresto de la CPI en su contra, el derrocado presidente de Sudán Omar al Bashir, requerido por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto en la región de Darfur.
Por otro lado, está el caso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tiene una orden de captura de la CPI desde marzo de 2023 por deportar a la fuerza a miles de niños ucranianos a Rusia. Si bien no ha sido detenido, sí ha restringido o impactado en sus decisiones de viaje.
Hay que insistir en que en este momento no hay una orden de captura emitida: lo que se anunció fue la solicitud del fiscal que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI estudie el caso y tome una decisión.
Según el artículo 58 del Estatuto de Roma, en cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares podría dictar, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y si la detención es necesaria para impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.
De acuerdo con el fiscal general, contra Netanyahu y Gallant, la oficina tiene pruebas que han recopilado “incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, que muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”. Además, subraya que las solicitudes presentadas hoy a los jueces son “resultado de una investigación independiente e imparcial” de su oficina.
Por el lado de Sinwar, Haniya y al Masri -los líderes acusados de Hamás-, Khan también expuso que estos individuos “planearon e instigaron la comisión de crímenes” el 7 de octubre de 2023 “y han reconocido a través de sus propias acciones, incluyendo visitas personales a los rehenes poco después de su secuestro, su responsabilidad por esos crímenes”.
“El alcance de las órdenes depende del Estado. Pero sirve para mandarle un mensaje a Israel, de que lo van a aislar, de que están en contra de lo que están haciendo y decirles que el hambre no es un arma de guerra. También, es un mensaje para Hamás diciéndole usted no puede seguir presentándose como una víctima cuando usted cometió atrocidades contra 1.200 personas, además del secuestro”, concluyó la analista Aya.
El plazo para que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares tomen una decisión varía, a veces semanas e incluso meses. Por ahora, Israel, como Estado, deberá responder ante la acusación de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio. Según el país demandante, las acciones de Israel “son de carácter genocida porque pretenden provocar la destrucción de una parte sustancial” de los palestinos en Gaza. Por su parte, Israel aceptó que es cierto que hay en curso una “guerra trágica” en Gaza, pero negó que fuera un genocidio, imputando a Sudáfrica de distorsionar la realidad.
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Por Juliana Castellanos Guevara
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