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El anuncio de Colombia de que Panamá entrará en su lista gris de paraísos fiscales ha dejado al gobierno de Juan Carlos Varela un sabor más plomizo de lo que una noticia de este tipo suele producir: así acabaron sus primeros cien días en el poder (conocidos en el argot político local como la “luna de miel”), y así su administración se pone por primera vez de cara al potente círculo empresarial canalero, que exige una respuesta al menos contundente.
Varela promete que hará algo, pero no confirma qué. Aunque no parece desesperarse, el margen de maniobra se le achica por problemas domésticos. Una crisis en el sistema de buses de la capital (operado por Fanalca, a la que el Gobierno pretende sacar del negocio), denuncias de nepotismo, y procesos en la Asamblea Nacional contra un magistrado de la Corte Suprema.
“Vamos a actuar con firmeza”, aseguró en la televisión local la canciller Isabel Saint Malo, en concesión a las presiones de los banqueros, que satanizan la frase “paraíso fiscal” y exigen aplicar la ley del Talión, aunque de puntillas, dada la transcendencia de Colombia en casi todas las industrias panameñas. Se trata del principal inversor extranjero y de uno de los mercados más importantes del sistema bancario panameño, que tras la caída de la dictadura militar se ha robustecido en veinticinco años, entre otras cosas por su capacidad de “guardar secretos”.
En menos de una semana la turba empresarial ha propuesto aplicar visados, aranceles, cobrar por el tránsito de buques militares colombianos por el Canal (calculado aquí en US$30 millones anuales), frenar la interconexión eléctrica por el tapón del Darién o deportar a los colombianos de las cárceles panameñas. Y, reiteran, cualquiera otra idea que golpee “con la misma magnitud” a Bogotá.
El herido corazón financiero de PanamáLa medida adoptada por el gobierno de Juan Manuel Santos ha terminado de afinar los discursos nacionalistas que empezaron con la reprobación generalizada de una feria de regularización migratoria (que las autoridades panameñas decidieron terminar).
“Es un irrespeto, nos pone en el lado oscuro de la balanza”, punzó por su lado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que reúne a una treintena de organizaciones empresariales.
El empresario Carlos Troetsch, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, magnifica el problema: “La medida tomada por Colombia rompe los esquemas de derecho público-internacional y viola los acuerdos comerciales que Panamá ha mantenido con el hermano país”.
Los empresarios creen que Colombia también usó a Panamá como un conejillo de Indias para escalar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Que Bogotá, en un intento por aumentar su porcentaje de recaudación de impuestos para ingresar al organismo, intenta exprimir al país con una norma que le permita saber quiénes evaden impuestos en el centro bancario internacional canalero.
“Es una estocada en la espalda”, advirtió Adolfo Linares, expresidente de la Cámara Panameña de Industria, posición respaldada después por todas las organizaciones bancarias.
El argumento que los empresarios panameños piden que las autoridades eleven a Colombia es que la modificación de la legislación fiscal para evitar la evasión de impuestos y el lavado de dinero en el centro bancario local son suficientes. “Si bien falta mucho camino por recorrer, el determinante crecimiento de nuestra economía (que en los últimos años ha crecido hasta en 11%) ha demostrado que avanzamos por el camino correcto”, sostiene el Conep.
Unas de cal y otras de arenaLas medidas de retorsión han abierto un nuevo punto de debate. No todos los círculos empresarios creen que lo propuesto hasta ahora es “recíproco”, y exigen al Gobierno una respuesta contundente y rápida. Hablan como si lo que se viniera fuera un tsunami.
Jaime Campuzano, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, asegura que la imposición de visas a los colombianos pondría en jaque la industria turística local, el principal punto de partida de viajeros hacia el país. “Sólo hay que ver las frecuencias aéreas que tienen las aerolíneas Copa, Air Panamá y Viva Colombia entre los dos países para darse cuenta del impacto que la solicitud de visa tendría para el turismo, por lo que esto sería un grave error”, advirtió a la agencia ANP.
Los gremios esperaban ayer que el Consejo del Gabinete decidiera qué medidas ejecutaría, aunque los voceros del Gobierno no se atrevieron a confirmar que el tema sería tratado. Sin embargo, insisten, todavía hay dos meses y medio para negociar, antes de que la decisión de Santos quede en firme y Panamá sea el paraíso que nunca quiso ser.
La vía diplomáticaLos presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Panamá, Juan Carlos Varela, sostuvieron una conversación telefónica para intentar superar el diferendo provocado tras la inclusión de Panamá, por parte de Colombia, en la lista de paraísos fiscales, el cual amenaza con golpear las relaciones políticas y económicas entre los países. La canciller panameña, Isabel de Saint Malo, explicó que este tema fue discutido en una reunión de gabinete el martes y que pronto se tomará una decisión. “El Gobierno ha optado primero por la vía diplomática, pero si ésta fracasa, Panamá va a ser muy firme en sus decisiones”, dijo la canciller.