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Poco después de iniciar la audiencia con la que se busca revertir la decisión del Gobierno ecuatoriano de solicitar pasaporte a los migrantes venezolanos que pretenden ingresar al país, la jueza, Judith Naranjo, indicó que se sería suspendida y se reinstalaría el próximo viernes 24 de agosto a las 10.30 hora local para garantizar un tiempo suficiente para presentar los alegados.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió en Twitter que no se suspendiera la audiencia ni se aplazara al viernes al considerar que «se está vulnerando el derecho a la legítima defensa de personas venezolanas».
La suspensión ocurrió horas después de que el viceministro del Interior, Diego Tipán, (quien apoya la medida) presentara en la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia un escrito sobre el cambio de fecha para hoy de la audiencia, cuando inicialmente estaba prevista para el viernes venidero.
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«El cambio de fecha va contra de lo que dice la Constitución en artículo 76 (…), en el que se establece el derecho a la defensa; y para ejercer ese derecho debemos tener un tiempo prudente», indicó Tipán.
La exigencia ecuatoriana de pasaporte para los venezolanos anunciada por sorpresa el jueves, entró en vigor el sábado y pese a ello, varios venezolanos que ingresaron sin el documento iniciaron el domingo una caminata por carreteras ecuatorianas en su camino a Perú, según dijeron entonces.
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Para la Defensoría, la medida migratoria del Gobierno de Lenín Moreno atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.
Por el contrario, el ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, ha defendido la medida para «garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado» y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.
Sin embargo, la defensora del Pueblo Gina Benavides argumenta que está probado que cuando se ponen medidas de restricción se fomenta la migración irregular, por lo que teme que aumenten los delitos que se pretende evitar.
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