Perú: política, narcotráfico y soberanía

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Perú —se elegirá presidente el domingo 5 de junio— y con un estrecho margen a favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre su contendor de Peruanos por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski, una reciente revelación de un funcionario de la DEA a Gerardo Reyes, periodista de Univisión, tocó la línea de flotación de la candidata y su partido —quienes intentan tomar distancia de la trayectoria del preso expresidente Alberto Fujimori—, aunque esto no parece poner en peligro su inminente triunfo.

Estamos, pues, advertidos del riesgo del posible retorno de un neofujimorismo con absoluto control del Congreso de la República y del Ejecutivo y el apoyo de oscuros poderes fácticos que pudieran estar vinculados a grandes emporios transnacionales ligados al narcotráfico, los denominados Papeles de Panamá y otro tipo de mecanismos de receptación y lavado de dinero.

Esta denuncia, conocida con el apelativo de “Operación The Untouchables” (Los Intocables), confirmó que el actual congresista Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, tiene una investigación por lavado de activos de carácter transnacional por sus vinculaciones con organizaciones de traficantes, empresas en el rubro del transporte aéreo entre América del Sur, Panamá y Florida.

Vale la pena aclarar que no es nada nuevo, pues desde octubre de 2015 el Ministerio Público peruano adelanta una investigación similar que ha sido suficientemente dilatada por el propio investigado, a quien se le pierden los documentos de sus empresas o se esconde en su inmunidad parlamentaria.

Aunque luego de publicada la denuncia de la DEA, funcionarios de mayor rango trataron de negarla para evitar un impacto diplomático entre Perú y Estados Unidos (relaciones que se encuentran suficientemente dañadas por el affaire de los Wikileaks, por la reciente aprobación de la ley de derribo aéreo que es rechazada por la administración de Barack Obama, por el incidente del derribo aéreo que hubo en el año 2001), sí ha servido para destapar los profundos nexos dudosos que existen entre la señora Keiko Fujimori, su partido Fuerza Popular y fuentes financieras de dudoso origen, entre ellos inversiones en compañías aéreas, así como universidades de dudosa reputación.

Estamos ante una posibilidad real de que Perú vuelva a convertirse en un “narcoestado”, como en los años 90, pero esta vez no sometido a la voluntad de un siniestro asesor, como fue Vladimiro Montesinos, sino a una estructura política absolutamente permeada por el narcotráfico internacional, especialmente en épocas de campaña electoral.

En 2015, una comisión del Congreso peruano que investigó la narcopolítica estableció la facilidad con la que los traficantes pueden permear los movimientos políticos nacionales a través de aportes para candidatos y grupos políticos.

Las señales equivocadas

De ganar Keiko Fujimori, la señal sería lamentable a nivel internacional. Las consecuencias que esto tendría serían muy adversas para la imagen del país, tanto en el plano político, como económico y diplomático.

Más aún, este escándalo político surge luego de que, recientemente, el presidente Obama firmara la Transnational Crime Act, que permitiría traer a la justicia de EE. UU. no solo a capos de la talla del Chapo Guzmán desde países como México o Colombia, sino que comprendería toda la cadena de producción de la hoja de coca, incluyendo cientos de campesinos cocaleros de regiones como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), del Catatumbo o del Chapare en Bolivia.

Esta ley doméstica que pretende tener alcance extraterritorial se constituye en una muestra más del unilateralismo y la arbitrariedad con la que Washington conduce sus relaciones internacionales, particularmente con los países de América Latina. Esperamos que los países andinos, los organismos regionales, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se manifiesten sobre esta decisión y planteen los daños que produce a principios fundamentales como la no injerencia, la corresponsabilidad y la de igualdad de los estados en la conducción de las relaciones internacionales.

* Investigador del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) en Perú.