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Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica. En total, 12 de los 32 países representados en Bogotá para discutir la situación en la Franja de Gaza firmaron la declaración final del Grupo de La Haya, con el objetivo de materializar acciones efectivas más allá de un mero discurso contra la ocupación israelí en la Franja de Gaza. Esta fue considerada ilegal, entre otras razones, según el consenso de todas las declaraciones públicas ofrecidas por la Cancillería esta semana.
En concreto, la declaración plantea bloquear el suministro de armas, combustible y equipo militar a Israel; revisar los contratos públicos para evitar cualquier apoyo a la ocupación, y garantizar justicia por las violaciones al Derecho Internacional en Gaza. Las medidas incluyen impedir el tránsito de buques con destino a Israel y reforzar la rendición de cuentas por crímenes graves.
Los países firmantes de la declaración —leída por el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir— se niegan a “permanecer como observadores pasivos ante la devastación en el territorio palestino ocupado y la negación del derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación”.
Sin embargo, cabe preguntarse cuántas herramientas reales poseen para ejercer un contrapeso efectivo contra el accionar de Israel, según lo planteado por la declaración. En especial, porque cuatro de los 12 países firmantes (Cuba, Nicaragua, Libia e Irak) tienen sanciones económicas en su contra impuestas por potencias como Estados Unidos y la Unión Europea.
Al respecto, Francesca Albanese, relatora especial para los territorios palestinos de las Naciones Unidas, sostiene que si estos países y, en concreto, el Grupo de La Haya no se comprometen a dar pasos concretos, “aumenta el riesgo de que el esfuerzo se diluya o se quede en nada, sobre todo ante la enorme presión e intimidación ejercida por Israel, Estados Unidos y otros actores claves”.
Según otras fuentes consultadas por El Espectador, la declaración firmada en el Palacio de San Carlos contrasta con la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, que el martes evaluaron la posibilidad de romper sus acuerdos con Israel en materia comercial y de investigación, pero no llegaron a ningún consenso. Según Amnistía Internacional, los ministros no apoyaron ninguna de las 10 propuestas presentadas: “El mensaje es muy importante, pero las medidas dependen de cada Estado, y hemos visto que priman otros intereses”, afirmaron las fuentes.
“Son Estados con pocas herramientas y un espacio de maniobra limitado para influir en Israel y sus principales aliados, sobre todo Estados Unidos. No obstante, ese no es el propósito de esta reunión ni de esta declaración. Los países firmantes son conscientes de los límites de su acción. Lo importante es que esta declaración se suma a otras surgidas en meses pasados y, de este modo, consolida la creciente postura de buena parte de la comunidad internacional de rechazo a lo que se ha hecho”, explica David Castrillón Kerrigan, analista y docente de la Universidad Externado de Colombia.
Con otras iniciativas se refiere a encuentros como el celebrado en mayo en Madrid, con participantes de Alemania, Francia, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Italia, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Catar, Jordania, Marruecos, Palestina y otros países de la Unión Europea.
Castrillón enfatiza también que esta tendencia será clave en espacios de alto nivel, como la Asamblea General de la ONU, que iniciará en septiembre próximo. Mientras tanto, estos 12 países deben activar mecanismos diplomáticos para que más de los 20 que no firmaron la declaración se sumen a las acciones propuestas antes del 20 de septiembre, fecha prevista para que comiencen a regir estas medidas.
“Dar visibilidad al genocidio es fundamental. El Grupo no pretendía nada más y, en ese sentido, es un paso valioso aun cuando no disponga de las herramientas para acciones inmediatas”, explica otra de las voces presentes durante la semana en las reuniones del Grupo y consultada para este artículo. En este punto hubo unanimidad: además del consenso sobre la “ilegalidad” de la ocupación israelí, todas las declaraciones fueron categóricas al calificar lo que ocurre en Gaza como un genocidio, tal como quedó consignado en el documento final.
“Impedir el suministro o la transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar relacionado y artículos de doble uso a Israel, según corresponda, para garantizar que nuestra industria no contribuya con las herramientas que permitan o faciliten el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional”, reza la primera de las acciones concretas anunciadas.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró a sus ministros de Defensa y de Exteriores en su alocución final que debe paralizarse cualquier acuerdo comercial con Israel. Al término del encuentro, el vicecanciller Jaramillo reveló que algunas exportaciones de carbón siguieron produciéndose bajo figuras legales que ya están siendo revisadas por el Gobierno Nacional.
Sin embargo, hasta ese momento existía la expectativa de que el presidente Petro anunciara medidas concretas para Colombia, como la revisión del Tratado de Libre Comercio con Israel —vigente desde 2020— o la entrada en vigor del requisito de visa para ciudadanos israelíes. Esto último figuraba en un borrador de decreto de la Cancillería, fechado en junio, que proponía eliminar a Israel de la lista de países exentos de visa.
Suspender el TLC fue, de hecho, una de las recomendaciones que la relatora Albanese hizo al presidente Petro durante el encuentro que ambos mantuvieron en Bogotá.
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Por Hugo Santiago Caro
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