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Sonó un fuerte estruendo casi ensordecedor. Cuando un objeto que caía desde el cielo impactó en el suelo arenoso de Sagaing, las 150 personas que se encontraban allí entendieron lo que sucedía: el Ejército los estaba bombardeando. Pasaron 10 minutos, quizás 15. Un nuevo eco volvió a extenderse en el aire. Otro proyectil explosivo acababa de aterrizar en la superficie donde los seguidores del Gobierno de Unidad Nacional (NUG) se encontraban. Murieron al menos 50 personas, aunque la cifra podría alcanzar las 100 víctimas mortales, según informó la BBC.
¿Por qué el Ejército ha desenfundado sus armas contra el pueblo? El más reciente ataque de la junta militar, que gobierna Birmania desde 2021, contra la población civil, es solo un eslabón más de la larga cadena de hechos que han generado que el país se haya convertido en un régimen castrense no solo responsable de haber depuesto el Gobierno anterior, sino partícipe de “detenciones arbitrarias, tortura y asesinatos”, tal como asegura Amnistía Internacional.
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Hace tan solo siete años, el sistema de Gobierno de Birmania era democrático. Aunque débil, según asegura el New York Times, las instituciones en ese país asiático funcionaban bajo el imperio de la democracia y el estado de derecho. Hoy día, ese pequeño país que colinda con India, China y Tailandia se ha convertido en un teatro en donde las actuaciones de la Junta Militar han causado más de 3.000 civiles muertos y por lo menos 16.000 presos políticos.
Birmania en su laberinto
Muchas cosas cambiaron desde el 1.° de febrero de 2021 en Birmania. Los tanques se movilizaron y los soldados apuntaron sus fusiles contra todo aquel que se interpusiera en toma del poder de parte de la Junta Militar, ya fueran periodistas, críticos, escritores o políticos. En aquel entonces, el país era gobernado por Aung Suu Kyi, una líder política que prometía dejar atrás más de 50 años de gobiernos militares opresivos.
Suu Kyi había ganado las elecciones con más del 80 % de los votos. Sin embargo, desde la oposición se inició una campaña de desprestigio ante los resultados electorales. Estos señalamientos, que también eran respaldados por la cúpula militar, generaron que horas antes de que el Parlamento ratificara la victoria de Suu Kyi en los comicios, se diera un golpe de estado organizado por los miembros del Ejército.
En principio parecía que la Junta Militar que recién se había instalado en el poder no tendría muchas complicaciones a la hora de gobernar y ocupar el Gobierno. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Varios grupos que se oponen al mandato castrense han liderado desde aquel entonces actos que, según los militares, pondrían en riesgo su mandato en las máximas instituciones de Birmania.
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Semanas después del golpe militar, varios políticos y seguidores del gobierno derrocado se juntaron y crearon el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que es el equivalente a un Gobierno paralelo que pide ser reconocido a nivel internacional como el “verdadero representante de los ciudadanos birmanos”. Así pues, el NUG obtuvo bastante reconocimiento en varias zonas de Birmania. Hasta el punto de conformar un brazo armado que se bautiza como las Defensas del Pueblo (PDF).
La existencia de una Junta Militar y de un Gobierno que se considera paralelo y “verdaderamente legítimo” ha sumido a Birmania en un laberinto en el que no se encuentra una salida aparente más allá de la lucha armada. Una demostración de esto son las declaraciones que uno de los generales del régimen militar dio en marzo de este año. Según este miembro del Ejército, sus esfuerzos se centrarán en “aplacar con firmeza” cualquier intento de subversión o resistencia proveniente del NUG o el PDF.
Por ejemplo, aunque la Junta Militar demostró su superioridad en términos armamentísticos cuando retomó el poder, en febrero de este año reconocieron que al menos un tercio del territorio de Birmania está fuera de su control. Sagaing, la región que el Ejército bombardeó este martes, es considerada como uno de los bastiones de la oposición.
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Ni la mediación de la comunidad internacional ha podido resolver esta encrucijada de violencia que, conforme pasan los meses, se recrudece, según detallan ONG de derechos humanos de Birmania.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “condenó firmemente el ataque” y “reiteró su llamado al ejército a acabar con la campaña de violencia contra la población”, según un comunicado de su portavoz Stephane Dujarric.
Estados Unidos también se declaró “profundamente preocupado” por el ataque que “subraya todavía más el desprecio del régimen por la vida humana”, dijo el portavoz de su diplomacia, Vedant Patel.
Tanto EE. UU. como la Unión Europea han emitido varios paquetes de sanciones contra el régimen militar que gobierna Birmania. No obstante, China y Rusia son también protagonistas en esta historia, dado que son los mayores vendedores de armamento y equipo militar a la Junta.
Aunque el bombardeo reciente sea solo una muestra más del conflicto que se viene acentuando desde 2021, hay opiniones que concuerdan en que lo más importante es preservar la vida de la población civil. Thomas Andrews, relator de la ONU para Birmania, se pregunta: “¿Cuántos niños de Birmania deben morir antes de que los líderes mundiales tomen medidas fuertes y coordinadas para detener esta carnicería?”.
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