‘Podría perderse la segunda demanda’

Para tales fines, el agente de Colombia ante las nuevas pretensiones nicaragüenses, Carlos Gustavo Arrieta, anunció la contratación de un nuevo equipo de ocho expertos, entre los que está, Rodman Bundy, abogado estadounidense especialista en Derecho Internacional Público, litigios y arbitraje internacional. En entrevista con este diario, el abogado y exasesor del Gobierno, Juan Daniel Jaramillo, asegura que Bundy, también asesor de Colombia en la primera demanda que interpuso Nicaragua, prometió un resultado favorable en la demanda de 2012 y, a pesar del fallo adverso, vuelve a asesorar al país.

El Gobierno anunció el nombramiento de un nuevo equipo para el manejo de las nuevas demandas nicaragüenses. El agente de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta, dice que es un grupo sin igual. ¿Cómo ve estos nuevos asesores?

Con el ánimo absolutamente desprevenido de colombiano patriota y amante de su país, me permito hacerle a la señora canciller una pregunta: ¿Por qué razones se encuentra en tal lista el nombre del señor Rodman Bundy? Para quienes no saben, este abogado fue parte y lideró el último equipo de abogados que le dijo al gobierno del presidente Uribe que su trabajo denodado resultaría en una sentencia favorable al país. La misma sentencia que le prometieron al presidente Santos desde la Cancillería los abogados contratados hasta ese momento. Allí estaba el señor Bundy.

¿Bundy asesoró al país antes de la sentencia de 2012 y está otra vez en el equipo?

Si es el practicante Rodman Bundy asociado con Eversheds, multinacional de abogados, es el mismo. Cuando la canciller me invitó a un almuerzo privado en la Cancillería en 2012, me lo presentó como el artífice, junto con el profesor Crawford, de la estrategia legal colombiana.

Usted siempre fue muy crítico con la labor de los excancilleres Guillermo Fernández de Soto y Julio Londoño Paredes, ¿qué podían hacer ellos con un equipo legal que les auguraba éxito en la sentencia?

A los presidentes y a los cancilleres no se les puede mostrar terreno fácil y eso es lo que se venía haciendo. Lo que se debía hacer era mirar riesgos y peligros y actuar anticipadamente. Era necesario prever todos los escenarios posibles, incluidos los más desfavorables, y estar listos para responderlos proactivamente. Alfonso López Michelsen, Germán Cavelier, Alberto Lozano Simonelli, Jaime Pinzón López y Rafael Nieto Navia, quienes por comunes o distintos puntos del problema avizoramos una sentencia desfavorable, fuimos tildados de antipatriotas. Ni Bundy ni Crawford fueron directos.

¿Podría perderse la segunda demanda y que Nicaragua llegue, como se dice, hasta las costas de Cartagena?

Claro que puede perderse. Se trata de una demanda ilegal, impulsada por un país que se convirtió en litigante cotidiano de tribunales internacionales. Es la propia familia del presidente Ortega la que gestiona estos negocios billonarios con la estructura legal que se tramita en el Congreso nicaragüense. Porque el canal no es un cuento chino. Son gigantescas zonas francas, la rehechura del país ya repensado como polo de poder regional. De eso han hecho ya estudios los nicaragüenses. Y en Colombia no queremos darnos cuenta de que se trata de una estrategia de Nación, que incluye la expansión territorial. En Colombia algunos se tapan ojos y oídos para no entender y seguir pensando con el deseo. Como queremos ganar, vamos a ganar. Esto no es sano, así no se manejan los intereses del país.

Noemí Sanín y Miguel Ceballos han dicho que Nicaragua se apropió legalmente mediante un decreto de agosto pasado de aguas territoriales que pertenecen a Colombia. ¿Es así?

El gobierno de Nicaragua expidió un decreto donde se toman como propias áreas marinas y submarinas de las cuales Colombia es titular. Es que las necesitan para el fondeo de buques en el futuro canal. Estas rutas de ingreso de tráfico naval serán ambientalmente devastadoras para nuestro archipiélago, pues colándose por mar nuestro los megabarcos —muchos llegan a las 400 mil toneladas—, en su larga desaceleración, tras el apague de motores, dejarán desechos tóxicos como el sulfuro, que mata la vida en el mar. Yo he hecho mis propios cálculos y es claro para mí que ese decreto nicaragüense nos quita mar. Sanín y Ceballos se tomaron el trabajo de hacer sus estudios con ayuda de expertos extranjeros y encontraron que Nicaragua ha querido dar otro mordisco sin que nos demos cuenta.

¿Hay alguna forma de evitarlo?

Colombia tiene todavía un margen de maniobra, que se ha venido limitando. Con procesos tan complejos como los que ha iniciado Nicaragua, es el presidente Santos quien debe tomar todas las decisiones y no caer en la desesperación ante opciones limitadas y falsamente optimistas de abogados. La sentencia no modifica ninguna situación de límites territoriales como venía siendo entendida. Ello es, meridiano 82 como límite y frontera que debe ser patrullada en forma pacífica pero constante. Si ello implica un patrullaje técnico que haga del meridiano una frontera efectiva en todo momento y hacia el futuro, pues tiene que hacerse. Hay consideraciones tanto de relaciones internacionales como de aplicación injusta del derecho internacional que impiden aplicar la sentencia de manera permanente. El país debe actuar con responsabilidad para decidir ya si vamos con el segundo proceso o no. La promesa de abogados que aseguran que será favorable no es suficiente. El país tiene que afrontar ya y decidir, no procrastinar.

¿Cómo poner de acuerdo a expresidentes y excancilleres sobre este tema?

No sé si exista la posibilidad. Pero la necesidad es toda. Colombia se unió en tiempos del conflicto con Perú hace 90 años y de eso nos quedó una lección. Todo el país se unió para afrontar la agresión de Perú. Y en otras épocas también ha ocurrido.

¿Qué caminos o alternativas habría para lograr un acercamiento?

Empezar por dejar de llamar espectacular, como lo hizo Carlos Gustavo Arrieta, a un grupo de abogados donde aparece uno de los diseñadores de una estrategia fracasada. Lo primero es aclarar la situación con el señor Bundy.

alagos@elespectador.com