Oposición argentina culpa a la corrupción de la tragedia ferroviaria

«Se veía venir». Esa era la frase más repetida entre los congresistas de la oposición argentina. Apenas habían pasado seis meses desde que el 11 de septiembre de 2011 muriesen 11 personas y resultasen heridas 212. Se trataba de la misma línea donde el miércoles murieron 50 viajeros. La Auditoría General de la Nación había emitido desde 2002 a 2008 cuatro informes en los que advertía que la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) no cumplía los requisitos básicos en materia de seguridad y mantenimiento. A raíz del accidente, varios dirigentes del sindicato peronista Confederación General del Trabajo (CGT) pidieron la rescisión del contrato a TBA. Unos reclamaban la nacionalización de los trenes y otros un mayor control sobre las sustanciosas subvenciones recibidas por la empresa gestora desde 1995, cuando gobernaba Carlos Menem.

El Gobierno, sin embargo, ha determinado no dar un paso antes de que se pronuncie la justicia. En una comparecencia pública sin derecho a preguntas, el ministro de Planificación, Julio de Vido, anunció que la presidenta había ordenado que el Estado se presentase como querellante en la causa judicial que investiga el accidente. «Acá no se presentan esquemas de protección para nadie», señaló De Vido. La frase podría interpretarse como una clara alusión a los dueños de TBA, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, quienes han venido gozando de excelentes relaciones con todos los Gobiernos en Argentina desde 1995. Sin embargo, De Vido no anunció ayer la rescisión del contrato con TBA.

Un directivo de la compañía puso el foco sobre el maquinista, un operario de 28 años quien se encuentra herido de gravedad, al sostener que era muy improbable que hubiese fallado el sistema del freno del tren. Horas más tarde, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, informó que el tren había venido circulando durante varias horas sin que en ningún momento se registraran problemas al frenar.

La diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, declaró: «Ojalá los argentinos podamos comprender de una vez por todas que la corrupción y la impunidad matan». El jueves, precisamente, se supo que el juez Norberto Oyarbide determinó la nulidad como prueba de miles de correos electrónicos que podrían servir como herramienta de las acusaciones que pesan sobre el antiguo secretario de Transporte, Ricardo Jaime (2003-2009). Jaime estaba implicado en 15 casos de corrupción supuestamente cometidos durante su mandato. En 2009 la fiscalía anticorrupción le abrió una investigación porque sospechaba que el avión privado en el que el antiguo secretario de Estado solía viajar a Brasil lo costeaban los dueños de Trenes de Buenos Aires.

La oposición pidió la comparecencia en el Congreso del secretario de Transporte, pero este declaró que aún no era el momento. En cuanto a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el diario El Cronista criticó en un editorial el hecho de que su «única reacción» haya sido «la lógica suspensión de los festejos de carnaval y un escueto comunicado de condolencias para las víctimas».