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La versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, tiene la apariencia de una mera transferencia: en la noche del 26 de septiembre del año pasado, un grupo de policías los secuestró y los entregó a un cartel, que se encargó a su vez de asesinarlos y luego de incinerar los cuerpos. Los padres de los estudiantes, sin embargo, refutan esa versión, arguyen que aún están vivos y que si están muertos, es deber del Gobierno encontrar sus restos. Por eso, y porque están convencidos de que votar es un modo de aprobar el sistema de gobierno actual en México, padres y amigos de los desaparecidos boicotearon 14 puestos electorales en Tixtla (donde está la escuela), en el estado de Guerrero, el pasado domingo. Era día de elecciones de gobernadores y diputados y se elegían más de 2.000 cargos públicos. Destruyeron las papeletas, quemaron las cajas electorales y se enfrentaron, con piedras y palos y barras de hierro y madera chamiza, a otros ciudadanos que tenían la intención de votar.
“No vamos a permitir la farsa electoral”, decían mientras quemaban las cajas. “Mientras no nos entreguen a nuestros hijos, no habrá elecciones”, repetían al dar palazos o al momento de tomarse una estación de voto. Al final del día, habían destruido, quemado o vuelto trizas 14 de 54 mesas electorales, poco más del 20% necesario para que las elecciones en la zona fueran anuladas. A pesar de ello, el Instituto Electoral continuó con las votaciones y al cierre de esta edición aún no había determinado si los votos serían o no válidos en medio del clima de presión por parte de los padres, los estudiantes, los ciudadanos alterados y los grupos de narcotráfico que tienen territorio en Guerrero. A la salida del pueblo, la policía (que, de acuerdo con un reporte de la agencia EFE, desapareció del interior de Tixtla) revisaba los autos para que los disturbios no se trasladaran hacia otras zonas de Guerrero.
Tixtla se convirtió en un microcosmos del ambiente de polarización de México: unos y otros se acusaban de ser cuota de políticos del PRI (el partido con mayor participación en México) o de tener cercanía con los carteles de la zona que tienen influencia sobre algunos candidatos y quieren verlos ganar. La explosión del domingo en Tixtla es, también, la reacción final de numerosos elementos, y sobre todo, de la intromisión de los carteles en la vida social: la gente, allí y en el resto del estado, no puede hacer una vida normal. Guerrero, con Chilpacingo como capital, es uno de los estados que sirve como corredor para el tráfico de drogas hacia Michoacán y Jalisco (y de allí al Pacífico), los territorios del Cartel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios. También es la casa de los carteles de los Rojos y los Ardillos. De modo que en Tixtla resulta difícil saber de dónde viene el golpe: si de los partidos, o de los narcos, o de los ciudadanos inconformes.
Tixtla, es un pueblo de cerca de 10.000 habitantes donde, de acuerdo con la revista Proceso, los grupos de autodefensas (o policía comunitaria) acusan a las autoridades de servir como sicarios a los carteles y donde el hermano del alcalde saliente Gustavo Alcaraz Abarca, es acusado de tener relaciones con el narcotráfico y haber participado en secuestros y asesinatos.
En medio de esas sospechas, que empañan también las gobernaciones y alcaldías de otros muchos pueblos de México, los carteles cometieron en Guerrero sendos asesinatos en los últimos meses como modo de presionar a los votantes. El candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa (otra ciudad principal del estado), Ulises Fabián Quiroz, fue asesinado con un tiro de gracia y días después un grupo de 300 encapuchados se tomó la ciudad. En marzo fue asesinada Aidé Nava González, candidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo; su esposo ya había sido víctima de los narcos meses antes; su hijo desapareció. “Esto les va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear”, dijeron sus asesinos.
Los resultados de las votaciones
El PRI obtuvo entre el 29,87 y 30,85 % de los votos, seguido del conservador Partido Acción Nacional (PAN), con entre el 21,47 y 22,20 % de los votos, y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que alcanzó entre el 11,14 y 11,81 % de los sufragios. Una de las sorpresas fue la victoria de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, un exmiembro del PRI que ganó como candidato independiente la gobernación de Nuevo León, una señal del cansancio de los partidos tradicionales.