Persisten vulneraciones a colombianos deportados de Venezuela

En el caso de Venezuela, el acercamiento fue clave para el inicio del proceso de paz con las Farc. Aunque la relación bilateral hoy es más estable que en los tiempos de Chávez vs. Uribe, siguen existiendo problemas importantes, como los hechos de violencia registrados en la frontera colombo-venezolana. El miércoles pasado, la muerte de un comerciante informal, presuntamente por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), provocó enfrentamientos y el cierre temporal del Puente Internacional Simón Bolívar. Además, el Plan de Choque contra el contrabando resulta insuficiente en una frontera de 2.200 kilómetros donde hay zonas con poca o nula presencia estatal, y más bien presencia de actores no estatales que controlan pasos ilegales.

El trato degradante que sufrieron muchos colombianos deportados desde el país vecino en los últimos meses preocupó a la canciller, quien personalmente solicitó a las autoridades venezolanas respetar los derechos de los connacionales deportados. En la actualidad, el ingreso de población al país no es de forma masiva como en meses anteriores, sino que es individual o familiar. Según testimonios recogidos por organizaciones civiles y compartidos con este diario, la modalidad del proceso de deportación ha variado: a los colombianos no sólo los sacan de sus casas o los detienen cuando hacen las filas para comprar artículos de la canasta familiar, sino que a muchos que están en proceso de renovación de la cédula venezolana otorgada durante el Gobierno Chávez, es decir, que han cancelado el pin y la entidad pública de Venezuela les ha otorgado la cita para la atención, no los están dejando llegar a las oficinas, en tanto las fuerzas militares los están deteniendo y automáticamente deportando, sin permitirles quedarse con la documentación que tenían, pues la destruyen sin importar qué clase de documento de identidad sea, cédula, visa o certificados de trabajo o permanencia.

Además de que la población sea deportada sin mínimas garantías, los niños, niñas y jóvenes colombianos o venezolanos de padres colombianos, tienen dificultades para ingresar o permanecer en una institución educativa y culminar sus estudios en el país vecino, pues no cuentan con los certificados académicos expedidos por el colegio o escuela de Venezuela, y en caso que los tengan, no están debidamente legalizados, es decir que no se encuentran apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, para que puedan ser validados en Colombia y con ello no solo autorizar el ingreso del estudiante sino garantizar su permanencia y otorgarle la aprobación y certificación del año cursado.

Otros retos en la relación con Venezuela consisten en solucionar el aislamiento económico de los colombianos que viven allá y no pueden enviar ni recibir remesas y que también tienen dificultades para comprar productos básicos. También el diseño de una estrategia de negociación de la delimitación marítima en el Golfo de Coquivacoa. La expedición del decreto 1787 el pasado 27 de mayo por parte de la Presidencia de Venezuela, con el cual se crearon zonas de defensa en áreas reclamadas por Colombia en el Golfo, generó una nota de protesta de Colombia y, en consecuencia, el gobierno venezolano expidió un nuevo decreto con las correcciones exigidas. Está pendiente el anuncio de una fecha para retomar las negociaciones sobre este largo diferendo.

El trato a los deportados no fue el tema en la rendición de cuentas de Cancillería en Cúcuta. Entre algunos logros que fueron resaltados, está la diversificación de las relaciones económicas con otras naciones de América, Europa y Asia, que después de un gobierno de Uribe que era política y económicamente funcional a EE.UU. ha abierto nuevas perspectivas. Además de los TLC o acercamientos comerciales con Canadá, Corea del Sur, Panamá, Costa Rica, Japón y la Unión Europea, entre otros, es de particular importancia la inserción en la Alianza del Pacífico, uno de los proyectos de integración más ambiciosos de Latinoamérica. Ya entró en vigencia el Acuerdo Marco y Protocolo Comercial de este organismo.

Dichos acercamientos económicos han traído una mejora en las relaciones políticas. El ejemplo es el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), a partir del cual se aceleró el proceso de exención de visas Schengen para colombianos. Según anunció el presidente, a final de año serán en total 43 países que no exigirán visas, incluyendo los de la UE.

El proceso de paz en La Habana, donde la canciller hace parte del equipo negociador, ha sido una bandera de política exterior colombiana, que ha permitido buscar nuevos socios y aliados políticos. Además de lograr un apoyo mundial a este proceso, mostrar a Colombia como un país que sale del conflicto sirve para atraer socios e inversión extranjera. Como fue mencionado en la rendición de cuentas, la “mega-meta de nuestra política exterior será contribuir con la consolidación de la contrucción de paz a través de la gestión de cooperación internacional”. La Canciller se comprometió a lograr 170 convenios, proyectos e iniciativas con la comunidad internacional para brindar apoyo al posconflicto.

Uno de los grandes retos relacionados con el proceso de paz es ampliar la socialización de la ley de víctimas para los colombianos refugiados en otros países, que deberían tener garantizado su derecho al retorno. Según Cancillería, hay 2698 solicitudes de inscripción en el Registro único de Víctimas y con la Creación de la Comisión Intersectorial para el Retorno se han aprobado 2.210 solicitudes de retorno entre junio de 2013 y junio 2015. Pero las víctimas que están afuera del país son alrededor de medio millón, según Acnur. Si bien se han implementado iniciativas para socializar la Ley de Víctimas y ampliar los plazos de registro, sigue siendo un reto llegar a los colombianos que se hallan en áreas remotas y cuyo estatus de refugiados les prohíbe acercarse a instituciones del gobierno. El Estado tiene el desafío de dialogar con los países de acogida para que las víctimas puedan acceder a los beneficios que les otorga la ley.