Recuerdos de dolor

Apenas días han transcurrido desde que la Corte Suprema de Justicia reconoció su negligencia durante los años de dictadura. El presidente del tribunal, Rubén Ballesteros, sentenció: “Hemos llegado a la convicción de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió”. Este resulta un avance más que ha llegado con estos días de aniversario.

No obstante, las preguntas que quedan sin responder siguen siendo numerosas. El Espectador reunió las versiones de un diputado socialista, de una estudiante y de una representante de las víctimas para traer a la actualidad los recuerdos y las consecuencias de este período oscuro de la política chilena.

Carlos Montes – Economía, diputado socialista

El golpe militar de 1973 dejó una profunda herida en la sociedad chilena. Se suspendió por 17 años el régimen democrático; se instauró un modelo económico neoliberal que atomizó el Estado, se destruyó el tejido social y las organizaciones comunitarias y, lo más doloroso, se asesinó, encarceló, torturó, exilió y exoneró de sus empleos a miles de compatriotas y se afectó en sus derechos y libertades más básicas a toda la nación.

Cuarenta años después esas cicatrices aún no sanan por completo. Cientos de familias siguen sin conocer el destino de sus familiares desaparecidos. Se sigue exigiendo verdad, justicia y reparación para las violaciones a los derechos humanos. Se extraña, asimismo, un acto de arrepentimiento de muchos civiles que participaron en la dictadura y que hasta ahora no admiten como un grave error su colaboración con el régimen de facto. En ese sentido, la izquierda realizó un proceso más autocrítico y, en general, existe conciencia de los errores cometidos en la etapa previa al alzamiento, caracterizada por una subvaloración de la democracia y un excesivo voluntarismo que llevó a impulsar un proyecto político que no contaba con las mayorías necesarias para sostenerlo. Lo anterior, en todo caso, no justifica en modo alguno los atropellos y violaciones a los derechos humanos que vinieron después. En lo político y social, el país advierte hoy con mayor claridad las falencias de su institucionalidad para ajustarse a los cánones de una democracia plena. Permanecen resabios autoritarios como un sistema electoral binominal que favorece a los otrora partidarios del régimen militar y no permite la expresión cabal de la soberanía popular. Del mismo modo, la ciudadanía ha tomado mayor conciencia de que el modelo de extremo mercado impuesto en esos años si bien ha permitido el acceso a bienes y servicios, genera una enorme desigualdad y segregación en garantías fundamentales como la educación o la salud. Han sido largos cuarenta años que siguen dividiendo a la sociedad chilena, que aún tiene muchas tareas pendientes y obstáculos para cerrar esta etapa, como la incapacidad de algunos de asumir que estos horrores pudieron evitarse. Debemos aprender del ayer y ser capaces de resolver pacíficamente nuestras diferencias para que nuestros hijos y nietos no vuelvan a vivir un quiebre de este tipo. Nunca más.

Isabel Salgado Robles – Vocera de la Asociación de Estudiantes Secundarios

Este año se conmemoran 40 años del golpe de Estado ejercido por los militares en 1973, una dictadura que impulsó el neoliberalismo en Chile y la desintegración del tejido social organizado. En la dictadura ocurrieron diversos hechos, como por ejemplo la privatización de los derechos sociales básicos y de los recursos naturales. Para luego en “democracia” perfeccionar el mismo sistema. Ejemplo claro es el sistema binominal, el cual se encarga de asegurar el dominio de la Concertación o de la Alianza, que son precisamente los dos bloques que siguen respaldando el neoliberalismo. Lo cual deja en claro que esta vuelta a la democracia no es nada más que un nombre, ya que la Constitución chilena impide el avance en las mejoras para un Chile justo. Y han sido estos dos bloques (Concertación, ahora más el Partido Comunista y la Alianza) los que se han encargado de mantener el actual sistema. Para nosotros como estudiantes, esta es un problemática del día a día. Es por eso que levantamos nuestras banderas de lucha en contra del sistema imperante y además dejamos en claro que la institucionalidad y la política tradicional ya no sirven ni representan. No es casualidad que la dictadura se haya encargado de destruir la organización social, la política e implementar una Constitución que expropia todos los derechos básicos, que privatiza recursos naturales y agudiza la desigualdad. Sabemos que en Chile en la actualidad gobiernan los poderes económicos (gracias al modelo impuesto en dictadura), que no importa el gobierno que esté de turno, siempre se les dará en el gusto a empresarios, capitalistas, dueños de Chile. Es por eso que apostamos a la organización, al empoderamiento de las comunidades, a que seamos nosotros, el pueblo, el que comience un proceso donde se logre una fuerza social transformadora, capaz de realizar los cambios en la educación, la salud, el trabajo, y que éstas respondan a las necesidades y estén bajo el poder social. Los secundarios de la ACES somos conscientes y consecuentes con nuestra lucha, es por eso mismo que no respaldamos la institucionalidad, no creemos en la clase política actual y dejamos en claro que el movimiento estudiantil no será plataforma para ningún candidato.

