¿Qué cosecha un estado que siembra cuerpos?

Acaba de pasar otro fin de semana cargado de dolor e indignación en México. La tarde del viernes, el procurador general de la República anunció que el destino más probable de los 43 normalistas desaparecidos es que habían muerto a manos de miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos y de elementos de la policía municipal de Iguala. Mostró en una conferencia de prensa los testimonios de quienes participaron en los asesinatos. Con una frialdad que eriza la piel, un presunto asesino, ahora bajo custodia del Estado mexicano, describió cómo fue que privó de la vida a un grupo de jóvenes que le fueron entregados.

La cámara se enfoca en una bolsa de plástico negro, dentro de la cual se puede ver una masa de cenizas. La voz de Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, anuncia que es lo que quedó de “43 o 44” personas que, de acuerdo con tres testigos, presuntos miembros de Guerreros Unidos, habían sido asesinados e incinerados en un basurero. El peor de los infiernos, la más cruda maldad es relatada en un mensaje televisivo que si bien sabíamos que podía pasar, dolió más de lo que imaginábamos. El procurador dice que no hay pruebas de que los restos sean de los 43 normalistas desaparecidos hace poco más de 43 días. Sin embargo, todo parece apuntar a que ese 26 de septiembre la vida de los futuros maestros rurales terminó de la manera más cruel.

La rabia y la exigencia de justicia que habían llevado a cientos de miles de mexicanos a tomar las calles y protestar se transformó además en luto cuando en la noche del viernes cientos de personas salieron con veladoras al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. El procurador, con semblante cansado, terminó la conferencia de prensa diciendo “Ya me cansé” y se retiró. Las redes sociales hacen un hashtag de esto y las frustraciones se hacen presentes precedidas de un #YaMeCansé. Los familiares de los normalistas declaran que no aceptan lo dicho por el Gobierno y que sus hijos están vivos. Mientras tanto el presidente, sin dar más que un mensaje corto en un evento de empresarios, salió del país en una gira a China.

Aún es muy pronto para comenzar a hacer sentido de los acontecimientos de las últimas semanas. Por una parte, ha sido impresionante la reacción de la sociedad civil. Durante las audiencias de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., un grupo de personas se manifestó fuera del edificio. Contingentes de universidades públicas y privadas marcharon por las calles para exigir justicia. Protestas en embajadas mexicanas alrededor del mundo marcaron la tragedia de una enorme solidaridad.

Por otra parte, las viejas prácticas en la impartición de justicia prevalecieron. La detención del exalcalde de Iguala y su esposa ha sido cuestionada por los medios de comunicación por no haber claridad en la manera en la que sucedió. La difusión de un video del momento en que fueron aprehendidos recuerda al caso de Florence Cassez, en el cual una francesa que estaba sentenciada por secuestro fue liberada por fallas en el debido proceso, en las que se incluía la difusión del video de su detención, el cual se probó que había sido un montaje.

Igualmente, la cobertura de algunos medios ha buscado ligar al Partido de la Revolución Democrática que actualmente es oposición con el exalcalde. Si bien él fue propuesto por ese partido, el Partido Revolucionario Institucional, que está en el poder, también buscaba proponerlo como candidato. El día de su detención, los titulares de varios periódicos hacían referencia a que el exalcalde había sido encontrado en una parte de la Ciudad de México que tradicionalmente es un bastión del PRD. Sin embargo, todo apunta a que la razón por la que estaba ahí era por una relación de amistad entre la hija del exalcalde y una chica que vivía en esa zona, y no por cuestiones políticas.

El problema está en que se ha querido desligar lo sucedido en Iguala de la situación general del país. La teoría de que un alcalde enfermo de poder ordenó a sus policías sicarios atacar a un grupo de manifestantes, dispararles y desaparecer a 43, parece ser lo más probable. Sin embargo, no es sólo eso: Ayotzinapa no es un hecho aislado, es un síntoma de un Estado en el que el narcotráfico y quienes tienen la responsabilidad y obligación de gobernar y cuidar a los ciudadanos son muchas veces los mismos. El descubrimiento de decenas de fosas clandestinas en la zona de Iguala apunta a un escenario más complejo. Negar la participación del Estado como ha querido hacer el procurador es dejar de lado casos como el de Michoacán, donde el mismo secretario de gobierno del estado tenía nexos con la delincuencia organizada.

Concluir que fueron Guerreros Unidos quienes privaron de la vida a estos jóvenes es olvidar que quienes los llevaron en camionetas hasta donde fueron ejecutados e incinerados portaban uniformes de policías.

El sábado, miles de personas volvieron a salir a las calles, exigiendo justicia para los jóvenes normalistas, pero también la renuncia del presidente, del procurador, del secretario de gobernación. La desconfianza de los manifestantes hacia el Estado mexicano, hacia sus gobernantes e instituciones, ha sido el elemento en común en estas semanas de protesta. La frase “Fue el Estado” ha aglomerado las exigencias de un pueblo que no está dispuesto a creer la versión del hecho aislado.

El infierno que fue descrito el viernes es muestra de la descomposición que existe en México. Sicarios que matan e incineran personas sin siquiera cuestionarse de quiénes se trata, que borran toda prueba de su existencia y reducen a 43 individuos a tres bolsas de cenizas; un Estado que reduce culpas a límites geográficos y a partidos políticos, un presidente que se solidariza mas no se responsabiliza. Queda preguntarse, como muchos han hecho durante las protestas; ¿Qué cosecha un Estado que siembra cuerpos?

* alcantaraguerra2012@gmail.com / @marcealguerra