
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Estaban condenados a condenarme”, dijo Luiz Inácio Lula da Silva tras conocerse que el juez Sergio Moro lo sentenció en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión. Eso no es todo: Lula, el hombre que alguna vez fue el presidente más popular de la historia de América Latina, el hombre que a sus 71 años tenía todo el chance de llegar de nuevo a la Presidencia, podría quedar inhabilitado, más o menos para siempre, del panorama político brasileño.
Aún falta la segunda instancia para que esta condena cobre validez, pero, de por sí, la decisión de Moro ya convierte a Lula en el primer expresidente condenado por delitos comunes. Le ganó a Michel Temer, actual mandatario, que podría correr la misma suerte.
De hecho, a Temer no debe caerle nada mal esta sentencia. La prensa estaba muy pendiente de que el Congreso tomara la decisión de apartarlo del cargo, mientras se le juzga también por corrupción. Ahora, el centro de atención es Lula.
(Lea también: Nueve años y seis meses de cárcel para Lula)
La orden del tribunal asegura que el exmandatario fue hallado culpable de corrupción y lavado de activos. Y además, sería inhabilitado durante 19 años para ejercer cualquier cargo público.
La investigación empezó hace tres años, hace tres años se hizo pública, y ni siquiera eso había podido amenazar su nuevo ascenso hacia la silla presidencial, en las elecciones de 2018.
Y no era cualquier denuncia la que estaba en su contra: a Lula se le acusa de haber sido la cabeza de la red de sobornos que estaba acabando con Petrobras. Un apartamento lujoso del que él y su esposa eran dueños, así como altas sumas de dinero consignadas a nombre del Instituto Lula prendieron las alarmas de las autoridades. Lula habría favorecido a la empresa OAS para que recibiera contrataciones por parte de Petrobras a cambio de estos beneficios.
No era cualquier denuncia, pero, aun así, su alta popularidad, que obedecía al buen estado de la economía en el que dejó a su país al salir del Gobierno, lo tenía como el candidato más opcionado para ganar en el 2018.
Una encuesta efectuada por el Portal 360 en mayo, reveló que Lula tenía el 27 % del respaldo. Muy por debajo se encontraba el segundo opcionado, Jair Bolsonaro, del Partido Social Cristiano, con el 14 % de la intención de voto.
Según Lula, la decisión de Moro hace parte de un plan de “golpe” de Estado que arrancó cuando destituyeron a su heredera política.
En efecto, Dilma Rousseff llegó a ser presidenta gracias a los votos de Lula, pero no pudo terminar su mandato porque en agosto de 2016 un impeachment efectuado por el Congreso la destituyó. Aunque nunca se comprobó que Rousseff hubiera participado en la red de sobornos, se confirmó que maquillaba algunas cifras, práctica ilegal bastante común entre los jefes de Estado brasileños. Además, los sobornos que involucraban congresistas y altas figuras del Gobierno sucedieron durante su mandato.
“Este proceso prueba mi inocencia”, afirmó Lula en una conferencia de prensa. También dijo que Moro lo había condenado sin pruebas y que esta una “cacería” que afecta la democracia. “Están destruyendo la democracia en nuestro país”, agregó con el estilo claro y directo que lo ha caracterizado y con el que no sólo conquistó a su gente sino a homólogos y periodistas en distintos lugares del mundo, para quienes Lula era el hombre del momento.
Por eso, ante su encanto arrollador y dadas las cifras de las encuestas, sólo una destitución y la cárcel podían acabar con su opción política. Él mismo dijo que ningún candidato del Partido Trabajador (PT) tendría la fuerza para reemplazarlo y salir favorecido en las elecciones. La cúpula del PT lo respaldó.
(Le puede interesar: Expresidente de Odebrecht involucra a Lula en escándalo de corrupción)
Moro dice que la sentencia obedece, simplemente, al resultado de la investigación. Lula sigue denunciando un complot. Rousseff también. De hecho, quedó claro que Temer le hizo el cajón cuando salió a la luz la grabación en la que se lo veía ensayando su discurso de posesión mucho antes de que Rousseff fuera destituida.
Pero en este estado de las cosas, con un 61 % del actual Congreso de Temer salpicado, con el mismo Temer a punto de ser destituido y 11 ministros investigados provenientes de distintos sectores políticos, parece que nadie se salva del complot ni de la corrupción.