Mireya García – Vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

Este 4 de septiembre se conmemoraron 43 años del día en que el presidente electo democráticamente asumiera el mando de la nación acompañado de un pueblo que por primera vez en su historia entraba al Palacio de La Moneda. Fueron mil días, tres años y millones de esperanzas cifradas en el gobierno popular. El proyecto popular tuvo su fin con un cruento golpe de Estado propiciado por la derecha chilena y Estados Unidos, que desde los primeros días de gobierno encabezado por Salvador Allende conspiró para hacerlo fracasar. El bombardeo a La Moneda marcó el inicio del quiebre institucional que aún hoy, a cuarenta años, como país no hemos logrado superar. Se cerró el Congreso, se proscribieron los partidos políticos, se intervinieron las universidades, los sindicatos fueron declarados ilegales y los militantes y simpatizantes de partidos de izquierda empezaron a ser buscados, detenidos, torturados, desaparecidos o ejecutados. En este contexto de desatado terror del Estado en contra de ciudadanos indefensos es que surgen las organizaciones de familiares que desde el primer día inician la búsqueda de sus familiares, se unen madres, esposas e hijas que también buscan y van conformando redes que luego darían lugar a agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y presos políticos. Chile fue transformado en su institucionalidad, economía, relaciones sociales y derechos. Fue convertido en el laboratorio del neoliberalismo en Latinoamérica. Para privatizar nuestras riquezas y servicios básicos e introducir sin restricciones el capital foráneo se necesitaba imponer un régimen dictatorial que reprimiera, impusiera el miedo y contara con toda la colaboración de los medios de comunicación, el poder judicial y las empresas, así como con el férreo control de la población civil, súbitamente convertida en enemiga de la patria. El proyecto dictatorial, apoyado inicialmente por el Partido Demócrata Cristiano, no contó con más oposición que la del pueblo inerme que con enorme vocación democrática levantó su voz con fuerza, valentía y convicción. La mayoría de nuestros detenidos desaparecidos se sumaron desde el primer momento a la lucha antidictatorial y por ello fueron detenidos, llevados a centros clandestinos de reclusión, torturados hasta la muerte y sus cuerpos enterrados en lugares donde nunca podremos encontrarlos. Ellos y ellas han sido la inspiración de vida para seguir exigiendo verdad, justicia y memoria, para seguir gritando con nuestras pancartas en alto que debemos asegurar el NUNCA MÁS, sancionando penalmente a los criminales. A cuarenta años del golpe sentimos frustración por no haber avanzado más en verdad y justicia. Sólo 62 militares están cumpliendo condenas por violaciones a los derechos humanos, las víctimas son casi cuatro mil, falta mucho para romper con la impunidad que aún ampara a civiles golpistas y a militares ejecutores de los crímenes contra la humanidad. La verdad nos hará más democráticos y más libres.

Los rastros de la era Pinochet

Al menos 50 mil estudiantes chilenos salieron esta semana a las calles de Santiago, la capital, para protestar en contra del modelo educativo del país, uno de los remanentes de la época de la dictadura del general Augusto Pinochet.

Los pedidos de los manifestantes, si bien se vienen escuchando desde 2011, año en el que arrancaron algunas de las protestas más grandes que ha vivido el país desde el regreso de la democracia (en 1990), cobraron importancia de nuevo, de cara a la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en contra de Salvador Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Uno de los mayores pedidos de los estudiantes es la gratuidad en la educación, tanto escolar como superior.

El pobre Augusto’

“¿Qué será del pobre Augusto?”, era una de las preocupaciones del presidente Salvador Allende cuando aún no se enteraba de que era ese mismo Augusto, comandante en jefe del Ejército, quien estaba a la cabeza del golpe de Estado, según relató Alberto Jerez, exsenador del partido Izquierda Cristiana. Sin embargo, mientras Allende se preocupaba por Pinochet, éste se comunicaba por radio con sus subordinados: Almirante Carvajal: —Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pinochet: —Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país; y el avión se cae, viejo, cuando vaya volando. La grabación de las comunicaciones militares del día del golpe fue hecha pública por la periodista Patricia Verdugo (1947-2008), Premio Nacional de Periodismo en 1996. La grabación corresponde al diálogo entre Pinochet y el almirante Patricio Carvajal, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 11 de setiembre de 1973, día del golpe de Estado. El general Augusto Pinochet había sido nombrado comandante en jefe del Ejército por Allende el día 23 de agosto de 1973, recomendado como leal por el general Carlos Prats, quien había renunciado para evitar que el Ejército se dividiera entre constitucionalistas y golpistas. Más tarde, una bomba en su carro acabó con la vida de Prats, que se había refugiado en Buenos Aires. Con el término de la dictadura el 11 de marzo de 1990, tras ser derrotado Pinochet en un plebiscito en octubre de 1988, no se puso término a la Constitución de 1980, la que con algunas reformas parciales, todavía está vigente. El propio dictador, al retirarse, había anunciado por cadena de radio y televisión que su legado era la Constitución y que al irse él sólo cambiaba el administrador.