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El fiscal peruano José Domingo Pérez se considera un tipo sencillo y humilde, pero desde hace rato ocupa los principales titulares de prensa de su país. Hace dos años fue encargado por la justicia de Perú de liderar la investigación del escándalo de corrupción de Odebrecht, que, como en varios países de la región, salpicó a gran parte de la clase política de su país.
Sobre su escritorio reposaron las investigaciones de importantes a personajes de la política peruana como los expresidentes Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, así como la de la líder de la oposición Keiko Fujimori. Fue también quien ordenó que los metieran a la cárcel a los tres.
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En entrevista con El Espectador, el fiscal Pérez habla sobre el caso de la polémica política peruana, que esta semana podría quedar en libertad, así como de las críticas que ha recibido de varios sectores de su país, que lo acusan de haber politizado la justicia.
¿Cómo está la salud de la justicia hoy en Perú tras el escándalo de sobornos que salpicó a los jueces?
Si no se hubiera dado el destape de este escándalo, el avance en el caso Lava Jato no tendría los resultados actuales. Se pudo evitar que jueces que estaban vinculados a oscuros intereses siguieran ejerciendo, como es el caso de César Hinostroza, que se encuentra con pedido de extradición en España, y quien iba a tener una injerencia directa en el caso de la señora Keiko Fujimori. Este caso hizo que los magistrados corruptos no pudieran tomar decisiones en el proceso.
Usted fue quien tomó la decisión de enviar a la cárcel a Keiko Fujimori. ¿Cuáles fueron sus razones?
Yo soy fiscal de primera instancia, por lo tanto, soy responsable de hacer la solicitud de prisión preventiva. En este caso se evidenció que funcionarios de Odebrecht entregaron US$1 millón a representantes de la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori en 2011. Pero además hubo un proceso de lavado de activos. De blanquear o dar apariencia de legalidad a dinero para esta campaña, a través de la simulación de miles de falsos aportes pequeños. La ley peruana señala que la pena para estos casos es grave. Pero en el caso de la señora Fujimori también había peligro procesal.
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¿Cuál era ese peligro?
Había peligro de obstaculización a la investigación. Esto también fue decisivo para que en primera instancia se le diera la prisión preventiva, que fue confirmada en segunda instancia. Se evidenció que la señora Fujimori buscó interferir con la libre declaración de los testigos y los colaboradores que se acogieron a la justicia.
Una vez inicia la investigación, personas del entorno de la excandidata dijeron que habían sido presionados para dar testimonios falsos, así como logramos ver que había planes para obstaculizar a la justicia por medio de blindajes políticos, como en el caso del exfiscal Pedro Chavarry, a quien le ofrecieron protegerlo si él protegía al círculo de la señora Fujimori. Usted dijo que esperaba completar la investigación contra Fujimori a más tardar a final de año. ¿Qué tan avanzada está?
Estamos en eso para poder concluir dentro de los plazos establecido. Aunque la prisión preventiva contra Keiko Fujimori es de 36 meses, este no es el mismo plazo para la investigación. Lo que buscamos es que dentro de esos tres años lleguemos a un juzgamiento. Esperamos cumplir con esas proyecciones, siempre y cuando no se obstruya el normal desarrollo de la investigación.
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La audiencia de casación para determinar si Fujimori queda o no en libertad será el 9 de agosto. ¿Usted qué espera de ese día?
Que haya una confirmación de la decisión de la Fiscalía de mantener la prisión preventiva contra la señora Fujimori. El Ministerio Público ha probado que hay peligro de obstaculización en la investigación, presionando a los testigos o interfiriendo dentro de los órganos de la justicia del país. Eso ha sido claro y por eso esperamos que la Corte Suprema de Justicia nos dé la razón.
¿Cuánta gente está investigada por el caso Odebrecht en Perú?
En este momento no tengo el número exacto, pero le podría decir que están investigados tres expresidentes, excandidatos de la campaña del 2011, autoridades regionales y alcaldes de Lima. Así como empresarios de la construcción, que crearon un cartel para beneficiarse de los dineros públicos.
¿No es curioso que cuatro expresidentes estén procesados por corrupción? ¿Qué pasa en Perú?
Creo que esto muestra que las instituciones encargadas de la persecución del crimen están cumpliendo con su labor. No hay ningún ciudadano o político que pueda escapar a las investigaciones de la Fiscalía. Creo que eso es una manifestación de que todos somos iguales ante la ley.
Usted fue clave en el caso de Alan García. ¿Cómo toma las acusaciones de sus seguidores que lo culpan de haber provocado su suicidio?
Les digo que no hubo ninguna persecución política, sino investigaciones de índole penal. El caso del señor Alan García fue uno de ellos. Sobre él se llevaba una investigación sobre la obra del metro de Lima, en el cual se comprobó que hubo entregas de dinero de soborno a funcionarios de la administración del señor García. Por eso se solicita una detención preliminar. Y en el momento que se iba a ejecutar, a la cual no pude asistir, García toma esa fatal decisión.
Qué les responde a aquellos que afirman que usted ha ayudado a que se politice la justicia…
Que la política se ha judicializado es falso. Por el contrario, son personas o funcionarios involucrados en política quienes han cometido crímenes. La prisión preventiva es una medida que se encuentra regulada en el Código Procesal Penal y a la que se llega si un juez acepta el requerimiento debidamente sustentado, con evidencias. Y en el caso del Perú, no hay ningún expresidente o autoridad, de derecha o de izquierda, que esté exento de ser investigado.
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